Mediante preacuerdo, el ex funcionario aceptó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
Actos investigativos realizados por la Fiscalía General de la Nación establecieron que el ex fiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo participó en una red de corrupción, la cual interceptó ilegalmente las comunicaciones de profesionales y representantes de empresas y sindicatos entre 2017 y 2018.
INTEGRANTE DE UNA RED
Esta persona utilizó su cargo para
concertarse ilícitamente con otros funcionarios y particulares con el propósito
de obtener información privada y corporativa que, posteriormente, fue comercializada
a terceros. En el curso del proceso fueron documentados siete eventos distintos
en los que faltó a su deber constitucional y fue invadida la privacidad de las
víctimas.
En todos los casos que se le atribuyen
al ex fiscal, las órdenes de interceptación fueron legalizadas ante jueces de
control de garantías con documentos que contenían datos y hechos contrarios a
la verdad, lo que hizo incurrir en error a los diferentes despachos judiciales.
FALLO CONSENSUADO
El señor Martínez Lugo, mediante
preacuerdo, aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad. Este
reconocimiento fue avalado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
que lo condenó a siete años y tres meses de prisión por los delitos de
concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y violación
ilícita de comunicaciones.
El fallo dispone que la pena se cumplirá
en centro carcelario y que el sentenciado deberá pagar una multa de 302
millones de pesos; además de enfrentar inhabilidad de 87 meses para ejercer cargos
públicos. “La Fiscalía ha llegado a exponer un preacuerdo claro, respetuoso y verdaderamente
conectado con las funciones profundas de estos mecanismos de justicia”, precisó
el Tribunal Superior en la decisión.
Durante la audiencia en la que la Fiscalía presentó el preacuerdo, el ex funcionario judicial ofreció excusas públicas. Pidió perdón a la Fiscalía, la Rama Judicial, las víctimas y la sociedadpor sus actos delictivos y los daños causados.
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