Este martes se conoció un tercer informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones del Paro Nacional que se han desarrollado desde el 28 de abril.
Al menos 3.954 víctimas de violaciones a
los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 de septiembre se
contabilizan como resultado de la represión a la protesta social en el país del
Sagrado Corazón, además de 136 hechos violentos nuevos, respecto de la segunda
comunicación enviada el 7 de junio, que hacen referencia a 1088 nuevas
víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 513. Asesinatos; violación y
violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física; desaparición forzada, entre otros, son
detallados en el informe.
DEMORA EN INVESTIGACIONES
En este más reciente consolidado, se señala
que existe una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de
los casos y se detalla como en los pocos casos en los que existe un avance procesal,
se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte
de los órganos judiciales, pues buena parte de las investigaciones se están
adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras, la Fiscalía ha decidido
investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la
responsabilidad de superiores jerárquicos.
LENTA INVESTIGACIÓN EN ASESINATOS
Frente a los homicidios, se advierte que
la Justicia Penal Militar está conociendo y tramitando cerca de 13 casos, pese
a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal
competente e independiente para conocer de estas conductas.
Por otra parte, señalan que desde la
Fiscalía General de la Nación se viene adelantando una estrategia de
ocultamiento y falsa justicia, lo cual se evidencia con que el organismo le
reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las
protestas sociales pero lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en
etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena. Además, señalan que estos
procesos están deliberadamente dirigidos contra autores marginales o de bajo
nivel, a pesar de existir indicios de la presunta responsabilidad de los
superiores jerárquicos.
LAS TORTURAS “NO EXISTEN” PESE A LAS PRUEBAS
En el informe se lanza una crítica al
hecho de que no exista ninguna línea de investigación de la Fiscalía de
Colombia por hechos de tortura, pese a evidencias que señala de “abrumadora”,
pues muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes, y
en particular las personas detenidas, cuyo caso icónico es el del músico Álvaro
Herrera Melo. En contraste, el informe detalla que únicamente se viene investigando
por tortura cuando las víctimas son agentes de la Policía Nacional.
Sumado a lo anterior, se refleja preocupación
por la situación de intimidación a víctimas y testigos como estrategia de
silenciamiento e impunidad. En ese sentido, se destaca el caso de Esteban
Mosquera, un reconocido líder del Paro y quien había perdido su ojo en 2018
tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón
Móvil Antidisturbios en una protesta en Popayán. Los autores denuncian que el asesinato
de Esteban, el pasado 23 de agosto, se suma a una serie de amenazas, atentados
y estigmatizaciones de las que han sido víctimas algunos jóvenes y líderes del
Paro Nacional, así como estudiantes y profesores de universidades del país, lo
que ha llevado a varios de ellos al exilio.
UN LLAMADO URGENTE
El informe a la Corte Penal
Internacional (CPI) concluye pidiendo al nuevo fiscal de la misma, Karim Khan,
que en su próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos
humanos y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal
Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los
presuntos máximos responsables.
De igual forma, le solicitan que dé cara
a la posible decisión de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones
Preliminares para iniciar una investigación formal en la CPI sobre la situación
del país, que incluya estos hechos en un
nuevo examen preliminar de cara a los crímenes referenciados en contexto de la
protesta social.
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