Incrementos del predial de hasta un 5 mil por ciento por actualización catastral serán debatidos en la Asamblea

Ante los incrementos se han originado en el impuesto predial y que han sido calificados de exagerados, la Duma estudiará el resultado del proceso en 14 de los 75 municipios que hacen parte de la jurisdicción del departamento en el servicio catastral.

Los citados para la plenaria de hoy a las 4 de la tarde son la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC) y la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa (EIC) para evaluar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural de los municipios de Chaguaní, Nimaima, Quebradanegra, Nocaima, Sutatausa, Supatá Vergara, Tausa, Villeta, Guaduas, Ubaté y en la zona urbana de los municipios de Nemocón, Arbeláez y Fómeque. El debate se podrá seguir por las redes sociales de la Asamblea Departamental de Cundinamarca.

HISTORIAS DE UNA SORPRESA

Pobladores de Nemocón citaron el pasado febrero 27 a una fallida protesta que llegó a proyectarse como un paro cívico en contra de la Administración Municipal por, entre otros motivos, un aumento de impuestos que consideran desmesurado.

Una semana antes, el docente Carlos Sánchez de 60 años y quien lleva viviendo toda la vida en el municipio llegó a la Alcaldía como muchos de los habitantes de este municipio para reclamar el recibo del impuesto predial y, al ver el monto impreso en el papel, se llevó una sorpresa que lo indignó a pesar de ser uno de los que reclamaban el recibo por primera vez, pero también a algunos de sus familiares que desde hace años tienen a cargo la obligación tributaria.

Nelson Forero, un vendedor viajero de 44 años llegó a vivir hace 4 años al municipio lamento del guerrero desde Zipaquirá y, luego de residir durante un año en arriendo, decidió comprar un apartamento en un conjunto residencial que le entregaron hace tres años y así como a Carlos, hasta este año le tocó empezar a pagar a él el tributo, puesto que hace un año el proyecto todavía estaba en post venta y era la constructora la que estaba a cargo de la obligación la cual cumplía, pero no por unidad habitacional sino por el lote completo.

Es decir, durante 2022 la constructora habría registrado el régimen de propiedad horizontal, para realizar el desengloble del terreno e individualizar los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos, la cual notificó a la autoridad catastral y Alcaldía para que empezara a generar el cobro de los nuevos predios.

Forero señaló a El Observador Siglo XXI (EOSXXI) que “este año, están cobrando unos impuestos demasiadamente costosos para unos apartamentos de vivienda de interés prioritario, nos llegaron por 658 mil pesos” agregando que el aumento del impuesto afecta a otras personas en el municipio. “Una persona que estaba pagando, un ejemplo, un millón de pesos, le llegó por once millones de pesos”, señaló.

Ante esto, Sánchez indicó que las reclamaciones ya se han iniciado, pero quienes han obtenido respuesta han escuchado del alcalde municipal es que lo único que podría hacer es dar un mes más de plazo con el 15 por ciento de descuento. “El alcalde solamente se tiene que ‘no, como hace 17 años no se hacía’ entonces [no] lo hicieron y nos están cobrando lo de 17 años atrás” reveló el nemoconense a este medio periodístico.

LA RAÍZ DE ASUNTO

Hoy el Departamento Cundinamarca tiene la condición de autoridad catastral, después de un proceso iniciado en 2019 bajo el fundamento del primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc, el cual es la gestión de tierras y donde se establece el catastro multipropósito.

Un recuento normativo

La Actualización Catastral es un proceso que se inició en 1983 cuando se estableció en la Ley 14 que “las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles”, siendo designado únicamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para ejercer tal rol con dichas funciones.

Así las cosas, se han planteado diversas alternativas para mantener actualizada la información catastral del país. El IGAC prestó de manera exclusiva hasta 2019 servicios de formación catastral y la conservación dinámica -integral- permanente o la actualización de ese inventario de inmuebles en los municipios cada cinco años cosas que en muchos municipios del país no ha ocurrido.

Con el artículo 79 de Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’” establece que la gestión catastral es un servicio público cuyo objeto es la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito y establece que, además de Bogotá, los municipios y los departamentos pueden prestar ese servicio público.

