A 9 días de las elecciones, solamente dos candidatos han registrado ingresos y gastos de campaña

Ocho candidatos estarían incumpliendo esta obligación que impone el máximo tribunal para lo electoral en el país y que además es una señal de transparencia de los candidatos a cargos de elección popular.

Mediante la Resolución 0285 del 16 de febrero de 2010 el Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó la herramienta electrónica “Cuentas Claras”, con el propósito de facilitar a las organizaciones políticas y candidatos, la elaboración del informe oficial de ingresos y gastos de campañas electorales y su respectiva rendición electrónica ante el CNE. En el cercado fuerte al final de la llanura la mayoría de candidatos, al parecer, ni siquiera han entrado por primera vez al aplicativo.

DOS CANDIDATOS JUICIOSOS

De los diez candidatos inscritos, siete no habrían entrado si quiera a diligenciar datos básicos como los de gerente y contador de campaña. Cristian León, Álvaro Bernal Parra, David Olaya, Álvaro Fajardo, Óscar Villalba, Pablo Bernal y Álvaro Rivera, quien dio por finalizada su campaña al unirse a su tocayo Bernal.

Por su parte, el aplicativo registra que Luz Marina Gaitán sólo ha diligenciado el campo de gerente de campaña, el cual es el ex candidato al Concejo Camilo Olaya, pero en el formato de informe individual de ingresos y gastos de la campaña no aparece ningún monto registrado.

Así las cosas, Diego Hernán Garzón Plazas del Partido Alianza Verde y Luis Carlos Casas del Partido Liberal son los dos únicos candidatos que han registrado sus ingresos y gastos de campaña hasta el momento, teniendo una diferencia amplia en lo obtenido para invertir en la contienda.

Garzón Plazas reporta ingresos por 47 millones 700 mil pesos, de los cuales 24 millones provienen de créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes y el resto de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los particulares. De esos ingresos, ha gastado $39’797.600 en propaganda electoral y $4’500.000 en gastos de administración para un total de $44’297.600.

Por su parte, Casas Alvarado reporta ingresos por $420 millones, de los cuales 120 millones provienen de créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes y el resto de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los particulares.

De esos ingresos, ha gastado 44’481.772 en propaganda electoral, $125.700 en costos financieros, $14 millones en Gastos judiciales y de rendición de cuentas, $4’500.000 en servicio de transporte y correo, $98’013.700 en actos públicos, $137’214.542 en inversión en materiales y publicaciones, $458.000 en gastos de oficina y adquisiciones, y $107’051.767 en gastos de administración para un total de $406.585.481.

UNA OBLIGACIÓN

Mediante Resolución No. 1044 de 2011, el CNE dispuso como obligatorio el diligenciamiento del libro de ingresos y gastos, a través del Aplicativo Cuentas Claras, para los candidatos a gobernaciones, alcaldías, al Congreso de la República y Parlamento Andino y promotores del voto en blanco.

A partir del año 2013, mediante Resolución No. 3097, el CNE estableció el uso obligatorio de la herramienta electrónica “Cuentas Claras” como mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral.

En el año 2018, la presentación y rendición del informe anual de las organizaciones políticas, es decir, la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos, vigencia 2017, se realizó a través del aplicativo Cuentas Claras, y en medio físico.

EXISTEN SANCIONES

De acuerdo a la Ley 1475 de 2011 y la Resolución 3097 de 2011 del CNE, los partidos y movimientos pueden recibir sanciones como la suspensión de la personería jurídica o la privación de financiación estatal, cuando incumplen con el deber de la rendición de cuentas.

Mientras que, de acuerdo a la Ley 130 de 1994, los candidatos y candidatas pueden recibir sanciones administrativas, en caso de no presentar a tiempo los registros de ingresos y gastos. Asimismo, se debe tener en cuenta que la Ley 1864 de 2017 elevó a delito penal el incumplimiento con estas obligaciones.

En marzo 10 del año pasado, Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, integrante de la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, explicó que “la oportunidad del acceso a la información sobre el financiamiento de la política se convierte en un elemento fundamental para prevenir posibles riesgos de corrupción y contribuir a la transparencia y confianza, por eso hacemos un llamado a las organizaciones políticas, candidatos y candidatas que están participando en la contienda actual, a cumplir con su obligación de reportar los ingresos y gastos, así como invitar a que la ciudadanía continúe promoviendo ejercicios de seguimiento en los que exija información abierta e impulse sanciones de tipo social”.