Previo a la radicación de la reforma a la Salud en el Congreso cuyo borrador no se conoce, diferentes sectores han dejado ver su interés por participar en el debate para construir el nuevo modelo, el cual tendría cuatro pilares establecidos en el borrador del Proyecto de Ley.
Gremios de diferentes profesionales de la
salud, de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), de pacientes y de
trabajadores, así como líderes de opinión, líderes políticos, medios de comunicación
y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) , han opinado sobre a reforma
a un sistema que, en Colombia,fue instituido mediante la Ley 30 de diciembre 23 de 1993.
La reforma a la Salud ha sido un tema que
se viene patinando desde el año pasado, cuando el hoy presidente Gustavo Petro
resultara ganador por un estrecho margen de un millón de votos sobre su contendor,
el ingeniero Rodolfo Hernández, quien se caracterizó por no proponer cambios
estructurales sobre las realidades del país.
UNA NECESIDAD GLOBAL
Los avances en tecnología, las nuevas
herramientas y métodos de investigación, y los descubrimientos realizados, han
hecho que el sector salud haya evolucionado enormemente en las últimas décadas.
Dicho avance también se manifiesta en
aspectos relacionados como el promedio de esperanza de vida a nivel mundial
que, de acuerdo con la OMS, ha aumentado considerablemente en los últimos 20
años, y esto es un indicador de que la calidad de la atención sanitaria también
tiende a mejorar.
De acuerdo con el índice de atención
médica de la revista CEOWorld, los 10 países con los mejores sistemas de salud
en 2022 fueron, respectivamente, Corea del Sur, Taiwán, Dinamarca, Austria, Japón,
Australia, Francia, España, Bélgica y Reino Unido.
Sin embargo, en este último país el
Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) tiene 75 años y no se
encuentra bien, a juicio de la revista The Lancet, la cual describe una
realidad crítica en este país del primer mundo.
“Los pacientes con sospecha de ataque
cardíaco esperan una ambulancia cinco veces más que el objetivo de 18 minutos.
En 2022, 347.707 pacientes pasaron más de 12 h en Urgencias esperando cama, cuatro veces más que en los 10 años anteriores juntos. El
exceso de muertes en 2022 fue el más alto en 50 años. Números récord de
personal del NHS se están yendo. Desafortunadamente, es probable que las cosas
empeoren antes de mejorar. Por primera vez en la historia del NHS, tanto las
enfermeras como el personal de ambulancias harán huelga el 6 de febrero, a
menos que se llegue a un acuerdo sobre el pago. Los médicos jóvenes también
votarán sobre la huelga. Este es sin duda el momento más peligroso para el NHS
desde su creación.”, señala la publicación especializada, la cual en las líneas
siguientes hace un análisis sobre el sistema y aporta recomendaciones.
En mayo de 2023, Japón será el anfitrión
de la Reunión Cumbre del G7 en Hiroshima y la Reunión de Ministros de Salud del
G7 en Nagasaki. Allí, el Primer Ministro nipón Fumio Kishida, pretende resaltar
la importancia estratégica de emprender esfuerzos en materia de seguridad
humana, viendo como una necesidad el fortalecer la arquitectura mundial de la
salud para prepararse para las emergencias de salud pública, tras la pandemia.
Para Kishida, “se necesita un enfoque
integrado y holístico para mejorar la gobernanza internacional y garantizar una
financiación sostenible”, además del avance de la Cobertura Sanitaria Universal
(UHC por sus siglas en inglés) hacia la era post-Covid-19. “Las contribuciones
del G7 para mejorar la PPR (Presupuesto por Resultados) para las amenazas
mundiales a la salud también deben combinarse con el fortalecimiento de la
atención primaria de la salud para impulsar a los países hacia el logro de la
cobertura universal de salud”, enfatizó el primer ministro.
Finalmente, el japonés considera importante
“la promoción de la innovación en tecnología de la salud, incluso en el ámbito
digital”, considerando que es necesaria la “innovación para facilitar un
ecosistema global más propicio para hacer posible la investigación y el
desarrollo rápidos de contramedidas médicas”.
En el contexto latinoamericano, la necesidad
de reformar los sistemas es una prioridad. El pasado enero 31 el doctor Jarbas
Barbosa juró como nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), con el compromiso de trabajar en colaboración con los Estados Miembros
para poner fin a la pandemia de Covid-19 y asegurar que los sistemas de salud
de la región se recuperen con más fuerza que antes.
