La solicitud de aclaración y adición que presentó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible contra el fallo que le ordena cumplir con el deber que tiene para aprobar el plan de manejo ambiental de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Bogotá no prosperó.
Esta determinación del Consejo de Estado fue precedida de un fallo de cumplimiento en el cual la cartera alegó que no había adelantado este proceso, debido a que se encontraba en trámite el proceso de consulta previa con las comunidades que, eventualmente, podrían verse afectadas en este procedimiento.
LOS DETALLES DEL PROCESO
La sala advirtió que, si bien es cierto
que es necesario cumplir con este proceso ante las comunidades, la obligación
de aprobar el plan surgió desde el 2016. Así las cosas, ante la evidencia del
paso de un término excesivo de tiempo para dar cumplimiento a la obligación,
esta se dio por incumplida.
Una vez surgida la orden judicial frente
al plan de manejo ambiental, el Ministerio interpuso una solicitud de
aclaración y adición. Dado que tenía siete meses para aprobar el mencionado
plan, una vez lo presentaran y radicaran las corporaciones autónomas regionales
de Cundinamarca y el Guavio, la cartera aspiraba a que se incluyera como punto
de partida el momento en el que se presentaran los resultados de la consulta
previa.
LOS MOTIVOS DE LA DECISIÓN
El Consejo de Estado negó la solicitud,
por considerar que no hay motivo de duda en la providencia que declaró el
incumplimiento. Advirtió que “otra cosa es que, al ser negativa y contraria a
sus intereses, no las comparta, como en su propio escrito lo acepta y considera
que no le corresponde cumplir sino a la CAR, CORPOGUAVIO y el Ministerio del
Interior, este último que no fue parte del presente proceso”.
Para la alta corte, lo relacionado con
el desarrollo de la consulta previa y el término que se requeriría para poder
adelantar el proceso de aprobación del plan de manejo de la cuenca ya fue
examinado en el fallo de cumplimiento que emitió el Consejo de Estado.
Según la corporación judicial, la solicitud de aclaración y adición no es el escenario propicio para evaluar estos aspectos, que fueron nuevamente traídos a colación por el Ministerio.
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