Esta situación se podría presentar, según los gremios, por la insuficiencia del incremento de un porcentaje que se paga por cada paciente, pero la idea del gobierno, en contraste con los cálculos gremiales, es que haya menos gasto.
El Ministerio de Salud define la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado y, según el borrador de resolución publicado por el Ministerio de Salud para comentarios, el incremento de la UPC para 2023 sería de 16,23 por ciento para el primero y de 12,22 por ciento para el segundo, ante lo cual las EPS pidieron mayor aumento por medio de un comunicado, pero el Ministerio ya ha hecho declaraciones que darían respuesta a la solicitud.
LA ALERTA SOBRE LOS PACIENTES
Tras conocer el proyecto de resolución
del Ministerio de Salud y Protección Social por medio del cual se fijan los aumentos
en la UPC para 2023, Acemi, Gestarsalud y Asocajas advierten sobre la
insuficiencia del incremento propuesto para cubrir las crecientes necesidades
de salud de la población colombiana y de los millones de migrantes venezolanos
que están cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Los análisis de los gremios, que de
forma conjunta representan a cerca de 50 millones de usuarios de los regímenes
contributivo y subsidiado, señalan una desfinanciación que comprometería la
garantía del derecho a la salud de los colombianos y el flujo de recursos para
los prestadores de servicios de salud.
Este aumento resulta insuficiente debido
a que las frecuencias de uso de servicios han aumentado, registrando los
máximos históricos desde que se cuenta con estadísticas. Además, tuvieron en
cuenta la inflación que va en 12,53 por ciento lo corrido del año y que la devaluación
está por encima del 25 por ciento.
Estudios independientes como la encuesta
Polimétrica de Cifras & Conceptos muestran que el 21 por ciento de los encuestados
ha aumentado la solicitud de citas, exámenes y procedimientos después de los
anuncios de reforma al sistema hechos por el Gobierno, y es de esperar que la
incertidumbre crezca el próximo semestre, cuando se conozca el texto definitivo
de la reforma que ha anunciado el Ministerio.
Según las agremiaciones, el aumento de
12,22 por ciento propuesto para el régimen subsidiado está incluso por debajo
de la inflación causada para 2022, no tiene en cuenta la proyectada para el
2023 y está en contravía de lo dicho por la Corte Constitucional y el propio
Ministerio de Salud en el sentido de avanzar hacia la igualación de la UPC
entre los dos regímenes.
ALERTA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS
A este panorama se suma la difícil
situación financiera que enfrenta el sector de las EPS durante 2022, que por
cuenta de múltiples factores ha visto incrementar los valores de las atenciones
médicas y las frecuencias de uso de la población, dejando un déficit que, de no
revisarse estructuralmente, continuará el próximo año.
Los gremios de forma conjunta hacen un
llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, para que antes
del fin del año aceleren los pagos pendientes por cerca de $ 2,6 billones que
tiene con las EPS y a que revise el incremento de la UPC de cara a factores que
inciden en su valor.
A los factores mencionados se suman los
gastos no esperados de la población trasladada de manera forzosa por las
liquidaciones de EPS, que traen una siniestralidad importante y atenciones
represadas que se deben atender con urgencia, los efectos del covid prolongado
y los mayores costos de los medicamentos y dispositivos, entre otros.
En muchas EPS se esperan
siniestralidades superiores al 100 por ciento de la UPC, por lo que el no
reconocimiento de todos los factores puede llevar a la inviabilidad financiera
de muchas de estas entidades que hoy son las responsables de garantizar el
acceso a la salud de millones de personas, entre las que se destacan quienes
están en tratamientos en curso, sufren de enfermedades crónicas o tienen factores
de riesgo en salud.
LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO
Lo anterior indica que las EPS esperan
que siga existiendo volumen de pacientes en los servicios de salud de las EPS -cuya
costumbre es adeudar a hospitales y clínicas miles de millones de pesos- y, con
encuestas y cálculos, argumentan que el incremento a la UPC que quiere hacer el
gobierno es insuficiente, ante lo que el Ministerio no se ha pronunciado.
Sin embargo, la perspectiva del Gobierno
es la salud preventiva, con lo cual le apunta a la disminución del número de
personas que acuden a consultas. Esto en atención a lo que ha dicho el
presidente Gustavo Petro desde que estaba en campaña y lo cual es una firme decisión
que la ministra Corcho está promoviendo apoyar.
En una audiencia pública celebrada en
Manizales, Caldas, el pasado diciembre 10, la ministra Corcho expresó que “el
triunfo de un Sistema de Salud es que menos personas lleguen a la
hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos”, servicios que resultan ser
los de más alto costo y con menos saldo de vidas salvadas.
Por eso, sostuvo la jefe de la cartera “requerimos
que la atención primaria en salud con esos equipos extramurales que vayan a los
territorios con la enfermera, el odontólogo, el sicólogo y aquellas poblaciones
vulnerables que no alcanzan a tener transporte para llegar a los hospitales
pueden ser atendidas en sus territorios en sus escuelas, en sus casas”, lo que
bajaría los costos de las EPS.
“Tengan ustedes la certeza, que lo que vaya a hacer el gobierno es para mejorar, para construir sobre lo construido. No va a desmejorar la vida de ningún ciudadano con la reforma a la salud”, señaló Corcho siendo citada en un video que compartió el ministerio por Twitter.
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