El PAE en 2024 es operado por “el menos peor” de los oferentes que se presentaron a la licitación

Según la información recopilada de notas de prensa, ninguno de los oferentes de la licitación para alimentar a los niños goza de la mejor reputación frente a la operación del servicio.

Durante el primer semestre de este año el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el cercado fuerte al final de la llanura será ejecutado por una Fundación que sólo ha ejecutado tres contratos de este tipo desde el inicio de sus actividades siendo el más reciente el que recibió por parte de la actual Administración de Facatativá mientras que, por su parte, las empresas que conformaban la Unión Temporal (UT) que perdió la licitación tienen amplia experiencia en la ejecución del PAE, pero así mismo un oscuro pasado con graves cuestionamientos.

BABACOP

Según se informa en un documento de Prezi disponible en la web, el Banco de Alimentos Paz con Propósito es una organización civil cristina a constituida como persona jurídica. “No es un programa donde se regalan mercados a la población más vulnerada de un sector, sino, es un proyecto estratégico de seguridad alimentaria, formación especializada y creación de proyectos productivos para lograr un desarrollo social integral”, señala la presentación.

Su objetivo general es “ser aliados estratégicos con las administraciones públicas para la formulación, planeación, implementación y operación de sus esquemas de seguridad y soberanía alimentaria, a través de los planes de desarrollo y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”.

Hasta 2017, la experiencia que se expone en el Prezi ha sido en Cundinamarca con Bancos de Alimentos articulados, regionales, nuevos y con intención, ejecutando el programa Centro Día para Adultos Mayores, rutas del corredor turístico de Tocaima, trabajando principalmente para la Gobernación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

En dicha presentación, publicada en 2017, señalaron que trabajan para adultos mayores de 55 años de la ruralidad -cuando sus condiciones de desgaste lo determinen-, familias de la Red Unidos, madres o padres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, puntajes Sisbén bajos y personas en situación de discapacidad y esta labor buscan hacerla con las Gobernaciones, Alcaldías, empresas y comerciantes, universidades, el Sena, profesionales comprometidos, voluntariado, organizaciones civiles y beneficiarios.

Los 50 contratos reportados por Babacop en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio se han ejecutado con un Hospital, dos fundaciones y entidades territoriales como Cajicá, Carmen de Carupa, Ubaté, Tibirita, Cota, La Calera, Chocontá, Guasca, Guatavita, Machetá y Tenjo, pero los contratos que presenta para acreditar la experiencia en la propuesta para el PAE de Facatativá son precisamente por los que fue cuestionada.

En lo reportado en el RUP, BABACOP ejecutó el PAE en el Municipio de Chía sólo 2021 y en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias sólo en 2022. En ambas entidades territoriales se hicieron cuestionamientos a la Fundación y a sus relaciones.

Experiencia con una pescadería

La periodista Alejandra Buitrago informó en abril 30 de 2021, a través del portal Ecos Políticos, los cuestionamientos de una Veeduría por la adjudicación del contrato a esta empresa por haber presentado, en ese momento, “como experiencia una certificación con una pescadería que no tiene ni patrimonio, ni objeto, ni capacidad alguna para hacer una labor que sólo contratan las entidades públicas.”

El reporte indica que la situación se puso en conocimiento de la Administración del entonces alcalde Luis Carlos Segura, lo cual no impidió la adjudicación, “a pesar que los datos financieros de la pescadería Gustapez SAS registrados en la Cámara de Comercio demuestran que su patrimonio no supera los 500 millones de pesos”, la cual no tenía en su objeto social “donar millonarias sumas de dinero para desarrollar programas del Estado con su propio peculio que, en todo caso, es irrisorio ante un programa de tal magnitud.”.

Arnulfo Molina Polo, veedor ciudadano, le dijo por entonces a Buitrago que “no podemos seguir permitiendo este tipo de irregularidades que lo único que logran es que los recursos de la población vulnerable se pierdan y que nuestros niños no puedan recibir sus alimentos dignamente en medio de esta pandemia. No hay derecho”.

Este hecho fue también recogido por la emisora Blu Radio, la cual en mayo 5 de 2021 publicó la nota citando a Adriana Ruiz Villamizar, directora de la Veeduría por una Carita Feliz, quien declaró que dichos procesos “sin requisitos legales perjudican a nuestros niños porque cada día se están quedando sin los huevos de su semana y hemos tenido que pedir mercados de caridad por la indolencia de la administración municipal”. Frente a esto la emisora no obtuvo respuesta de la Administración de Segura.

Relaciones con señalado paramilitar

En junio 15 de 2022, un año después de finalizar el contrato en Chía, se volvieron a tener noticias de BABACOP, pero esta vez en Cartagena, luego de una rueda de negocios en la que se ganaron el contrato para ejecutar el contrato en Cartagena. El Distrito adelantó este proceso bajo la misma que se usó en Facatativá con Emdesarrollo, pero a través de una entidad denominada Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), la cual delega en comisionistas la selección de la mejor oferta para la ejecución de un contrato.

Tanto la periodista Yessica Rivera Porras, a través del diario El Universal de Cartagena, como el portal La Contratopedia Caribe, fundado por la periodista Tatiana Cristina Velásquez Archbold, informaron en junio 15 de la adjudicación del contrato a BABACOP, tras una sesión del Concejo, en donde se dio a conocer el cuestionamiento realizado en el municipio cundinamarqués y de paso se cuestionó por otra razón al entonces nuevo operador en la ciudad amurallada.

