A pesar de los diferentes y frecuentes hechos vistos en los medios de comunicación de orden nacional que dan la sensación de un deterioro en el orden público durante el gobierno Petro, cifras oficiales y de ONG’s reflejan descenso en los finales fatales.
En las ultimas horas la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió un reporte sobre los hechos que generan intranquilidad en la población a lo largo del territorio nacional durante los primeros cinco meses del año y los comparó con el periodo inmediatamente anterior, mientras que por su parte la Organización No Gubernamental (ONG) Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha venido registrando en tiempo real masacres y asesinatos tanto de lideres sociales como de firmantes del Acuerdo de Paz desde 2019, mostrando un descenso de casos. Así mismo la Defensoría del Pueblo indicó que hay más conflictividad social, pero esta no se ha traducido en resultados fatales.
EL INFORME DE LA JEP
Según las cifras del mecanismo de monitoreo
de riesgos del Sistema Integral para la Paz, durante los primeros cuatro meses
del 2023, en tiempos de vigencia del cese bilateral del fuego con grupos
armados ilegales, se registró una reducción del 48 por ciento de los incidentes
armados contra la Fuerza Pública (emboscadas, enfrentamientos y hostigamientos)
por parte del Eln, EMC-Farc, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Autodefensas
Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Las cifras, evaluadas entre el primero de
enero y el 30 de abril, revelan que en el 2023 se registraron 24 incidentes
entre grupos ilegales y la Fuerza Pública, en el mismo periodo de 2022 hubo 44
casos y 64 en el 2021. El resultado del informe de la JEP fue resaltado por la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de su cuenta de Twitter, en
el sentido de que el cese bilateral ha salvado vidas.
El informe de la JEP destaca que en el
primer trimestre de 2023 se presentaron incidentes entre la Fuerza Pública y el
EMC en 10 municipios de 2 departamentos, mientras que en 2022 estas acciones se
dieron en 27 municipios y 9 departamentos. En ese orden de ideas, se redujo en
un 63% el alcance geográfico de estos hechos.
Entre tanto, según el informe de la JEP,
el cese al fuego lo incumplieron la Columna Móvil Dagoberto Ramos, Columna
Móvil Jaime Martínez, Frente 3 o Carlos Patiño, Frente 36, Frente 41, Frente 4
y el Frente 37.
Asimismo, para el primer trimestre de 2022
los incidentes armados atribuidos al Clan del Golfo se concentraron en 15 municipios
y 7 departamentos, mientras que en 2023 se registraron en 8 municipios y 4
departamentos, evidenciando una disminución del 49 por ciento.
El estudio, igualmente, revela que no se
han registrado hechos que indiquen un posible incumplimiento del cese al fuego en
lo relacionado con incidentes armados por parte de la Segunda Marquetalia y las
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El informe sostiene, asimismo, un
desescalamiento en la cifra de muertes y heridos de miembros de la Fuerza
Pública desde el 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz, entre los meses de
enero y abril de cada año.
Así, por ejemplo, mientras en el 2023 no
hubo registro de miembros de la Fuerza Pública, en el 2022 se registraron 14
casos; 18 en el 2019, 5 en el 2021 mientras que en cuanto a muertes de miembros
de la Fuerza Pública, se reporta que en el 2023 hubo 2 casos frente a los 12
del 2022; 5 en el 2019; 5 en el 2017; 4 en el 2018; 4 en el 2021, y 2 en el
2020.
EL REPORTE DE INDEPAZ
Entre tanto, en su página web esta
organización de la sociedad civil dedicada registrar masacres, asesinatos de
líderes sociales y de firmantes de los Acuerdos de La Habana se evidencia coherencia
con el informe de la JEP.
Con corte a mayo 24 de 2022, Indepaz
registro el asesinato de 86 lideres sociales de los cuales tres eran afrodescendientes,
uno ambientalista, seis campesinos, 13 cívicos, 29 comunales, uno comunitario,
tres culturales, uno de diversidades, 20 indígenas, un minero, dos reclamantes
de tierras, tres sindicalistas y uno social.
