Las criptomonedas se han venido abriendo un camino en el mundo que ahora es casi es imposible de abolir, por ello, crear normativas para evitar que esto pase a ser un sinónimo de las actividades iícitas es la opción más viable.
El uso general de las criptomonedas en el futuro es inminente, un hecho que crea la necesidad de implementar medidas rigurosas que permitan controlarlas para evitar que se utilicen como mecanismo de operaciones ilícitas.
VISIÓN DE EXPERTOS
De hecho, la Organización Internacional
de Policía Criminal (INTERPOL) ha advertido sobre los riesgos del aumento de
tecnologías que aseguran el anonimato del usuario. En particular, ha dicho que
las criptomonedas y la red oscura presentan sus ventajas, por el anonimato que
las caracteriza.
Santiago Calle y Juan Pablo Coy,
expertos en Derecho Penal Corporativo, advierten que dicho anonimato también
transforma la delincuencia, pues los dineros fruto de actividades ilícitas,
pueden ser convertidos en este tipo de monedas. No obstante, aseguran que
Colombia tiene una herramienta de protección del patrimonio inmerso en
actividades ilícitas, siendo esta la extinción de dominio.
“Colombia fue el primer país en el mundo
en crear e implementar la extinción de dominio como respuesta al fenómeno del
narcotráfico, en tanto implicó la concentración de riqueza en manos de unos
cuantos a través de actividades delictivas. En esta medida, la extinción de
dominio sirve como mecanismo del Estado para recuperar los bienes que tienen o
han tenido una relación directa o indirecta con actividades delictivas. Para
ello, se debe demostrar esta relación y cómo los bienes fueron usados o
adquiridos en el marco de actividades ilícitas. Además, esta herramienta es
imprescriptible, lo que quiere decir que, aun cuando hayan pasado años o
incluso décadas desde el hecho ilícito el Estado puede iniciar la acción y
recuperar estos bienes”, explicó Calle.
EN OTROS PAÍSES
En México, por su parte, se han
presentado iniciativas de ley en las que se solicita que en la extinción de
dominio se incluyera la posibilidad de perseguir las criptomonedas. Sin
embargo, hay poco conocimiento sobre el tema y “se requiere implementar
tecnologías que permitan estas acciones, además de la capacitación y el
conocimiento en esta materia concreta”, dijo Calle.
La extinción del derecho de dominio se
puede definir como “una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que
deterioran gravemente la moral social”. En ese sentido, para cumplir este fin,
la comunidad académica y práctica han planteado la necesidad de que en el
Congreso se propongan normas que se adapten a las tendencias delictivas. Lo que
implica de acuerdo con los expertos, perseguir nuevos bienes, como las
criptomonedas, las cuales incluso hoy en día, son monedas legales en países
como El Salvador.
Al respecto han surgido críticas por la
poca legislación y regulación existente, a tal punto que desde sectores
opositores han tildado al gobierno del Salvador de darle vía libre a las organizaciones
delictivas realizar movimientos financieros producto de sus acciones al margen
de la ley salvaguardados en la aceptación del bitcoin.
Así, las preocupaciones actuales sobre este tema son objeto de discusión en otros países. En ese sentido, “las jurisdicciones que son pioneras en la materia se preguntarán por mecanismos de control idóneos para frenar los nuevos fenómenos delictivos. Por ello, los usuarios de criptoactivos deben ser cuidadosos a la hora de su comercialización, para evitar posibles riesgos de extinción de dominio, que se perfila como el mecanismo idóneo de protección”, concluyó Coy.
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