Denunciados penalmente alcalde, concejales, ex concejales, CAR, EAF y constructoras

Ante la Fiscalía General de la Nación, en horas de las tarde de ayer, 6 personas demandaron por Urbanización Ilegal -único cargo que registra la noticia criminal- a la Administración de Facatativá, a integrantes y ex integrantes de la Corporación Concejo Municipal, a la Empresa Aguas de Facatativá (EAF), la Corporación Autónoma Regional (CAR) Provicial Sabana Occidente, Amarilo, Monte Claro, Altillos del Chicó, Torres de San Carlos, Atalaya del Tunjo y Constructora Al Futuro, esta última la responsable de Sauzalito y María Fernanda.

María Fernanda y Sauzalito de Constructora Al Futuro

Los denunciantes afirman que según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente del año 2002 -y del cual el Arquitecto Pablo Emilio Malo García, hoy alcalde de Facatativá, fue artífice-, se afectaban varios suelos donde se encontraban determinadas cuencas, micro cuencas y parques principalmente, donde es prohibido construir. Afirman que para ejecutar las obras de vivienda falsificaron documentos para dar viabilidad de servicios públicos y aprobando más de diez construcciones ilegales, violaron el POT, la Constitución y la Ley.

Por lo anterior en la referencia del oficio llevado por los denunciantes -y que fue anexado a la denuncia-, los denunciados son señalados de prevaricato por acción y por omisión, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

LO QUE DICE LA LEY

El articulo 318 del Código Penal sostiene que el que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir cerca de $34'475 mil millones.

Cuando se trate de personas jurídicas -es decir empresas- incurrirán en las sanciones previstas en los incisos anteriores sus representantes legales y los miembros de la junta directiva cuando hayan participado en la decisión que traiga como consecuencia la conducta infractora descrita. 

El caso de la mayoría de constructores sería agravante, pues la ley señala que la pena privativa de la libertad señalada anteriormente se aumentará hasta en la mitad cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales. 

Por último en un Parágrafo el mismo artículo dice que el servidor público que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su competencia, con acción u omisión permita la urbanización ilegal, incurrirá en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de tres (3) a cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta. 

¿OTRO PANORAMA?

A pesar de que solo es uno el delito por el que han sido demandadas estas instituciones, podría ser que también algunas o algunos de sus funcionarios y/o ex funcionarios puedan resultar envueltos en otras investigaciones de tipo penal, como falsedad en documento público, concierto para delinquir y estafa.

Lo anterior implica que además de haber recibido la alcaldía con bajo presupuesto, con riesgo de descender de categoría, con una deuda de más de $30 mil millones, inseguridad, caos en espacio público, movilidad, rumba y otros problemas, a la entrante administración ahora se le suma penalmente otra por el que no tendrá de otra de responder. El Observador pudo establecer que al alcalde Malo le fue solicitado actuar frente a estos temas, sin embargo las construcciones han seguido adelante.

Se espera que la Procuraduría conozca el caso para saber si procede a iniciar las investigaciones pertinentes para establecer de su parte si los acusados tienen responsabilidad o no y en caso de tenerla, en qué grado. La Procuradora Provincial señaló el día anterior que era una funcionaria completamente transparente, y sin lugar a dudas esta temprana acción por parte de un sector de la sociedad municipal, le pondría una prueba de fuego.

En el caso de los concejales que resultaron reelegidos para el presente cuatrienio -de los cuales el único que votó negativo el proyecto de vivienda de Amarilo fue Diego Cabrera- y los ex concejales que aprobaron los acuerdos respectivos y no hicieron control político también podrían entrar a ser investigados para establecer algún posible grado de responsabilidad.

La expectativa está con lo que pueda pasar con las construcciones ya realizadas, si serán demolidas o podrán los propietarios gozar del derecho adquirido, o si se van a emprender acciones legales en particular, entre otras teorías que han venido surgiendo desde la noche anterior alrededor de este escándalo que estaba sonando desde el año anterior y por el que ya cursan investigaciones desde el año pasado en contra de, entre otros, el Representante a la Cámara Óscar Sánchez León.