Lo anterior se definió teniendo en cuenta las finalidades que se buscan a través del servicio público de gestión catastral dentro de las cuales está atender la necesidad que tiene el país de contar con una información catastral actualizada, que refleje la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles, de modo que se propenda por la participación ciudadana, el uso de las herramientas tecnológicas, la actuación coordinada de las entidades administrativas y la inclusión del enfoque multipropósito dentro del catastro, en el marco de la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

La aplicación departamental

Bajo ese contexto normativo, luego de un proceso iniciado en el último año del periodos constitucional del gobernador Rey, en 2020 se creó la ACC mediante ordenanza de la Duma Departamental y en diciembre de ese año el IGAC resolvió mediante acto administrativo entregarle la gestión catastral, que consiste en administrar la información geoespacial del territorio enmarcado en los 75 municipios de la Jurisdicción, pues municipios como Zipaquirá, Sesquilé, Fusagasugá y Soacha asumieron su propia gestión catastral, mientras que otros como Mosquera, Funza y La Vega, entre otros, continúan con el IGAC y no se unieron a la idea del Departamento.

Por su parte, la EIC hizo el proceso para adelantar la operación catastral, que consiste en hacer el trabajo directamente en el terreno para recolectar la información que administra el gestor catastral. En 2021 el entonces gerente de la ACC, Eduardo Contreras, informó a EOSXXI que la actualización catastral en los municipios de la jurisdicción se iba a realizar con varios operadores, resaltando a Catastro Bogotá

Con este operador, se ha reportado también inconformidades principalmente en Facatativá. En el cercado fuerte al final de la llanura, la Administración Municipal aplicó por decreto la tarifas para la actualización catastral en base a la información de 10 mil de los 30 mil predios del municipio que la ACC debía entregar en noviembre y cuya entrega solicitó prorrogar un mes más, pero el gobierno local al ser consciente del incremento tramitó un proyecto de acuerdo para generar alivio en el impacto y la polémica se dio por la incertidumbre del nuevo avalúo de los predios.

Sin embargo, las inconformidades de la operación y gestión catastral que serán estudiadas en la Asamblea corresponden a una de las entidades que con las que se adelanta la actualización catastral y sobre hechos sucedidos en la generación del recibo del predial, pues en Facatativá la ACC y el municipio acordaron tomaron la decisión de no cobrar la actualización catastral en el año 2023 estableciendo que todo se hará acorde a lo establecido en el decreto 2653 emitido por el Departamento Nacional de Planeación, el cual indica que el reajuste en el avalúo catastral para la vigencia 2023 será del 4.3 por ciento para lo urbano y el 3 por ciento para lo rural.

LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA

El debate se citó con fundamento en las proposiciones 06 del 2023 y 08 del 2023 presentadas por la diputada Constanza Ramos Campos y apoyada por la duma en pleno, en las que se cita al gerente de la ACC, Carlos Jaime Linares Ordóñez, y a la gerente de la EIC, Olga Lucia Acosta Cantor.

En la sesión se proyecta solicitar a la ACC revisar la resolución donde se establecieron las tarifas, mientras que a la EIC que evidencie la experiencia e idoneidad para realizar el proceso en los 14 municipios relacionados. De antemano la diputada adelantó que se solicitará la reversión de esas tarifas y si la respuesta no es satisfactoria para las comunidades se iniciará una demanda ante el tribunal administrativo de Cundinamarca.

En la sustentación para la aprobación de su proposición, la diputada argumentó quejas de habitantes de varios municipios por incremento en impuesto predial fruto de las actualizaciones que van desde el 700 al 5 mil por ciento, perjudicando así a las comunidades especialmente campesinas que no podrían pagar estos costosos prediales, lo que puede traer como consecuencia que tengan que entregarles sus predios a los municipios, lo cual impactaría además las finanzas municipales. 

A esta sustentación el diputado Hermes Villamil agregó que además no se hicieron las socializaciones que la ley ordena ya que los convenios se firmaron en los últimos días de diciembre.