Hoy fue un día histórico en el que la celebración y la alegría estuvieron a la orden del día, con la aprobación en el Concejo de una contribución que fortalece a la Educación Superior en el municipio.
Con los 15 votos positivos de los concejales presentes, se aprobó en la mañana de este viernes, agosto 25, el proyecto de Acuerdo 015 de 2023 que incorpora al Estatuto de Rentas Municipal del cercado fuerte al final de la llanura la Estampilla Prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca, en el tercer intento por adoptar su uso y luego de una lucha de más de cinco años dada por el concejal del Partido Liberal José Vicente Barrera Montenegro.
SUGERENCIAS INVIABLES
Dentro de los concejales que intervinieron
para solicitar que se solucionaran inquietudes, estuvieron los concejales
Andrés Izquierdo del Centro Democrático y Edgar Castro del Partido Conservador a
quienes se les despejaron dudas frente a las tarifas y las excepciones, respectivamente.
Izquierdo señaló que, según la tabla de
tarifas por el préstamo de maquinaria agrícola y amarilla, se iba a pagar más
de estampilla que de alquiler, por lo que solicitó que se ajustara dicha tarifa.
Sin embargo, al ser determinadas las tarifas por Ordenanza la solicitud resultó
improcedente.
De igual manera sucedió con la solicitud
de Castro, quien sugirió eliminar de las excepciones a los contratistas del PAE
y a bajar el número de Unidad de Valor Tributario (UVT) -medida alternativa usada
en la economía- para que más contratistas pudieran tener la obligación. Sin
embargo, la falta de autonomía del municipio en estos aspectos lo impidió.
¿CONCEPTOS INCOHERENTES?
Por su parte, el concejal Barrera presentó
dos proposiciones, una de forma que pasó y una de fondo que sorprendentemente
no fue aprobada. En 2018, el concejal liberal presentó dos veces el proyecto de
Acuerdo, incluyendo una disposición que contemplaba taxativamente la
presentación de un informe anual por parte de la Universidad sobre la inversión
de lo recaudado, la cual no fue incluida en el proyecto de Acuerdo discutido
entre ayer y hoy en la plenaria, por lo que el cabildante rojo puso a
consideración de sus compañeros el que fuera adicionada.
Pero a pesar de que el numeral 2 del artículo
32 de la Ley 136 de 1994 legitima la proposición de manera inequívoca, tanto la
Administración como el ponente del proyecto de Acuerdo, el concejal Pedro
Villamil del Polo Democrático Alternativo, no apoyaron la moción e influenciaron
así el voto negativo de 9 concejales por lo que se cerró por ahora la
posibilidad de saber cómo se irán invirtiendo los dineros aportados por parte
de los facatativeños.
En vista de esta situación el concejal
Barrera replicó y de manera vehemente defendió su proposición, teniendo en
cuenta que no se escuchó una disposición legal por parte de Villamil y la
Administración para oponerse, ante lo que decidió ser más estricto en la
semántica y señaló que el título debía ser corregido, pues la Estampilla había
sido creada por Ley, determinada por Ordenanza y sólo debía adoptarse su uso
obligatorio, por lo que también puso esto en consideración de sus compañeros,
lo cual aprobaron.
Pero paradójicamente, el concejal Juan
Felipe Barbosa del Centro Democrático identificó que en el proyecto se estipula
que para efectos del cobro de la Estampilla la Universidad se entiende como
parte de la Administración Municipal y teniendo en cuenta el resultado de los
votos para la proposición de fondo hecha por Barrera, elevó la proposición de
eliminar a la Universidad para que no fuera entendida como dependencia del
Municipio de Facatativá, pero el voto negativo se impuso de nuevo.
Con estas decisiones, los concejales que
votaron negativo en las dos proposiciones connotaron que consideran a la
Universidad como una entidad o dependencia del municipio, pero al mismo tiempo la
descartan como un sujeto de control a pesar de las atribuciones señaladas por
la Ley 136 de 1994.
Aun así, los cabildantes convergieron en apoyar la iniciativa presentada por el alcalde por lo que ninguno se opuso a la aprobación del proyecto de Acuerdo y, al contrario, reconocieron que lo que se estaba haciendo era saldar una deuda histórica que tenía el municipio con la Universidad.
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