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Atención del Ministerio Público y el gobierno a la situación que se presenta en San José del Guaviare

Integrantes del gabinete ministerial se han desplazado a la zona, mientras que funcionarios del Ministerio Público le hacen seguimiento a la situación haciendo presencia en el territorio e iniciando investigaciones.


Mientras que la Defensoría del Pueblo ofrece su capacidad de mediación para restablecer diálogo y frenar violencia en la inspección Los Pozos de San Vicente del Caguán el portavoz del Gobierno aseguró que no se puede estigmatizar el movimiento campesino y caerá toda la actuación de las Fuerzas Militares y del Estado contra los que pretenden utilizar la movilización social para intereses ilegales

UNA TENSA SITUACIÓN

Desde ayer jueves, marzo 2, un grupo de indígenas se tomaron las instalaciones de la petrolera Emerald Energy ubicadas en San Vicente del Caguán, Caquetá, señalando que lo hacían a modo de protesta.

79 policías y otros civiles han sido retenidos, según reportó el diario El Tiempo, el cual agregó que los manifestantes exigen desde hace varios meses la pavimentación de 40 kilómetros de la vía que une a San Vicente del Caguán con Las Delicias por lo cual incluso han realizado bloqueos en la vía para evitar el paso de camiones que transitan a diario por la zona.

Por su parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo que han hecho presencia en el lugar reportaron en la tarde de ayer en la madrugada se habrían lanzado bombas molotov y se quemaron las instalaciones de la empresa, lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares.

Como consecuencia de lo anterior, se reportó que un policía y un campesino han resultado muertos, varios policías se encuentran con restricción de la movilidad y se presentan varios heridos.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

Frente a esta perturbación del orden público, el gobierno nacional dio a conocer en las últimas horas que se desplazaron a la zona varios ministros, en la que desde ayer permanece un grupo de apoyo encargado de garantizar el respeto por los derechos humanos de los diferentes actores.

Acciones del ejecutivo

Los jefes de las carteras del Interior Alfonso Prada, del Transporte Guillermo Reyes y el Director Nacional de Invías Juan Alfonso Latorre se han desplazado hasta San Vicente del Caguán a fin de atender directa y personalmente la situación, mientras que por su parte el ministro de Defensa Iván Velásquez viajó a primera hora.

Ante la situación registrada por la retención de miembros de la Policía Nacional y civiles el ministro Prada, portavoz del gobierno, dijo que les plantearon a los líderes campesinos que “un requisito absolutamente insuperable para sentarnos a dialogar, con un gran desbordamiento del Gobierno Nacional en relación con los temas sociales de la comunidad, es naturalmente la liberación inmediata de nuestros miembros de la Policía Nacional y de 6 trabajadores que se encuentran también de la empresa Emerald (Energy) allí en retención por parte de estas organizaciones que están haciendo presencia en el territorio”.

El jefe de la cartera recordó que el Gobierno Nacional ha atendido esta situación desde el pasado febrero 11 y ha mediado en el diálogo entre la empresa, los trabajadores y la comunidad “fundamentalmente, sobre promesas o acuerdos que vienen históricamente trabajándose por los impactos ambientales y los impactos sociales en materia de infraestructura”.

Dijo, además, que “hace cerca de 48 horas hemos estado en contacto permanente con el alcalde, la Secretaría de Gobierno del departamento, con los delegados de la empresa y también tenemos en territorio a un grupo delegado de varios ministerios que están en este momento en terreno, precisamente en este momento dialogando y llevan allá ya dos días de contactos y de diálogo con los líderes de la marcha campesina que está alrededor, digamos de la inspección de Los Pozos”.

Por lo anterior, el portavoz recomendó prudencia al momento de opinar sobre la situación. “No estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino en Colombia, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no hay factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales, contra ellos va toda la actuación de las Fuerzas Militares y del Estado, contra los campesinos extendemos siempre la mano para el diálogo, los campesinos de toda Colombia merecen  ser respetados y tenidos en cuenta, no solo por el Gobierno Nacional, sino por la sociedad entera”, señaló Prada.

Así mismo, confirmó que desde ayer se adelantó un Puesto de Mando Unificado (PMU) que lideró el presidente Gustavo Petro, con el fin de atender los hechos de las últimas horas, para lo cual dijo que “le hemos rendido un informe detallado en forma permanente”.

Ministerio Público al pendiente

Por su parte, un grupo de funcionarios de la Regional Caquetá de la Defensoría del Pueblo se encuentra en la zona para verificar de primera mano la atención médica de los heridos, abrir mesas de diálogo y buscar que se terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al Gobierno Nacional y a las organizaciones campesinas que se encuentran en movilización en la inspección de Los Pozos, para que se retome el diálogo como una vía para poder llegar a acuerdos y evitar el enfrentamiento entre las comunidades y los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional por la presunta falta de apoyo a otros miembros de la institución en medio de las protestas.

La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública sostuvo que por los enfrentamientos que hubo entre campesinos y algunos miembros de la Fuerza Pública se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos.

La entidad sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en la conducta objeto de averiguación, por lo que solicito practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos, para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

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