Las reporteras ahondaron sobre una denuncia hecha por un concejal cartagenero que mostró un video en el que Noticias Uno reportaba sobre las denuncias contra el entonces socio de BABACOP. Se trata de Francisco Javier Sandoval Buitrago, señalado de haber sido un colaborador de los paramilitares en Tolima hace dos décadas, haber ordenado varios asesinatos en ese departamento y tener una fortuna de dudosa procedencia.

“En 2010, También ese año, el portal Cambio In, de Ibagué, informó que Sandoval compró la Alcaldía de Líbano (Tolima), por $800.000.000 a cambio de obtener la concesión del matadero de ese municipio por 20 años, la gerencia de la empresa pública municipal, el alumbrado público, la oficina de tránsito, el PAE y el transporte escolar”, relaciona el reporte de La Contratopedia Caribe, entre unos de los varios señalamientos que pesan sobre Sandoval, hechos incluso por la periodista colombo-española Salud Hernández-Mora.

Cuestionamientos en el PAE de Cartagena

Este fue el segundo y último contrato para la operación de este servicio que ganó BABACOP desde que se constituyó, el cual no solo fue objeto de cuestionamientos al momento de la adjudicación sino durante su ejecución.

En septiembre 16 de 2022, el portal Noticias 6:25 informó que la Procuraduría inició una investigación y requirió al entonces alcalde William Dau para que rindiera un informe sobre la intoxicación que se presentó en 122 estudiantes de la Institución Educativa 20 de Julio, quienes registraron ronchas y brotes en diferentes partes del cuerpo.

Casi dos meses después, el mismo portal dio a conocer un hecho que ya no solo afectó a los niños de manera directa con los alimentos entregados, sino de manera indirecta con el incumplimiento al capital humano operativo.

“En mensajes de audios del representante legal de la Unión Temporal Banco de Alimentos Paz con un Propósito (Bapacop Cartagena 2-2022), Freddy Barreto y de su esposa como representante legal suplente, buscan apagar los incendios de descontento, malestar e incluso amenazas de paros y protestas de los trabajadores, manifestándoles que apenas reciban plata, ellos pagan inmediatamente. Pero le hacen entregas de los volantes de pagos para que sepan cuanto van a ganar, como una mera información solamente.”, se lee en la publicación realizada en noviembre 11 de 2022.

UT SEDEALCO

Por su parte, esta sociedad suscrita para presentar oferta a la licitación del PAE en Facatativá, ha sido cuestionada por los manejos dados a los recursos asignados para prestar este servicio, lo que ha generado que los niños de Cundinamarca y otras partes del país no reciban el beneficio en las mejores condiciones.

El “rey” del PAE

El representante legal de la empresa que cuenta con la mayor participación en esta UT, es un ex congresista y ex diputado conservador del municipio de Fómeque, quien desde antes de que el PAE fuera prestado por las Entidades Territoriales Certificadas ya lo prestaba con el gobierno nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“En Cundinamarca existe un cartel de la contratación de alimentos que vincula a Miguel Ángel Villalobos, un empresario y exdiputado del departamento que se ha beneficiado con contratos por 155 mil millones de pesos en los últimos seis años” reportó el diario El Tiempo en mayo 22 de 2013, según la conclusión a la que llegó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República “tras determinar que dos fundaciones vinculadas a Villalobos han obtenido las licitaciones del Plan de Alimentación Escolar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).”.

Por su parte, en una columna publicada en junio 30 de 2018 en el diario El Espectador, el periodista Yohir Akerman contrarespondió a las declaraciones del entonces gobernador Jorge Emilio Rey Ángel ante una columna publicada previamente, en la que se evidenció una posible cercanía entre el mandatario y Villalobos Sabogal, así como la relación de éste con el anterior representante legal de la otra integrante de la UT que presentó oferta en Facatativá.

Fundación Vive Colombia

En los documentos presentados en la licitación, la representación legal de esta Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) se encuentra a nombre de Jeimy Alexandra Triana Rojas, quien en el pasado ha representado a otras fundaciones que han prestado el PAE en diferentes lugares del país.

Pero, en el pasado, esta Fundación era representada por Germán Almanza Hernández, mencionado en la columna de Akerman. “Como dije anteriormente, aunque en la actualidad no figura en los documentos de la entidad, el poder detrás de la Fundación Vive Colombia es un poderoso personaje llamado Miguel Ángel Villalobos Sabogal”, afirma el periodista de opinión.

“Adjudican PAE de Cundinamarca a fundación cuestionada por contratación” reportó Blu Radio en abril 12 de 2018. “Almanza Hernández fue mencionado por la Procuraduría General en 2017 en un análisis realizado por el Ministerio Público sobre concentración del PAE de parte de unas pocas empresas en varias regiones del país” señala el informe periodístico.

Posteriormente, en febrero 28 de 2019, la misma emisora informó nuevamente sobre los manejos de esta ESAL. “El 19 de junio pasado el Invima decomisó tres toneladas de carne no apta para el consumo humano que iban a ser distribuidas en los colegios del departamento. El dueño de la carne encontrada en unas bodegas en el municipio de Mosquera era la Fundación Vive Colombia”, se lee en el reporte que detalla las acciones administrativas que implicaron esa situación.

Pero, además, en ese informe se incluye otra situación: “El último incidente tiene que ver con una posible intoxicación de alrededor de 100 niños en el colegio público La Básica de Funza. Aunque aún hay mucha confusión sobre los hechos, las autoridades del colegio tuvieron que avisarles a algunos padres que sus hijos estaban siendo trasladados a un centro asistencial por posible intoxicación.”

En la primera parte de este informe se aborda sobre los contratos. Clik aquí para leerla.