Defensoría del Pueblo solicitó a Enel mayor coordinación con autoridades pero no cuestionó las acciones tardías

Durante una visita a la comunidad de El Charquito en Soacha, se impulsó un diálogo directo de las autoridades, la empresa y la comunidad para evitar que vuelva a registrarse una situación que ponga en riesgo a los habitantes de la cuenca media y baja del Río Bogotá.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo le solicitó a ENEL Codensa coordinar con las autoridades de Gestión de Riesgo de Desastres, la Gobernación de Cundinamarca, 14 alcaldes de municipios de la cuenca baja y media del río Bogotá y las comunidades, la apertura de las compuertas de Alicachín que regulan la caída del agua del Río Bogotá desde el municipio de Soacha, para prevenir afectaciones a los habitantes de las riberas.

LA SITUACIÓN EVIDENCIADA

El fin de semana algunos pobladores del corregimiento del El Charquito (Soacha) y el municipio de Tocaima resultaron afectados por el desbordamiento del río luego de que se diera apertura a las compuertas de Alicachín. En Tocaima fueron reportadas 64 familias que requieren atención inmediata.

Frente a lo anterior, el defensor del Pueblo escuchó a líderes comunales quienes le manifestaron sus quejas relacionas por la falta de acciones de prevención y mitigación por el desbordamiento del Río Bogotá y que han afectado a los habitantes de la ribera del río. Los habitantes se quejaron por los olores ofensivos, vectores, ingreso de aguas del río a sus casas, y pidieron su dragado e inversiones en infraestructura.

En el recorrido que adelantó Camargo, junto con los Defensores Regionales de Bogotá, Cundinamarca y Soacha, también solicitó verificar las vulneraciones a las comunidades por temas económicos, ambientales y sociales de los municipios afectados. Incluso pidió adelantar un inventario de los daños a la comunidad para cuantificar las pérdidas y orientar las acciones humanitarias.

RECORRIDO Y ACOMPAÑAMIENTO

En el recorrido que se adelantó, el defensor de Pueblo visitó las obras de la Estación Elevadora de Canoas, la Estación de Bombeo del Muña y el corregimiento El Charquito. En este último lugar señaló que el “diálogo franco de las instituciones públicas del orden municipal y departamental, las autoridades de gestión del riesgo, el Ministerio Público y la empresa privada con las comunidades es el camino adecuado para tomar las medidas necesarias que permitan prevenir que se ponga en riesgo la salud y la integridad de los ciudadanos”.

Finalmente, destacó que la Defensoría  acompañará las mesas de trabajo de la empresa, autoridades y comunidad y verificará que los compromisos se cumplan y no se vuelvan a presentar situaciones como la registrada en la madrugada del lunes, cuando “se abrieron las compuertas sin una adecuada coordinación y comunicación con las comunidades, de la Gobernación de Cundinamarca y de los municipios de cuenca media y baja del Río Bogotá”.

Sin embargo Camargo, quien hizo presencia cuando ya la alerta ha bajado, no consideró que si no se hubieran abierto las compuertas de Alicachín el lunes pasado, momento en el que Enel le informó a la Gobernación, a la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) y a las Alcaldías de la decisión tomada, los daños hubieran sido mayores, así como el número de damnificados y afectados.

El defensor tampoco consideró lo que hubiera podido suceder si Enel hubiera esperado respuesta de la Gobernación la cual, con su Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, inició acciones hasta el viernes, pero no reconoció las acciones de Enel, sino que pidió coordinación cuando se superó el mayor nivel de la alerta, el pasado lunes.