Los gremios señalan que las necesidades de salud de colombianos y migrantes estarían en riesgo para el próximo año

Esta situación se podría presentar, según los gremios, por la insuficiencia del incremento de un porcentaje que se paga por cada paciente, pero la idea del gobierno, en contraste con los cálculos gremiales, es que haya menos gasto.

El Ministerio de Salud define la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado y, según el borrador de resolución publicado por el Ministerio de Salud para comentarios, el incremento de la UPC para 2023 sería de 16,23 por ciento para el primero y de 12,22 por ciento para el segundo, ante lo cual las EPS pidieron mayor aumento por medio de un comunicado, pero el Ministerio ya ha hecho declaraciones que darían respuesta a la solicitud.

LA ALERTA SOBRE LOS PACIENTES

Tras conocer el proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social por medio del cual se fijan los aumentos en la UPC para 2023, Acemi, Gestarsalud y Asocajas advierten sobre la insuficiencia del incremento propuesto para cubrir las crecientes necesidades de salud de la población colombiana y de los millones de migrantes venezolanos que están cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Los análisis de los gremios, que de forma conjunta representan a cerca de 50 millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, señalan una desfinanciación que comprometería la garantía del derecho a la salud de los colombianos y el flujo de recursos para los prestadores de servicios de salud.

Este aumento resulta insuficiente debido a que las frecuencias de uso de servicios han aumentado, registrando los máximos históricos desde que se cuenta con estadísticas. Además, tuvieron en cuenta la inflación que va en 12,53 por ciento lo corrido del año y que la devaluación está por encima del 25 por ciento.

Estudios independientes como la encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos muestran que el 21 por ciento de los encuestados ha aumentado la solicitud de citas, exámenes y procedimientos después de los anuncios de reforma al sistema hechos por el Gobierno, y es de esperar que la incertidumbre crezca el próximo semestre, cuando se conozca el texto definitivo de la reforma que ha anunciado el Ministerio.

Según las agremiaciones, el aumento de 12,22 por ciento propuesto para el régimen subsidiado está incluso por debajo de la inflación causada para 2022, no tiene en cuenta la proyectada para el 2023 y está en contravía de lo dicho por la Corte Constitucional y el propio Ministerio de Salud en el sentido de avanzar hacia la igualación de la UPC entre los dos regímenes.

ALERTA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS

A este panorama se suma la difícil situación financiera que enfrenta el sector de las EPS durante 2022, que por cuenta de múltiples factores ha visto incrementar los valores de las atenciones médicas y las frecuencias de uso de la población, dejando un déficit que, de no revisarse estructuralmente, continuará el próximo año.

Los gremios de forma conjunta hacen un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, para que antes del fin del año aceleren los pagos pendientes por cerca de $ 2,6 billones que tiene con las EPS y a que revise el incremento de la UPC de cara a factores que inciden en su valor.

A los factores mencionados se suman los gastos no esperados de la población trasladada de manera forzosa por las liquidaciones de EPS, que traen una siniestralidad importante y atenciones represadas que se deben atender con urgencia, los efectos del covid prolongado y los mayores costos de los medicamentos y dispositivos, entre otros.

En muchas EPS se esperan siniestralidades superiores al 100 por ciento de la UPC, por lo que el no reconocimiento de todos los factores puede llevar a la inviabilidad financiera de muchas de estas entidades que hoy son las responsables de garantizar el acceso a la salud de millones de personas, entre las que se destacan quienes están en tratamientos en curso, sufren de enfermedades crónicas o tienen factores de riesgo en salud.

LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO

Lo anterior indica que las EPS esperan que siga existiendo volumen de pacientes en los servicios de salud de las EPS -cuya costumbre es adeudar a hospitales y clínicas miles de millones de pesos- y, con encuestas y cálculos, argumentan que el incremento a la UPC que quiere hacer el gobierno es insuficiente, ante lo que el Ministerio no se ha pronunciado.

Sin embargo, la perspectiva del Gobierno es la salud preventiva, con lo cual le apunta a la disminución del número de personas que acuden a consultas. Esto en atención a lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro desde que estaba en campaña y lo cual es una firme decisión que la ministra Corcho está promoviendo apoyar.

En una audiencia pública celebrada en Manizales, Caldas, el pasado diciembre 10, la ministra Corcho expresó que “el triunfo de un Sistema de Salud es que menos personas lleguen a la hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos”, servicios que resultan ser los de más alto costo y con menos saldo de vidas salvadas.

Por eso, sostuvo la jefe de la cartera “requerimos que la atención primaria en salud con esos equipos extramurales que vayan a los territorios con la enfermera, el odontólogo, el sicólogo y aquellas poblaciones vulnerables que no alcanzan a tener transporte para llegar a los hospitales pueden ser atendidas en sus territorios en sus escuelas, en sus casas”, lo que bajaría los costos de las EPS.

“Tengan ustedes la certeza, que lo que vaya a hacer el gobierno es para mejorar, para construir sobre lo construido. No va a desmejorar la vida de ningún ciudadano con la reforma a la salud”, señaló Corcho siendo citada en un video que compartió el ministerio por Twitter.