En los últimos dos años se ha venido trabajando en la dignificación de su labor, congruente con el ejercicio de las labores que ejercen los defensores públicos en el territorio nacional.
El defensor público es la figura en quien se concentra la garantía del acceso a la administración de justicia, pues con su conocimiento, experticia y actuación polivalente en el marco de un determinado proceso judicial o extrajudicial, permite que la población vulnerable, alcance aquellos escaños que en oportunidades se estiman inalcanzables.
UNA PETICIÓN PARA MILES
Para la presente vigencia, y de acuerdo
con el presupuesto asignado, se tiene proyectado contar con un total de 4310
defensores públicos, vinculados mediante contrato de prestación de servicios
profesionales, que efectúan la representación judicial o extrajudicial de más
de un millón de ciudadanos en todo el país.
Sin embargo, debido “a las múltiples
cargas que el legislador ha impuesto a los defensores públicos, especialmente
en los últimos dos años, esta administración se ha dado a la tarea de lograr
una dignificación de honorarios que sea congruente con el ejercicio de las
labores que ejercen en el territorio nacional, logrando un incremento en la
anterior vigencia; pero que resulta insuficiente dadas las actuales condiciones
económicas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Por lo anterior, el titular de la entidad
del Ministerio Púbico le solicitó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo,
estudiar la posibilidad de realizar un aumento significativo de recursos para
mejorar los honorarios de los defensores públicos, en aras de propender cada
día por la dignificación de esta labor.
Camargo Assis destaca que el servicio de
los defensores públicos resulta esencial para materializar el concepto de
Estado Social de Derecho, como una de las labores más nobles a cargo de la
Defensoría del Pueblo, en tanto se circunscribe en permitir que aquellas
personas de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o
social de proveer por sí mismas la defensa de sus derechos, puedan acceder a la
administración de justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública en
condiciones de igualdad.
En su solicitud, el defensor del Pueblo
pide tener en cuenta, en primer lugar, la carga procesal, la cual se entiende
como un cúmulo de procesos que son asignados a un determinado profesional en
derecho para que, en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y lo previsto el ordenamiento jurídico, efectúe la
representación judicial o extrajudicial en el área que le corresponda.
En segundo lugar, las asignaciones que determinó la rama legislativa, como ha ocurrido en materia de discapacidad con la Ley 1996 de 2019, la jurisdicción disciplinaria -Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021, crea la defensoría pública disciplinaria-, y la reciente Ley 2197 de 2022 de Seguridad Ciudadana, que en sus artículos 50 y 53 establece otra obligación normativa para la Defensoría Pública en temas de extinción del derecho de dominio.
Finalmente, otro aspecto es lo que calificó
el defensor Camargo como “evidente desigualdad” en la remuneración que por
concepto de sus obligaciones perciben los defensores públicos, frente a los
demás actores que intervienen en el proceso judicial.
“En ese orden de ideas, además de la
remuneración, la vinculación de los defensores públicos debería estar acorde
con los pares con los que interactúa en el sistema judicial. Por eso también
solicitaremos al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo de la
Función Pública revisar su forma de vinculación, en el marco del Plan de
Formalización del Empleo Público en Equidad que emprendió el actual Gobierno
Nacional”, concluyó el funcionario.
ESFUERZOS PREVIOS
Al informar que se ajustaba el pago para estos servidores desde el mes de julio de 2022 Carlos Camargo aseguró que “desde el día en que me posesioné como Defensor del Pueblo una de las prioridades ha sido mejorar las condiciones de cada uno de los 3847 defensores públicos del país, dignificando una labor que se ha consolidado como pilar de la justicia en Colombia”.
En ese entonces, el defensor del Pueblo
destacó que este mejoramiento para los defensores públicos no habría sido
posible sin el respaldo del entonces presidente de la República, Iván Duque,
quien asumió ese compromiso durante el Primer Encuentro Nacional de Defensoría
Pública llevado a cabo varias semanas atrás.
A través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público se autorizó un nuevo incremento de 5.62 por ciento en sus honorarios para
la vigencia 2022, que se suman al aumento anual que se hizo al iniciar este año.
Finalmente, el desde entonces el defensor del Pueblo aseguró que todavía falta camino por recorrer, pero este reconocimiento servirá como aliciente para no desfallecer en el ejercicio de esta noble labor, la cual siempre hallará un gesto de gratificación y recompensa, no solo en el abrazo de aquel que con sinceridad admira su gestión o en el llanto conmovedor de quien ha visto en ustedes una luz de esperanza, sino también de la admiración de los demás actores de los procesos judiciales.
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