Por su parte, con corte al mayo 25 de 2023
fueron 56 los líderes asesinados de los cuales cuatro eran afrodescendientes,
dos ambientalistas, seis campesinos, doce cívicos, 16 comunales 5 culturales,
uno de diversidades, un funcionario, 11 indígenas, uno juvenil, dos de la comunidad
LGTBIQA+, una madre comunitaria, un minero, dos sindicalistas, un veedor y uno
de víctimas.
En cuanto a las masacres, se han registrado
38 durante 2023 presentándose la última el pasado mayo 21 en Sincelejo, Sucre, con
un total de 127 víctimas cuatro menos de las registradas en el mismo periodo
del año anterior cuyo total de víctimas fue de, al menos, 142, pues hay una
masacre cuyo número de muertes no se ha definido.
Finalmente, han sido menos los firmantes
de paz muertos según las cifras de la organización. En 2023 han sido 14 los
firmantes que han sido asesinados con corte a mayo 20, mientras que en a mayo 19
de 2022 se registró el homicidio de 21.
A pesar de lo anterior, el director de
Indepaz, Camilo González Posso, señaló que se presenta una “grave crisis” en
los diálogos que el gobierno adelanta con el Estado Mayor Central (EMC) cuyo
detonante, indicó, es el asesinato de cuatro niños indígenas en el Putumayo luego
de que fueran reclutados y se escaparan, por lo que se suspendió el decreto de
Cese al Fuego con esta estructura para perseguirla y restablecer bajo nuevas
condiciones la ausencia de hostilidades, ante lo cual la respuesta de las
disidencias de las Farc fue culpar al gobierno de la crisis.
REPORTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
En contraste, la Defensoría del Pueblo
registró en el primer cuatrimestre de este 2023 un total de 437 eventos de
conflictividad social en el país, un incremento del 41 por ciento de este tipo
de manifestaciones en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente
anterior, cuando registraron 311 eventos.
La totalidad de los conflictos ocurrieron
en 176 municipios de 29 departamentos. Se destaca Bogotá con el 17 por ciento
de los casos, Antioquia el 8 por ciento, Santander 8 por ciento, Bolívar 8 por
ciento y La Guajira 6 por ciento. Les siguieron Córdoba, Cauca, Atlántico,
Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima, cada uno con el 4 por ciento.
De acuerdo con la información consolidada
por la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad
Social de la Defensoría del Pueblo, el inconformismo social estuvo relacionado
con la garantía del derecho a la educación, el respeto por los derechos laborales,
la implementación de medidas o políticas de transporte, las demandas de
inversión o presencia estatal, los conflictos ambientales, el derecho a la
salud, acceso a la tierra y el territorio, medidas de erradicación o
sustitución de cultivos ilícitos, la garantía de los derechos a la vida,
libertad, integridad y seguridad, entre otros.
Los ciudadanos expresaron su
insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones de las entidades del
Estado o de particulares a través de bloqueos 41 por ciento, plantones o
concentraciones 32 por ciento, marchas o movilizaciones 11 por ciento,
ocupación o toma de instalaciones 4 por ciento, paros cívicos o cese de
actividades 4, principalmente. En el 9 por ciento de los eventos hubo
disturbios o medidas con riesgo para la integridad de quienes manifestaban.
Los servidores públicos de la Defensoría
del Pueblo facilitaron 54 espacios de diálogo en 16 departamentos: Nariño,
Santander, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Valle del
Cauca, Antioquia, Arauca, Risaralda, Atlántico, Meta, Caldas, La Guajira y
Guainía, en los que se lograron consensos y acuerdos que permitieron, además de
atender las peticiones de las comunidades, levantar las manifestaciones que se
venían adelantando por diferentes actores sociales.
A pesar de estas cifras, la conflictividad registrada por la Defensoría no evidencia aumento en las muertes y masacres, pero sí en muestras de descontento con el gobierno, las cuales han sido garantizadas por las autoridades a diferencia de las protestas ocurridas en 2019, 2021, 2021 y 2022 cuando se presentaron personas heridas y asesinadas por miembros de la Fuerza Pública.
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