Una mujer decidió perder el miedo y teniendo como prueba una llamada denunció ante las autoridades la exigencia de dádivas a cambio de obtener y mantener su empleo en una entidad del Distrito.
La Fiscalía General de la Nación
presentó ante un juez de control de garantías a Diego Armando Posada Vargas, un
excontratista de la Alcaldía de Usme, en el sur de Bogotá, como presunto
responsable de exigir dinero a una conocida para garantizarle su incorporación
y permanencia en la planta de personal de la entidad.
LAS EXIGENCIAS ECONÓMICAS
El procesado, que se desempeñó como profesional universitario en la alcaldía local, le habría ofrecido a una mujer un cargo por prestación de servicio en febrero de 2021, con una asignación mensual de $6’500.000. A cambio, la persona favorecida, al parecer, debía entregarle una mensualidad de $600.000 hasta la terminación del contrato.
La vinculación se realizó, pero la
contratista argumentó que la suma exigida era muy alta y no podía cumplirla. En
la investigación se constató que, ante el incumplimiento, habría empezado a ser
víctima de acoso laboral y sobrecarga en sus actividades. Adicionalmente, le
exigían trabajo presencial y no le permitían cumplir sus funciones virtualmente,
como estaba definido con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio
decretado por el COVID-19.
Según expresó el ente acusador en la
audiencia, la mujer “fue víctima de acoso laboral pues se le asignaron trabajos
en mayor proporción, toda vez que aunque estaban en un régimen de semipresencialidad
se le hizo concurrir con mayor frecuencia situaciones estas que las percibió
como un modo de desestimular su vinculación y por ello formuló queja
disciplinaria la cual se radico ante la Personería Local de Usme con copia
control disciplinario y en las mismas fueron expuestas las cuestiones relativas
a las presuntas faltas disciplinarias”.
PRUEBAS Y ACUSACIÓN
En una llamada que fue revelada en la
audiencia y de la cual fue entregado un fragmento a los medios de comunicación
por parte de la Fiscalía, se escucha que Posada Vargas le dice a la mujer que
ya está todo listo, pero que le hace falta que el defina si está de acuerdo con
entregar el dinero exigido.
Según pregunta la mujer para confirmar,
el montó ya estaba cuadrado con “Jorge”, un hombre que no se relacionó en el
comunicado y estaría involucrado en el presunto acto ilegal, y frente a la duda
de la mujer el procesado le relaciona a otros contratistas que le estarían
entregando “aportes” de hasta un millón de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó a Diego Armando Posada Vargas el delito de concusión. El cargo no fue aceptado por el procesado.
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