Continúa la alerta sobre las diversas violaciones de derechos humanos en los departamentos norte del país en el marco del paro armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas De Colombia o Clan del Golfo.
EL FRACASO JURÍDICO
En abril 28, el Consejo de Estado había ordenado
suspender la ejecución material de la orden de extradición ‘Otoniel’, para resolver
una demanda de tutela que interpusieron sus presuntas víctimas contra el trámite
administrativo mediante el cual se decidió extraditarlo.
Los demandantes consideraron que las
actuaciones surtidas por la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional y
la Fiscalía frente al pedido de extradición de este ciudadano violan sus
derechos fundamentales en su condición de víctimas de las acciones que se le
atribuyen al requerido.
El magistrado César Palomino Cortés
encontró que ya se han cumplido todos los trámites legales requeridos en materia
de extradición y que sólo restaba que el traslado al país solicitante se hiciera
efectivo, razón por la cual para el alto tribunal fue pertinente emitir dicha
medida cautelar, mientras se resolvía la demanda de tutela para evitar que la
decisión sobre los derechos fundamentales supuestamente afectados llegare a
tornarse inútil.
Así las cosas, tras admitir el estudio
de la demanda de tutela, se ordenó suspender la extradición, “hasta tanto se
emita decisión de fondo en este amparo constitucional”, pero en mayo 4 se levantó
la porque el magistrado sustanciador de la decisión advirtió que “los efectos
de la protección que se pretendía, mediante la medida provisional adoptada, se
encuentran desvirtuados con la documental obrante en el proceso”.
Ese mismo día, el Consejo de Estado negó
las pretensiones de la tutela al considerar que la autorización del pedido de
extradición sobre Úsuga David no pone en peligro los derechos de las víctimas,
en la medida en que su traslado a los Estados Unidos no impide que se sigan
adelantando las investigaciones penales que este tiene pendientes en Colombia.
El máximo tribunal sostuvo que así lo
entendió la Corte Suprema de Justicia, al dar su visto bueno al requerimiento,
advirtiendo del deber que tienen las autoridades nacionales de hacer uso de
mecanismos de cooperación judicial con el Estado solicitante, para lograr la
comparecencia del pedido en extradición, pudiendo ofrecer una expectativa real
de satisfacción de los derechos invocados por las víctimas.
Por otra parte, frente a la supuesta
vulneración derivada de la actuación del Gobierno frente a la autorización de
la extradición, la sala declaró improcedente la demanda porque determinó que el
acto administrativo del cual se desprende la supuesta vulneración de derechos,
una vez en firme, puede ser sujeto de control judicial, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por esa razón, la tutela resulta siendo
un medio no adecuado para atacar la validez de la actuación administrativa.
Además, el Consejo de Estado indicó que tampoco se evidenció la inminencia de
un perjuicio irremediable, que permita al juez constitucional actuar, aun ante
la disponibilidad de otros mecanismos jurídicos, si de lo que se trata es de
evitar un daño imposible de reparar, circunstancia que no se vislumbra en este
caso.
LAS RETALIACIONES
Menos de 15 horas después de quedar en
firme la extradición de “Otoniel”, aproximadamente a las 5:00 a.m., del jueves,
mayo 5, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan de Golfo, declararon
el inicio de un paro armado desde el medio día de ese jueves hasta el medio día
de mañana, mayo 10, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico
y Magdalena.
Desde que inició la actividad anunciada
por las AGC, se han generaron quemas de buses, camiones en Sucre, Córdoba,
Bolívar y bus interurbano en Barranquilla. Además, se han realizado pintas
alusivas a las AGC en diversas instituciones escolares y universitaria, ICBF,
ambulancias, tiendas de Córdoba, Sucre y dos tiendas en Barranquilla.
En medio de estas acciones se presentó el
asesinato de Francisco Miguel Soto López, vendedor de plátano en Cerete, Córdoba,
cuando presuntamente miembros de las AGC llegaron al mercado exigiendo que
cerrara sus puertas, mientras que en la vereda Buenos Aires, jurisdicción del
municipio de Sucre, en el departamento homónimo, fue asesinado el líder del Pacto
Histórico en el territorio sucreño Elkin Echavez.
