Los procesados son un funcionario de una entidad adscrita a la Gobernación de Quindío y un representante de una entidad de orden mixto en Caldas, los cuales consideran que son inocentes.
La Fiscalía General de la Nación avanza en una segunda fase investigativa contra una organización delincuencial que se habría apropiado de la contratación pública en varios departamentos del país, cuyo articulador sería el senador de la República, Mario Castaño.
LOS PROCESADOS
En esta oportunidad fueron presentados
ante un juez de control de garantías el gerente de la Empresa para el
Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío’, Pablo César Herrera Correa; y el representante
legal de la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cafetero, James Peña Garzón,
quienes estarían involucrados en distintas maniobras irregulares de
contratación.
El material de prueba da cuenta de que
Herrera Correa suscribió dos contratos interadministrativos con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en agosto y noviembre de 2021,
por valor de 22.173 millones de pesos y 49.460 millones de pesos, respectivamente.
Los convenios contemplaron la
construcción de carreteras y la adecuación de vías terciarias en cerca de 20
municipios de Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas. En la investigación se
estableció que, para ejecutar las obras, esta persona celebró 10 contratos con
empresas que habría referenciado el congresista señalado de pertenecer a la red
de corrupción. Al parecer, el senador recibió a cambio entre 10% y 15% del
valor total de cada contrato.
Respecto a Peña Correa se estableció
que, inicialmente, acudió ante dos ministerios y obtuvo recursos para proyectos
turísticos y culturales. Las evidencias indican que, presuntamente, se apropió
de 1.228 millones de pesos y entregó 300 millones de pesos a una supuesta
enviada del congresista que habría intercedido para lograr el desembolso de los
rubros solicitados.
Luego, a finales de 2021, este hombre,
al parecer, dio 20 millones de pesos en efectivo a la misma intermediaria del
senador con el propósito de que gestionara dineros para programas turísticos en
una población de Caldas. Aquí se pactó 20% de la suma que le fuera asignada al municipio.
CARGOS NO ACEPTADOS
Una fiscal de la Dirección Especializada
contra la Corrupción imputó a Pablo César Herrera los delitos de concierto para
delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos; mientras
que a James Peña Garzón les imputó los delitos de concierto para delinquir
agravado y peculado por apropiación.
Los cargos no fueron aceptados por lo procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario.
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