El máximo tribunal de lo constitucional determinó que esta cartera vulneró el derecho a la consulta previa y el derecho al debido proceso de un colectivo, del Corregimiento de Boquerón, Cesar.
Así lo concluyó la Corte Constitucional luego de analizar una tutela interpuesta por el Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza -COCONEBO-, del Corregimiento de Boquerón, Cesar, contra el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- y el Ministerio del Interior (MinInterior).
REVISIÓN DE LA DECISIÓN
Los jueces de instancia negaron el
amparo solicitado porque a su juicio, el ejecutor del proyecto adelantó los
trámites de la consulta previa en los términos previstos por la ley y porque la
comunidad debió interponer los recursos de ley en contra de la certificación
N°0563 de 2019. 119.
La Sala Sexta de Revisión, con ponencia
de la ahora exmagistrada Gloria Stella Ortiz, reiteró la jurisprudencia
relacionada con el carácter pluralista y multicultural del Estado, el derecho
de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, con énfasis en las
comunidades negras ubicadas en el caribe colombiano, el derecho a la autonomía de
los pueblos tribales y la consulta previa.
Respecto al caso concreto, la Sala
sostuvo que el Ministerio del Interior vulneró el derecho a la consulta previa
del colectivo étnico. En efecto, se determinó que la obra a desarrollar por el
GEB impactaba directamente a la comunidad indígena, en tanto afecta el hábitat
de las especies nativas ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica de
las cuales la comunidad deriva parte de su sustento.
En consecuencia, las entidades demandadas
vulneraron el derecho a la consulta previa de la comunidad accionante al no
incluirla en los colectivos étnicos registrados en la certificación N°0563 del
17 de octubre de 2019.
Y, del otro, desconoció el derecho al
debido proceso de la comunidad en el trámite de certificación de presencia de
comunidades étnicas en la zona de influencia del proyecto a cargo del GEB,
entendido como una garantía indispensable del derecho a la consulta previa.
Así mismo, la Corte determinó que la
autoridad nacional de consulta previa vulneró el debido proceso de la
comunidad, porque el Ministerio del Interior a pesar de conocer la existencia
del grupo y su ubicación, impidió su participación en la expedición de la
Certificación N°0563 del 17 de octubre de 2019, omitió estudiar el impacto del
proyecto en la comunidad y desatendió los llamados posteriores del GEB que
pedían estudiar la situación de la comunidad.
“La vulneración de los derechos está
íntimamente ligada a la exclusión de la comunidad de la base de datos del
MinInterior. Se advierte que el consejo comunitario realizó todas las
actividades que tenía a su alcance para lograr su reconocimiento. En todo caso,
la dependencia mencionada se lo impidió, a pesar de tener conocimiento sobre el
adelantamiento del trámite de la titulación de territorios colectivos. Por tal
razón, esas actuaciones conllevaron al desconocimiento del derecho a la
consulta previa”, agrega el fallo.
Finalmente, el Alto Tribunal analizó los
remedios constitucionales que podrían resultar apropiados para garantizar los
derechos de la comunidad accionante. En ese escenario, resolvió que ordenar la
suspensión del trámite de licenciamiento ambiental y dejar sin efectos la
mencionada certificación resultaba desproporcionado.
RECOMENDACIONES Y ÓRDENES
Según el análisis de la Sala, existen
medidas menos lesivas de los derechos de terceros que, a su vez, garantizan de
forma suficiente los derechos de la comunidad accionante, como, por ejemplo la
ejecución del trámite de consulta previa con la comunidad, la inclusión de los
acuerdos en el trámite de licenciamiento ambiental, la inscripción de la
comunidad en la base de datos administrada por la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del MinInterior,
así como exhortar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa de
la misma cartera para que notifique en debida forma las certificaciones que
expida en los trámites de consulta previa.
Como consecuencia de todo lo anterior,
la Corporación llamó la atención del MinInterior para que, en lo sucesivo,
tenga en cuenta que muchas comunidades étnicas no están incluidas en las bases
de datos de la entidad, ni cuentan con territorios colectivos titulados, pese a
lo cual su existencia puede producir la necesidad de ser oídos cuando se
adelantan proyectos que puedan afectar directamente sus derechos.
De manera que, las revisiones formales de los registros de la entidad o los meros contrastes cartográficos resultan insuficientes para determinar la posible afectación directa de un colectivo étnico. De ahí que la Corte revocó la decisión revisada; en su lugar, amparó los derechos del consejo comunitario accionante.
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