Siete agentes de la Policía que al parecer hacían parte del cuerpo de seguridad de una banda delictiva dedicada a falsificar y adulterar licores nacionales y extranjeros fueron cobijados con medida de aseguramiento por parte de un juez de control de garantías. No aceptaron cargos.
La investigación indica que este grupo de policías eran realmente el equipo de escoltas de los carros de los delincuentes, cuyas bodegas localizadas en el Centro Comercial La Sabana fueron objeto de allanamiento por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el pasado 17 de junio del 2016.
La Fiscalía encontró que estos siete hombres colaboraban presuntamente en el proceso de llevar los embarques de licor desde los alambiques y bodegas hasta el mismo centro comercial La Sabana, donde se expendía como si fuera realmente importado whisky, rones, ginebras y otros licores. Por este trabajo y dependiendo de lo transportado, la investigación muestra que percibían entre cien mil y tres millones de pesos por camión escoltado.
En un gran operativo que involucró varias tractomulas cargadas con el licor incautado, el CTI lo destruyó, en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), en condiciones amigables con el medio ambiente.
En el operativo realizado ese 17 de junio, en una operación simultánea realizada en Socorro (Santander), Santa Marta (Magdalena) y Bogotá, el CTI realizó 50 allanamientos y decomisó licor avaluado en aproximadamente 10.000 millones de pesos.
Asimismo, se encontraron 50.000 elementos para adulterar licor como cajas, marquillas, tapas. En total hallaron 200.000 unidades de whisky, ron, aguardiente y otros licores.
En la acción también fueron detenidos los hermanos María Asunción Romero Herrera y Miguel Angel Romero Herrera, quienes serían los responsables de este comercio ilícito.
Precisamente esta mujer fue hallada escondida en una caleta que tenían en su casa luego de que los investigadores del CTI ingresaran al predio en que vivía con su esposo, un miembro de la Policía que fue investigado por obstrucción a la justicia luego de que negara la presencia de Romero en la vivienda.
Estas personas fueron dejadas en libertad por un juez; pero posteriormente el 17 de agosto del 2016 se logró la captura de Miguel Ángel Romero Díaz, presunto líder de la banda; Donail Cáceres Perdomo y Segundo Oliverio Gómez González.
Este proceso de indagación, adelantado por la Fiscalía 2 del Eje Temático de Protección a la Propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones, los Bienes Culturales de la Nación y la Moneda Legal adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales, permitió vincular en su segunda fase a los dos intendentes y cinco patrulleros de la Policía, que acaban de ser asegurados.
La investigación los vincula con los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y cohecho propio. Dos de ellos fueron enviados a prisión y los otros cinco con detención domiciliaria.
Los asegurados son el intendente jefe Harold Enrique Rojas Pachecho, intendente jefe, fue enviado a la cárcel La Picota, y el patrullero Víctor Alfonso García García, preso en La Picota. En cuanto al intendente Laurencio Durán Pinto y los patrulleros Álvaro Hernán Corzo López, José María Romero Romero, Edwin Hernán Álvarez Hernandez y Yonnys Díaz Guerrero, les dieron detención domiciliaria.
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