En 2023 los asesinatos a líderes sociales registraron una disminución de 16 por ciento respecto a 2022

Los informes sobre la violencia en el país de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos reflejan que si bien se mantiene la conflictividad, hay esperanza para acabarla.

Durante los primeros días de 2024 el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Defensoría del Pueblo han presentado sus respectivos informes sobre la situación de riesgo para los líderes sociales y para las comunidades apartadas que han sido receptores de las acciones bélicas de grupos armados al margen de la ley, así como de mafias con el objetivo de controlar rentas ilegales.

LAS CIFRAS

Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), revela que continúa el panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para quienes están dedicados a promover y proteger los derechos de las comunidades, puesto que durante el 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional, de los cuales 160 eran hombres y 21 mujeres.

Aunque el informe de la Defensoría deja en evidencia la realidad que padecieron el año pasado quienes se dedican a preservar los derechos de las comunidades, particularmente en las regiones donde arrecia el conflicto armado interno, hubo una disminución del 16 por ciento en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 215 casos; dicho de otra manera, fueron asesinadas 34 personas menos en el 2023.

Preocupa a la institución de derechos humanos que los sectores sociales más afectados hayan sido el comunal y el indígena con 37 homicidios cada uno, comunitario con 36, campesino con 13, afrodescendiente con 10, víctima con 9, OSIGD-LGBTIQ+ con 7 y el de activistas de DD. HH. Con 7. Abril -con 19 crímenes-, junio y julio --18 cada uno-, diciembre y marzo -17 cada uno- fueron los meses con el mayor registro de asesinatos contra estas personas.

El ‘Informe anual de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos enero-diciembre 2023’ da cuenta de que los 181 crímenes sucedieron en 123 municipios (en 25 departamentos), como también, de que el 44 por ciento del total de los casos se concentró en 80 de ellos. Cauca, con 36 casos, Antioquia con 21 y Nariño con 17 fueron los departamentos donde hubo más homicidios, es decir, 74, lo que representa el 41 por ciento del dato global.

Al hacer la sumatoria de los últimos ocho años, entre el 2016 y el 2023, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 1294 líderes asesinados en el país: durante el 2016, 133; en el 2017, 126; en 2018, 178; para el 2019, 134; al año siguiente, en 2020, 182; para el 2021, 145; durante el 2022, 215, y el año pasado, 181.

Por su parte, Indepaz presentó en diciembre 29 del año pasado que además de homicidios a lideres sociales, contabiliza asesinatos en contra de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, masacres, víctimas de minas antipersonales desplazamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados.

En el acápite de los asesinatos a líderes sociales, el informe señala que entre el enero 1 y diciembre 28 de 2023 fueron asesinadas 188 personas que ejercían algún tipo de liderazgo o defensa de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia.

Para la organización es preocupante el panorama en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca para quienes ejercen liderazgos en las Juntas de Acción Comunal, en las comunidades indígenas o hacen parte de algún movimiento político, siendo estos los lugares y sectores sociales donde se concentraron los asesinatos.

Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca son los departamentos con mayor número de asesinatos en contra de personas líderes o defensores de DDHH componiendo el 55% de la afectación total. En comparación con el año 2022 Cauca, Córdoba y Bogotá tuvieron un aumento de 15, 6 y 5 asesinatos respectivamente. Mientras que Putumayo redujo en 10, así como los departamentos de Chocó y Arauca redujeron en 6 asesinatos cada uno. Para 2023 en promedio fueron asesinadas 15 personas líderes o defensores de DDHH por mes.

RECOMENDACIONES

“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis.

El Defensor hace un llamado colectivo a las entidades del orden nacional, a los nuevos mandatarios municipales y departamentales, a las fuerzas de seguridad del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional y a cada ciudadano: “Trabajemos unidos e incansablemente en la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Solamente juntos podremos construir un futuro en el que la defensa de los derechos sea una labor segura y respetada”.

Entre tanto, Indepaz considera que se hace necesaria la toma de medidas integrales para enfrentar la compleja situación de líderes, lideresas sociales y defensores de DDHH, entre ello el cumplimiento de los ceses al fuego por parte de los grupos armados con los cuales se ha firmado, esto debe estar acompañado de planes de transformación social por parte del Estado que logren tener un impacto positivo y sostenible en los territorios.

En ese sentido, la organización considera que las acciones conjuntas entre las entidades del Estado deben ser oportunas, en especial en el norte del departamento, así como en los municipios de El Tambo, Balboa, Argelia y la costa pacífica. Es claro que en el departamento del Cauca la violencia contra las comunidades la están ejerciendo tanto los grupos armados de alto impacto como las bandas tercerizadas.

Por otra parte, en algunas regiones del país los ceses al fuego pactados con los grupos armados, así como las treguas acordadas entre bandas y combos delincuenciales de ciertas ciudades, han sido favorables, permitiendo disminuir los eventos violentos en contra de la población, según los defensores de DDHH.

De otra parte, se considera que la política de seguridad debe avanzar en su enfoque territorial respondiendo a las lógicas locales donde la tercerización ha cobrado fuerza como uno de los patrones en los asesinatos a líderes/as y defensores de DDHH y de Firmantes del acuerdo de paz. Pensar la intervención del Estado desde la geografía de la distancia limita las posibilidades de actuación oportuna teniendo en cuenta que las agresiones se concentran en municipios catalogados como zona rural o zona rural dispersa.

Finalmente, Indepaz cree necesario avanzar en el Programa Integral de Garantías de Seguridad para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, lo cual requiere del desarrollo de empoderamientos diferenciados para la auto-protección efectiva por medio de una gobernanza en red subregional, del fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión territorial de las comunidades y el fortalecimiento de la prevención sin dejar de lado la protección.

“La institucionalidad debe aumentar sus esfuerzos para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad. Es apropiado optar por estrategias focalizadas en Cauca, Antioquia y Nariño, sobre todo, en los municipios donde hubo una mayor cantidad de homicidios. También hay que contemplar un trabajo fuerte en los lugares donde los actores armados ilegales se disputan los corredores estratégicos de economías ilícitas”, reiteró Carlos Camargo Assis.