A juicio de la actual administración la política penal y penitenciaria actual es un fracaso porque no disminuye significativamente la criminalidad ni la reincidencia, no repara a las víctimas y conduce a la violación de derechos humanos.
El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, reveló detalles de la iniciativa en el conversatorio 'Hacia la humanización del sistema penal', organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el también participaron el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, el presidente de la Comisión Asesora de la Política Criminal del Estado Rodrigo Uprimny, la presidenta de la Fundación Acción Interna Johana Bahamón, el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes y la directora de Conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Diana Britto Ruíz.
LA INICIATIVA
El ministro Osuna señaló que solicitó al Congreso de la República otorgar, por el término de seis meses, facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para reformar el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), “con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos $ 3.2 billones anuales tengan mejores frutos”.
En su intervención en el conversatorio, el
jefe de la cartera de Justicia aseguró que la política penal y penitenciaria
actual es un fracaso. “No disminuye significativamente la criminalidad ni la
reincidencia, no repara a las víctimas y conduce a una situación de flagrante
de violación de derechos humanos en la población privada de la libertad”, dijo.
Osuna Patiño dio la bienvenida a la
discusión pública sobre el Proyecto de Ley para la Humanización y Modernización
del Sistema Penitenciario y Carcelario, y agregó que esta iniciativa “es apenas
una puerta que se abre, un ensayo moderado en línea de proponerle a la sociedad
colombiana que vuelva a pensar en algunas de sus preguntas básicas: ¿Para qué
castigar? ¿Cuál es el sentido del castigo? ¿Qué esperamos cómo sociedad de las
cárceles?”.
Así mismo explicó que la iniciativa
contempla estímulos para la resocialización de las personas privadas de la
libertad, con beneficios por trabajo, educación, reparación a las víctimas; y
aclaró que el proyecto no le apuesta a una rebaja general de las penas ni
tampoco pretende una excarcelación masiva.
“Cuando algunas personas dicen que el
ministro quiere hacer de las cárceles unos hoteles, yo con humildad y modestia
les digo: visiten una cárcel y digan en qué se les parece eso a un hotel. Las
circunstancias en las que se viven son terribles (…) Es inaplazable mejorar las
condiciones de vida allí”, sostuvo.
OTROS TEMAS
Al ser consultado por la nueva política de
drogas que prepara el Gobierno, el ministro de Justicia explicó que se busca
una transformación progresiva del prohibicionismo y apostarle al cumplimiento
del compromiso del Acuerdo de Paz, que es cesar la persecución penal de
aquellos campesinos pobres que cultivan hoja de coca para subsistir.
En este sentido, aclaró que “no vamos a dar un paso
adicional hasta que la comunidad internacional dé pasos en este mismo sentido,
pero tenemos que pensar también en el comercio internacional de Colombia, en
las relaciones internacionales y por eso en eso esto también puede ser el
reflejo penal de un giro en la política de drogas”.
El ministro también expuso lo que se
espera con la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria y
recordó que el Congreso en 2021 aprobó la Ley 2097 que creó el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
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