Las personas tuvieron que salir de un corregimiento para proteger su integridad y vida, al quedar en medio del cruce de disparos entre los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.
Un total de 180 personas, entre niñas,
niños, adolescentes, mujeres, adultos y adultos mayores, el equivalente a 67
familias, se vieron en la obligación de desplazarse del sitio conocido como
Isla de Cruz, en zona rural del municipio del Medio San Juan, Chocó, debido a
enfrentamientos armados entre el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez (de la
guerrilla del ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del
Golfo).
CORRER PARA SOBREVIVIR
Para proteger su vida e integridad, las 67
familias, que es la totalidad de quienes habitan en Isla de Cruz, se
desplazaron el pasado octubre 16 hasta el corregimiento Dipurdú, también
jurisdicción del Medio San Juan, municipio que forma parte de la subregión del
San Juan, en el suroriente del departamento.
“La institucionalidad nacional,
departamental y local debe volcar esfuerzos para que le dé una atención
inmediata e integral a la comunidad desplazada, que en este momento es
susceptible de vulneración de derechos, especialmente porque hay menores de
edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud”,
es la solicitud del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las dos estructuras armadas, que ejercen
influencia bajo el yugo de las armas, buscan consolidar el control territorial
en la zona para robustecer el negocio de sus economías ilícitas, como el
tráfico de cocaína y el cobro de extorsiones al comercio.
“La zona de los hechos está bajo
advertencia que emitimos con la Alerta Temprana 020 del 2021 e informe de
seguimiento 012 del 2023, razón por la que las autoridades competentes deben
actuar con prontitud”, dijo Camargo Assis.
ATENCIÓN DE URGENCIA
El defensor del Pueblo indicó que dada la
complejidad para ingresar a la zona, este octubre 20 y 21 una comisión de la
Defensoría viajará hasta Dipurdú para verificar la situación humanitaria que
afronta en este momento la comunidad desplazada.
A los grupos armados ilegales, les
recuerda que bajo ninguna circunstancia tienen que afectar a las comunidades,
ni en las cabeceras municipales, ni en las zonas rurales: “El ELN y las AGC
deben acatar integralmente el derecho internacional humanitario. La población
civil debe estar al margen de las hostilidades”.
La entidad nacional de derechos humanos, a
través de profesionales de su Regional Chocó, realiza una jornada de atención
descentralizada móvil en Istmina, con el fin de que les sean restablecidos y
garantizados los derechos a la población de ese municipio y del Medio San Juan,
donde aún habría confrontaciones armadas, y sitio de estudio por el Gobierno
Nacional para hacer un piloto de paz, cuyo fin es monitorear el cese al fuego
bilateral con el ELN.
ACCIONES EN SECTOR DEFENSA
Con el propósito de contrarrestar de
manera efectiva las manifestaciones delictivas, y arreciar en la lucha contra
las finanzas criminales de las organizaciones armadas ilegales producto del
narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la extracción ilícita de yacimientos
mineros y la trata de personas, el Gobierno Nacional creó una nueva unidad
militar que tendrá la responsabilidad de desplegar operaciones ofensivas en un
área de 151.000 kilómetros cuadrados, a fin de garantizar la seguridad,
defensa, soberanía y bienestar de las comunidades.
A través de la firma de la Resolución 4134
de octubre 9 de 2023, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, dio vida al
Comando Conjunto N.5 Noroccidente de las Fuerzas Militares. Son en total 195
municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y
Boyacá, en los que más de 30 mil hombres y mujeres del Ejército Nacional, la
Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial estarán desplegados a fin de
mitigar los fenómenos de criminalidad, principalmente el tráfico de personas
por cuenta del Clan del Golfo, según lo advirtió el ministro de Defensa.
Velásquez Gómez le hizo un llamado al General Garzón Rey, Comandante de esta nueva unidad militar estratégica, para que “exista siempre un renovado compromiso por la transparencia y por el respeto a los derechos humanos” a fin de labrar el camino para un adecuado relacionamiento entre las comunidades y quienes juraron defender al país, a través de las armas del Estado.
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