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En las urnas, las Reformas Sociales de Petro serán sometidas a la decisión del pueblo

Durante su alocución de anoche el presidente Petro anunció el desarrollo de una consulta popular en vista de los fracasos que han tenido sus propuestas de reforma en tema cruciales para la sociedad colombiana.


En un tono enérgico y acompañado tanto de su equipo de gobierno como de congresista de la coalición en el Congreso, el mandatario de los colombianos explicó las razones que lo llevan a optar por la consulta popular, una herramienta poderosa para fortalecer la democracia y garantizar que las decisiones importantes sean tomadas con la participación directa del pueblo.

LAS REFORMAS SOCIALES: UN COMPROMISO CON EL PUEBLO

El Gobierno actual ha presentado al Congreso reformas en temas clave como la salud, pensión y trabajo, buscando garantizar derechos fundamentales para todos los colombianos. Según el presidente Petro, estas reformas no son caprichos ideológicos, sino respuestas a necesidades urgentes.

La Reforma Pensional nace del hecho de que menos del 25 por ciento de los colombianos logra pensionarse. La reforma busca garantizar que más personas tengan acceso a una vejez digna.

Reforma a la Salud apunta a que la salud no puede ser un negocio. La propuesta busca llevar servicios médicos a las regiones más apartadas y garantizar atención oportuna para todos.

Finalmente, la Reforma Laboral -cuya ponencia para archivo se firmó ayer por parte de una estrecha mayoría de la Comisión Séptima del Senado- se presentó porque Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas y una de las productividades más bajas de la OCDE por la que se propone salarios dignos, derechos para las mujeres y protección para los jóvenes en su primer empleo.

CONSULTA POPULAR ANTE “LA RESISTENCIA DE LA OLIGARQUÍA”

A pesar de su importancia, estas reformas han enfrentado una fuerte oposición. Sectores de la oligarquía y algunos congresistas, influenciados por intereses económicos según Petro, han intentado bloquear su aprobación. Incluso se han burlado de las demandas populares, priorizando el lucro sobre el bienestar general.

Ante esto que el presidente califica como bloqueo institucional, el Gobierno ha decidido convocar a una consulta popular. Esta herramienta democrática permitirá que sea el pueblo quien decida si quiere avanzar hacia una Colombia más justa o mantener un sistema que perpetúa la desigualdad.

La consulta puede ser propuesta por el Gobierno Nacional, las gobernaciones o alcaldías o un grupo de ciudadanos, para lo cual se requiere recolección de firmas. El tema de la consulta debe ser de interés general y no puede ser contrario a la Constitución o las leyes. La propuesta se presenta ante el Congreso de la República.

Dentro de los requisitos se contempla que la propuesta debe incluir la pregunta o preguntas claras y concretas, una exposición de motivos que justifique la consulta, así como el respaldo legal y constitucional del tema.

Luego pasa a Revisión y Aprobación, en donde la Corte Constitucional debe revisar que la consulta no vulnere la Constitución ni los derechos fundamentales. En este caso que es una consulta nacional, el Congreso de la República debe aprobar la convocatoria mediante una ley.

Una vez aprobada, el Presidente de la República, convoca oficialmente la consulta popular incluyendo la fecha de la votación, las preguntas que se someterán a consideración y tanto las razones como los objetivos de la consulta.

Las autoridades deben garantizar que la ciudadanía conozca los detalles de la consulta, incluyendo el tema, las preguntas y las implicaciones de su decisión y se promueve el debate público y la discusión informada sobre el tema.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de organizar la votación. Todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral pueden participar.

Para que la consulta sea vinculante, se requiere la aprobación de la mayoría de los votantes con la mitad más uno de los votos válidos y en caso de que la consulta sea aprobada, las autoridades competentes deben implementar las decisiones tomadas por el pueblo, estableciéndose mecanismos de seguimiento para garantizar que se cumplan los resultados.

No se pueden someter a consulta temas que violen derechos humanos, la Constitución o tratados internacionales. El costo de la consulta es asumido por el Estado, y se deben garantizar recursos para su organización

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