Foto: Rodrigoavilatv.com
EL CIERRE QUE NO LOGRÓ IMPEDIR CALIFA
A las 7:30 de la noche la inspectora Luz Miriam Matiz llegó acompañada de una unidad motorizada de policía para hacer efectiva una resolución administrativa que ordenaba el cierre definitivo de un establecimiento comercial en la zona comercial de la Urbanización Los Cerezos por ley 232, que en los papeles aparecía como licorera, pero, al mejor estilo de un café-bar, tenía un sitio para personas que quisieran sentarse a departir un trago.
En este lugar se encontraban algunos funcionarios de la Fiscalia en Facatativá, que cuando vieron que inició la diligencia, salieron del lugar y después de cerca de media hora, desaparecieron. Quien apareció luego fue el abogado César Iván Califa Montaña, que resultó siendo el apoderado de la pareja dueña del establecimiento. De boca del abogado se conoció que esa diligencia se había desarrollado también el día anterior y resultó frustrada, dado que el abogado alega que los documentos con los que la alcaldía soporta la resolución que ordena el cierre, eran falsos y no correspondían a la realidad del requisito en el cual fallaron los propietarios del sitio, a ojos de la administración.
El documento básico por el que el abogado quería impedir el cierre, es nada más y nada menos que el de uso de suelos, en donde se centro la discusión, que se subió de tono por momentos. La administración aduce que el lugar donde se sitúa el establecimiento corresponde al Área Funcional Centro, y según las fichas urbanísticas esta actividad -de expendio y consumo de licor- está prohibida ser desarrollada allí. El abogado afirmó que el lugar corresponde al Área Funcional Occidente, y que en ésta área sí se puede ejercer dicha actividad. Este argumento también fue esgrimido por el abogado la noche anterior, cuando la diligencia iba a cumplirla otra inspectora.
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Sin embargo el abogado falló porque dejó vencer lo términos, es decir, que no se presentó personalmente como apoderado a ser notificado, por lo que la notificación se dio por aviso y no se enteró. Sin embargo en un principio el abogado manifestó que no iba a dejar cerrar el establecimiento, pero reflexionó luego dado que la inspectora le dijo que lo judicializaría por no dejar desarrollar la orden del acto administrativo. Nada qué hacer, perdió el abogado y el establecimiento fue cerrado. Una licorera vecina se encuentra en proceso de ser cerrada.
La inspectora invitó al abogado Califa a que interpusiera una tutela.El personero brilló por su ausencia, aunque fue convocado por la inspectora y requerida su presencia por el abogado Califa. Su conocimiento sobre el POT hubiera dado luces a la situación, pues él fue Concejal para la época de la firma del Decreto 069 de 2002. Este medio comprobó que la Urbanización Los Cerezos, según el POT vigente, pertenece al Área Funcional Occidente. La resolución de cierre definitivo la firmó el director de seguridad, Daniel Serrato, pues el secretario Zuleta alegó conflicto de intereses.
LICOR ADULTERADO
Luego de cumplida la diligencia en Los Cerezos, la inspectora se encontró con una amplia delegación del Grupo Anticontrabando de la gobernación de Cundinamarca (GAC) -creado hace cuatro meses-, que programó una visita sorpresa a establecimientos de comercio dedicados al expendio y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de verificar que el licor sea no estuviera adulterado. Tres patrullas motorizadas estaban dispuestas para acompañar la operación en este sector.
Cerca de 25 establecimiento de comercio ubicados en la Área Funcional Periferia Urbana -sector de Chicó, Manablanca y Cartagenita- fueron objeto de la revisión por parte del GAC -incluyendo la casa de lenocinio conocida como "La Y", pero en tan solo en el establecimiento ubicado en la calle 6A este con carrera 4 -Chicó-, se encontraron 5 litros y 4 medias de aguardiente Néctar. El establecimiento fue sellado y el propietario conducido a la celda de la sub estación de Cartagenita.
En la casa de lenocinio se logró llegar a un sótano, donde se acomodó una especie de alojamiento para las trabajadoras sexuales que deciden descansar allí luego de la jornada y aunque no se encontró nada raro, a los concurrentes a la visita les llamó la atención un aviso en dicho sótano que rezaba "las mujeres que fuman marihuana, por favor hacerlo en el cuarto del rincón, de lo contrario deberán pagar una multa de $50 000".
Luego de esta visita, el GAC y la inspectora, acompañados de una patrulla llegaron hasta el sector de rumba de el municipio. La visita se vio frustrada aquí, pues el GAC ha identificado que los dueños de estos denominados Clubes Sociales se comunican entre sí, cuando ven a las autoridades que les vigilan y ya están preparados para actuar frente a la visita.
Si la visita hubiera sido acompañada por más unidades policiales, se hubiera hecho la revisión del licor de manera simultánea y la visita hubiera resultado efectiva, pero la falta de unidades hizo que luego de visitar A&, el GAC decidiera dar por concluida la diligencia. Aunque tan solo fue un establecimiento en el que se encontró licor adulterado, integrantes del GAC dieron a conocer que la mayoría de licor inspeccionado, no fue comprado al distribuidor oficial de la Empresa de Licores de Cundinamarca, lo que aumenta el riesgo de presentarse la venta en algún establecimiento.
MÁS ESTABLECIMIENTOS SERÁN CERRADOS DEFINITIVAMENTE
Precisamente en la mañana de ayer, Diego Zuleta García, secretario de Gobierno de Facatativá, le exponía a la plenaria del Concejo, que lo invitó a hablar de la aplicación de la ley 232 de 1995 -que regula el funcionamiento de establecimientos de comercio- en el municipio, que el trabajo que se había emprendido con este propósito estaba dando más resultados que en años anteriores.
Foto: Concejo de FacatativáEl secretario Zuleta afirmó que a la fecha ya se han cerrado definitivamente 15 establecimientos -de los cuales 8 iniciaron el año pasado-, 2 menos que los realizados todo el año pasado, y además proyecto el cierre de 14 establecimientos más para este segundo semestre. Agregó que en el cuatrienio pasado se proyectó el cierre de 200 negocios, pero solo se cerraron 95. De tal manera que el secretario revelo que en la actualidad se adelantan 275 procesos por presunta infracción a la ley 232, de los cuales 40 iniciaron el año pasado, y 235 a años anteriores al 2015.
Añadió además el secretario que se han llevado dos operativos de inspección y vigilancia a establecimientos de comercio con el GAC, en los cuales se han encontrado 48 unidades de bebidas adulteradas.
Sin embargo los cabildantes y la comunidad expresaron a Zuleta que esperan que los operativos continúen y se hagan con el mayor rigor legal, sobretodo a aquellos establecimientos que expender licor cerca de instituciones educativas.
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