Presidente y secretario general del Concejo de Facatativá vetaron a El Observador Siglo XXI

Un veto parcial decidió ejercer desde hoy el concejal Diego Fernando Cabrera Monroy junto al ex concejal y hoy secretario general Iván Yesid Olaya Díaz en contra de éste medio de comunicación, al no permitirle intervenir en la sesión en la que se hablaba el tema de la reestructuración de la Administración Municipal.

En la mañana del día de hoy, se adelantaba en el recinto del Concejo de Facatativá una sesión ordinaria que tuvo como objeto ejercer control político y administrativo al secretario General de la Alcaldía, Edwin Medina, y en la cual el director de este medio iba aprovechar para solicitar la respuesta a algunos interrogantes, de la misma manera que ha hecho con otros asesores del despacho del alcalde Malo García desde el inicio del gobierno, teniendo en cuenta lo difícil que es la comunicación con ellos.

LO QUE MAL EMPIEZA...

Dos días antes, el periodista León solicitó el uso de la palabra como ha sido usual desde la presidencia del concejal liberal Arturo Niño pero desde su silla, el hoy presidente Cabrera -perteneciente al Partido Verde- le indicó al comunicador que debía inscribirse por Secretaría, medida que se establece en el artículo 77 del reglamento interno de la Corporación como el uso de la palabra de los asistentes a la barras en donde dice que “las personas que asistan a una sesión, y deseen intervenir, se solicitará por secretaría, y la hará saber al Presidente dicha intervención, y a su criterio, solicitará se decrete un receso para que se haga la intervención”.

Sin embargo, ese día, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Monarcas, al llegar al inicio de la sesión solicitó el uso de la palabra, se sentó en las barras, pero al final de las intervenciones de los concejales el presidente lo invitó a bajar al recinto para intervenir, para lo que no se decretó receso alguno.

Pero además del 77, los artículos 74 y 76 también hablan sobre intervenciones. Mientras que éste último es especifico en hablar sobre el uso de la palabra de los funcionarios, el 74 habla de las intervenciones y uso de la palabra, diciendo que el presidente debe autorizarlo, y que la mesa directiva fijará el tiempo de las intervenciones de los oradores, de acuerdo a la ley 974 de 2005, que fija reglas para las bancadas de miembros de Corporaciones Públicas y es clara al decir que modifica el reglamento del Congreso, no de los Concejos ni de las Asambleas dado que tienen autonomía.

La misma ley es clara primero al referirse de Corporaciones Públicas, que engloba Congreso, Juntas Administradoras Locales, Asambleas y Concejos, pero seguidamente y excluyendo a los tres últimos, sólo menciona al legislativo mayor -que puede darse su propio reglamento, pero no definir el de las otras Corporaciones, respetando su autonomía- y aun así habla de “oradores”, “ponentes” y “voceros” de los cuales no queda claro quiénes pueden pertenecer a la primera categoría, es decir, la de “oradores”, mientras que connota que los ponentes son los congresistas que presentan una Ley y deben exponerla y los voceros son quienes hablan por la bancadas, que están integradas por legisladores debidamente elegidos.

Claro lo anterior, el director de El Observador Siglo XXI allegó en la mañana de ayer un derecho de petición para solicitar el uso de la palabra en las sesiones ya programadas para el caso de requerirlo.

LA CENSURA

Y fue en el día de hoy cuando, al ver que faltaban dos intervenciones de los cabildantes, el comunicador alzó la mano para intervenir, pero no recibió respuesta ni negativa ni positiva, ni del secretario general ni del presidente quienes, ignorándole, continuaron el curso de la sesión cediéndole el uso de la palabra al secretario Medina para que respondiera las dudas.

En el término de la distancia el joven director se acercó a la Mesa Directiva y le preguntó al Secretario General que si no había recibido el derecho de petición, a lo que respondió que como era un derecho de petición, él tenía 10 días hábiles para responderlo. Es decir, el presidente y el secretario se tomarían esos días para pensar si le permitían hacer uso del derecho fundamental a la libertad de expresión al redactor, fecha para la cual el periodo de sesiones ordinarias ya habrá terminado, con lo que se ahorrarían la molestia de darle el uso de la palabra y pasando al parecer por encima del artículo 73 de la Constitución Política de Colombia.

Sin embargo, el secretario fue contra preguntado e invitado cordialmente a aclarar cuál era entonces el alcance del libre acceso a los periodistas, establecido por el parágrafo 5 del artículo 69 del reglamento interno del Concejo, pues no hay un límite entre el acceso físico y el acceso a los derechos como el de la intervención, a lo que no se recibió respuesta.

UN VETO PARCIAL MOTIVADO

Esta actitud del presidente, quien es el propietario públicamente reconocido de la discoteca Luna Morena -tanto que un reconocido arquitecto lo nombró en redes sociales con ocasión de una disputa de unos menores que salieron minutos antes de su discoteca de una fiesta organizada por el Instituto de Deportes-, hacia el medio de comunicación tiene sus orígenes en un derecho de petición que éste le envió el pasado martes, mayo 16, con el objetivo de saber su experiencia en las reuniones que ha sostenido con los representantes legales de la Zona T y Plan B -quienes lo debilitaran en el negocio de la rumba por usar la figura de clubes sociales- en su oficina y en las que naturalmente se ha abordado de lleno el tema de los nuevos horarios y su posible extensión, asunto del que por ahora sólo se menciona como referencia, pues actualmente este diario web adelanta una investigación al respecto que podría destapar un gran escándalo y prueba de ello es la actitud del presidente del Concejo, el Concejal Diego Cabrera.

Pero quizá no es solo eso, pues en el derecho de petición de intervención enviado la mañana de ayer vía web se le solicita la intervención en el debate de las sesiones, sino también el uso de la palabra en el punto “varios” del orden del día, a lo que muy posiblemente él considera que es para solicitarle verbalmente respuesta -por ser expedita manera- de asuntos concernientes a sus funciones en la presidencia y a algunos contratos, ya que para este medio es imposible esperarlo durante más de tres horas afuera de su despacho, para terminar recibiendo evasivas.

De tal manera que El Observador Siglo XXI ya inició una ruta para sobrepasar este innegable acto de censura, que incluye a los entes de control y no dejará de asistir al cabildo a no se de que le prohiban el ingreso.