Estos hechos fueron puestos de presente
por el nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), una
plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales que señaló que hasta
el momento no habido accionar por parte de las fuerzas militares que puedan
contener dicha situación y esta se agrava cada minuto en estos departamentos en
especial Córdoba, Sucre y Bolívar, y a pesar de que las AGC declararan la
extensión del paro por 24 horas a partir de la media noche de mayo 6 en los
departamentos de Cesar y Guajira.
EL LLAMADO DE LAS ORGANIZACIONES
Por lo anterior las organizaciones
hicieron un llamado al Gobierno Nacional para iniciar acciones urgentes para
implementar las medidas de protección y prevención en estos departamentos con
el fin de garantizar la seguridad de la comunidad e “implementar YA la política de
desmantelamiento de los grupos paramilitares”.
A los organismos de control el
cumplimiento de sus deberes constitucionales y su intervención oportuna en esta
situación que vive la región y a la Fiscalía general de la Nación la
judicialización de los responsables de estos hechos en especial por el
asesinato del líder político Elkin Echavez y el señor Francisco Miguel Soto.
A los organismos internacionales apoyar
las acciones humanitarias definidas por las comunidades y organizaciones, y en
específico al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH
adelantar acciones de incidencia y verificación que posibiliten medidas de
prevención y protección de las comunidades de los departamentos que hoy se
encuentran inmersos en el paro armado.
ACCIONES ESTATALES, ¿INSUFICIENTES?
“Los reductos del Clan del Golfo
comienzan a sentir los efectos de la captura y extradición de ‘Otoniel’. Tenemos
un despliegue de Fuerza Pública y seguiremos capturando a sus cabecillas hasta
desarticularlos. ¡Vamos tras ellos!” expresó a través de su cuenta en Twitter
el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte en mayo 5.
En ese orden de ideas informó el día
siguiente que se habían logrado 36 capturas en Antioquia Sucre, Bolívar y Córdoba,
los 4 departamentos que presentan
alteración de orden público, en donde se desplegaron 20 caravanas militares y
de policía. De igual manera, indicó que se aumentó la recompensa por alias
'Siopas' y 'Chiquito malo' del Clan del Golfo, de hasta por $5 mil millones
cada uno.
Para mayo 8, Molano compartió una infografía
en la que se detallan las acciones y resultados con corte a ayer, mayo 8.
Sin embargo, según ha reportado durante
el día de hoy el medio aliado de El Observador Siglo XXI en la mojana sucreña, Korraleja.co,
se presentaron tres nuevos casos de alteración de orden público, dos en Sincelejo
y uno en Sincé.
El primer caso fue el incendio de un
kiosco en una institución educativa de la capital del departamento, de la cual se desestimaron causas asociadas
al paro armado. El segundo caso fue el ataque a bala en una cancha de tejo por
parte de dos hombres que se movilizaban en moto e ingresaron al establecimiento
para abrir fuego de manera indiscriminada lo cual dejó tres personas heridas, un
hombre de 31 años y dos mujeres de 25 y 45 años respectivamente.
El tercer caso, más reciente y preocupante fue el hostigamiento a la Estación de Policía de Sincé, terruño del gobernador de Sucre, que ocurrió durante la noche de este domingo, ante lo cual en el día de hoy el mandatario se desplazó hasta la localidad para adelantar un consejo extraordinario de seguridad.
Entre el 5 y el 7 de mayo del 2022, el observatorio de DDHH y Conflictividades de Indepaz registró un total de 127 acciones perpetradas por AGC, las cuales se llevaron a cabo en 73 municipios de 10 departamentos del país.
Estos hechos de violencia fueron denunciados en los departamentos de Antioquia (62), Atlántico (1), Bolívar (22), Cesar (2), Chocó (3), Córdoba (13), La Guajira (1), Magdalena (8), Santander (5) y Sucre (10).
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