La Contraloría General de la República determinó un daño patrimonial al Estado de $1.765 millones de pesos por el menor valor percibido en el proceso de venta en subasta pública de vehículos de propiedad del Senado de la República, que se dio a través un contrato desarrollado por la Comercializadora Nave Ltda.
El organismo de control anunció los resultados definitivos de las diligencias que adelantó frente a la denuncia que sobre irregularidades en estos procedimientos presentó el Senador Luis Fernando Velasco, ex presidente del Congreso.
En la actuación, realizada por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, se determinaron varios hallazgos en la evaluación realizada a la ejecución del contrato No.420 de 2012, suscrito por el Senado de la República con la comercializadora Nave Ltda, cuyo objeto corresponde a la contratación de los servicios de un promotor o profesional idóneo, para la subasta pública de estos vehículos.
Los hallazgos están relacionados con inconsistencias en los procesos de baja y enajenación de los vehículos que conforman el parque automotor del Senado.
La Contraloría encontró incumplimientos e irregularidades en los procesos de traspaso de vehículos y motocicletas, toda vez que se adelantaron por fuera de los términos legalmente establecidos, con el agravante que aún existen bienes que, no obstante haber sido adjudicados, figuran ante los organismos de tránsito como de propiedad del Senado de la República.
Algunos de estos vehículos se traspasaron a nombre de persona indeterminada, y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de las subastas.
IRREGULARIDADES EN PERMISOS DE USO DE BLINDAJE
Se determinó igualmente que para los vehículos blindados subastados, solo en algunos casos se realizaron los trámites de solicitud de permiso de uso de blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de manera que en los demás casos se hizo la entrega material de los vehículos sin haber obtenido el permiso de dicha entidad.
También se verificó que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso ante la citada Superintendencia.
Es preciso destacar que aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló en octubre de 2015 las autorizaciones primarias de blindaje para los vehículos subastados y determinó la necesidad de estudiar la procedencia de la autorización otorgada, su entrega material implica que los vehículos blindados puedan transitar en manos de particulares sin la autorización correspondiente.
Otras de las irregularidades identificadas se relaciona con la finalización de la vigencia de las garantías del contrato No.420/12, las cuales no fueron renovadas y el contrato se encuentra en etapa de liquidación con obligaciones pendientes por parte del contratista.
LOS VEHÍCULOS FUERON VALORADOS DE MANERA ERRÓNEA
En materia fiscal se encontró que en algunos casos existen diferencias entre las características de los bienes subastados que fueron tenidas en cuenta para la realización de los avalúos, y las características que figuran en los certificados de tradición, especialmente en la línea, modelo y cilindraje de los vehículos, así como una aplicación inexacta de los valores de las tablas emitidas por el Ministerio de Transporte. Estas diferencias implican valoración errónea de los bienes.
Adicionalmente, en el avalúo de los vehículos se omitió incrementar el 10% del valor cuando los vehículos son blindados, y se realizaron descuentos por conceptos que no corresponden a los permitidos en la ley o a la dinámica de ejecución del contrato, entre ellos "descuento por vicios ocultos", pese a que los bienes se venderían "en el estado en que se encuentran", y "otros descuentos" que incluyen "logística de retiro, tiempos de entrega, tiempos de reventa y fluctuación del mercado", es decir costos ya comprendidos en la comisión del intermediario comercial.
Producto de los ajustes en el cálculo de los avalúos, la Contraloría General de la República determinó la existencia de un hallazgo con connotación fiscal, resultado de la diferencia entre el valor cancelado y el que debió calcularse y pagarse en favor de la Dirección del Tesoro Nacional por concepto tanto del impuesto Ley 11/87 como de los bienes subastados.
Esta diferencia representa una gestión fiscal antieconómica derivada del menor valor percibido en el proceso de enajenación de los bienes, lo cual genera, como se indicó al principio, un daño al patrimonio del Estado por valor de $1.765 millones
¿CONTRALORÍA EN EXTINCIÓN?
Precisamente le Contralor General, Edgardo Maya Villazón, ha entrado con grandes descubrimientos al Ente de Control, luego de un escandaloso manejo de la entidad por parte de la ex contralora Morelli, y se mostró en desacuerdo con aspectos sustanciales del proyecto de acto legislativo que suprime la Contraloría General de la República y crea en su lugar un Tribunal de Cuentas, como el hecho de que sigan funcionando las contralorías territoriales y el control fiscal pierda su autonomía e independencia.
"Quiero que se tenga en cuenta que la Contraloría General de la República es una entidad totalmente profesionalizada, donde el 96% de sus 4.300 funcionarios están en carrera administrativa, con un promedio de experiencia de 20 años en la entidad", subrayó el Contralor para dejar claro que:"Una reforma que se le haga al control fiscal en Colombia tiene que tener en cuenta el aspecto laboral, la situación de los servidores públicos, y no puede convertirse en una masacre laboral para quienes han estado prestando sus servicios por 20 y hasta 30 años a la Contraloría General de la República".
Maya Villazón insistió en que la organización del sistema de control fiscal en Colombia está en un momento crítico, en un "verdadero caos". Es un control fiscal disperso, donde existen 64 contralorías, sumando la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, y donde cada una de ellas actúa de forma autónoma e independiente, indicó.
El Contralor consideró contradictorio que este acto legislativo, de iniciativa del Representante Rodrigo Lara, acabe con la Contraloría General de la República mientras simultáneamente sigan funcionando las contralorías departamentales y municipales, aunque vayan a existir Cortes de Cuentas de carácter departamental.
"Lo más grave que me parece a mí del acto legislativo es que este Tribunal de Cuentas sea un órgano consultivo del Congreso de la República", expresó con preocupación el Contralor Maya Villazón. "Esto le quita autonomía a la Corte de Cuentas y en el evento de que haya una Contraloría General de la República hay que mantener el criterio de que hay autonomía e independencia", sostuvo.
"La posición nuestra es que tiene que haber un control fiscal, donde exista una Contraloría General de la República única y que el juicio de responsabilidad fiscal debe adelantarlo un Tribunal de Cuentas", enfatizó. La contrapropuesta del Contralor Maya Villazón es que se dé la oportunidad de contar con un órgano de control fiscal fuerte y robusto, que luche contra la corrupción, como sería la actual Contraloría General de la República, absorbiendo las contralorías territoriales.
El Contralor consideró que, de otra parte, el acto legislativo elimina el control posterior y selectivo que ejerce hoy la Contraloría General de la República y, además, no define cómo van a ser las funciones en el juicio de responsabilidad fiscal en el entendido de que no se dé el detrimento patrimonial y el deterioro de los bienes y recursos públicos.
También se mostró en desacuerdo con la propuesta del acto legislativo en el sentido de que la Corte de Cuentas controle los fondos de los partidos políticos, función que la Constitución atribuye como competencia del Consejo Nacional Electoral. La conclusión del Contralor es que en el Congreso debe hacerse un estudio muy juicioso de este proyecto de acto legislativo donde, teniendo en cuenta observaciones como estas, se llegue a un consenso.
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