
Y no es para menos. Desde su tercera y última
campaña a la alcaldía en 2015, el arquitecto Malo García afrontó la acusación
de haber sido la persona que autorizó la ejecución de proyectos de vivienda en
lugares que el POT, instaurado por decreto a inicios de siglo, tenía
proyectados como parques o plazoletas.
Ya como alcalde, dentro del primer año tuvo que
enfrentarse, incluso frente a frente, a la grave acusación que el ingeniero Luis
Fernando Morales, el abogado César Califa Montaña, el profesor Roberto Ángel
Conde y otros, han lanzado públicamente en contra del burgomaestre, junto al
representante a la Cámara Óscar Sánchez León, señalándolos como parte del
presunto cartel del POT de la gran sabana de Cundinamarca, capítulo Facatativá.
Ante esto, el primer mandatario facatativeño ha
dicho que se viene asesorando jurídicamente, no sólo para enfrentar los
procesos que tiene, sino también para devolver la demanda en caso de resultar
ganador en los pleitos que afronta personalmente y como alcalde.
Y este es precisamente uno de los aspectos que
no está claro, si el alcalde ha contratado los servicios profesionales de juristas
de su propio peculio, es decir, con los 8 millones que se gana mensualmente, o
con parte de los cerca de 90.000 millones que tiene anualmente de presupuesto
el municipio, incluyendo su sueldo.
Tampoco se ha conocido oficialmente por parte
de la administración cuáles son los procesos que cursan en contra del alcalde o
en contra de la Alcaldía bajo su administración, además de los que afronte
personalmente por hechos como funcionario............................................................................................................................................................................................................................................
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