De igual manera se imputaron cargos a cuatro personas naturales vinculadas con la Sociedad, quienes presuntamente habrían facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado y/o tolerado la infracción por la cual se investiga a la sociedad.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, formuló pliego de cargos en contra de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (SPRBUN) para determinar si ésta implementó un sistema anticompetitivo orientado a impedir y dificultar la prestación de los servicios de operación portuaria que realizan los diferentes agentes en el Puerto de Buenaventura, infringiendo la prohibición general del régimen de competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
INVESTIGADOS
Como infractor se determinó a SPRBUN en
calidad de persona jurídica y en calidad de personas naturales a Víctor Julio
González Riascos, ex representante legal, ex gerente general de SPRBUN y quien
actualmente es miembro suplente de junta directiva de la Sociedad.
Así mismo a Fernando Arturo Aulestia
Marín, gestora comercial de SPRBUN, Jorge Andrés Gallegos Collazos, ex gerente
comercial de SPRBUN y Marco Antonio Vacca García, jefe de planeación y
operación terrestre senior de la empresa.
EL CASO
La investigación se inició luego de que
la Superintendencia de Industria y Comercio recibiera varias quejas presentadas
por operadores portuarios, agencias de aduanas y usuarios del Puerto de
Buenaventura, así como por algunas autoridades como la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En el marco de la actuación
administrativa la Superintendencia evidenció que, por lo menos desde 2013,
SPRBUN habría aprovechado su rol como administrador de la infraestructura del
Puerto de Buenaventura, para así implementar un conjunto de comportamientos y
estrategias que le permitieran incrementar indebidamente su participación y la
de sus empresas afiliadas (ZELSA y TECSA) en las actividades de operación
portuaria que se prestan al interior del puerto.
Esta estrategia habría afectado a los usuarios
y operadores del Puerto de Buenaventura, los cuales se vieron sometidos a
restricciones para la movilización de contenedores, obstáculos para realizar el
manejo de la carga y el doble cobro de algunos servicios portuarios (pesaje),
entre otras afectaciones. Además, SPRBUN habría dado un trato privilegiado a
aquellos usuarios que contrataran directamente los servicios de operación
portuaria con SPRBUN o con sus empresas afiliadas, en perjuicio de los
operadores portuarios independientes.
La Superintendencia de Industria y
Comercio podrá imponer multas hasta de 100 000 salarios mínimos (SMLMV) por
cada infracción al régimen de libre competencia, y a las personas naturales que
sean halladas responsables de hasta de 2000 SMLMV por cada infracción.
Contra la decisión no procede ningún recurso.
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