"Los países de la Región de las
Américas enfrentan una situación epidemiológica compleja, con la persistencia
tenaz de enfermedades transmisibles, el riesgo de brotes y epidemias, el
aumento de las enfermedades no transmisibles, los daños causados por los
accidentes de tránsito y la violencia, y los efectos del cambio climático”,
dijo Barbosa, añadiendo que "es urgente que transformemos esa atención en
el fortalecimiento de los sistemas de salud, a fin de hacer frente a los
problemas y las carencias persistentes y de garantizar el derecho a la salud
para todos los pueblos de nuestra Región".
LA DISCUSIÓN EN COLOMBIA
La última semana ha sido una de las que
más ha tenido la Salud como discusión diaria, principalmente porque el gobierno
ha hablado mucho de la reforma, pero no ha dado a conocer un texto para iniciar
la discusión.
Sin embargo, a pesar de que son cuatro los
pilares en los que se basaría el borrador que se ha venido construyendo, es uno el
aspecto que se ha llevado la atención en el debate y tiene que ver con el rol
que cumplen las EPS en el componente del manejo de los recursos destinados al
aseguramiento en salud de los colombianos.
La posición del gremio
En un foro realizado en la Academia
Nacional de Medicina, la ministra de Salud Carolina Corcho presentó las bases fundamentales
de la Reforma a la Salud a las 14 organizaciones médicas que suscribieron los
“Acuerdos Fundamentales para el desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud”.
En un comunicado conjunto, las organizaciones
señalaron que se extrañaba la entrega del articulado del Proyecto de Ley que ha
sido solicitado y que según información de un comunicado de la presidencia de la
República del pasado enero 29, tras el consejo de ministros realizado en esa
fecha, debía ser entregado a las organizaciones médicas y a la comunidad.
Las Organizaciones médicas firmantes destacaron
en el proyecto de reforma el énfasis en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, el fortalecimiento de la atención primaria en
salud como puerta de entrada al sistema, con prioridad en zonas dispersas y
rurales, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la formalización y
mejoras laborales para los trabajadores del sector y el giro directo a los
prestadores, entre otros.
Sin embargo, las organizaciones le plantearon
a ministra las preocupaciones y riesgos, así como sugerencias, con respecto a
los principales componentes del proyecto de reforma presentado por el gobierno,
sin conocer el articulado que se llevará al Congreso.
En el componente del Sistema Nacional de
Salud el gremio considera que se deben definir claramente las funciones y responsabilidades
del Consejo Nacional de Salud y de sus respectivos consejos territoriales. “Consideramos
que, como está propuesto, tiene alto riesgo de cooptación por fuerzas políticas
de poder regional con el respectivo riesgo de corrupción de manejo clientelista”,
señaló en su comunicado el gremio.
Además, para las organizaciones “buena
parte de las entidades territoriales no cuentan con capacidad de auditoría y
revisión de cuentas ni de revisión de la facturación por evento ex ante al pago
lo que constituye un riesgo inminente de sobrefacturación por parte de algunas
IPS que puede llevar a un agotamiento de recursos comprometiendo la viabilidad
financiera de todas las IPS y la garantía del derecho a la atención para todos
los residentes en Colombia.”.
El gremio expresó en su comunicado que le
preocupa cómo se hará el proceso de transición sin que se afecte la atención a
la población, el flujo de recursos al interior del sistema y las necesidades técnicas
y tecnológicas que no consideran posible que se realice en dos años.
Por otra parte, el gremio estima que la capacidad de ADRES para recaudo y pago directo debe ser fortalecida. No
obstante, su descentralización y/o desconcentración, que implica el nombramiento
de gerentes, la conformación de juntas directivas y la función de ordenadores
del gasto, deben ser hechas con la garantía de impedir la politiquería y la corrupción
regionales.
En contraste, para las organizaciones la
auditoría no debe ser función de ADRES, sino que debe ser hecha por un
administrador y/o regulador. Además, se deben definir las formas de pago a los
prestadores de servicios de salud, cuándo pago directo, cuándo pago global
prospectivo, etc.
También considera el gremio que otras
formas de contratación deben ser analizadas y concertadas con los prestadores
incluyendo evaluación de resultados en salud.
Los profesionales de la salud expresaron
que el país debe conocer el plan para atender las metas propuestas en términos
de los 20.000 equipos médicos interdisciplinarios territoriales (EMIT), para lo
que se debe definir una política y los recursos para la formación profesional y
educación continua. “Una reforma al sistema de salud que no contemple una
transformación de la educación en salud es incomprensible”, señala el comunicado.
En el documento se expone la necesidad de
contar con los recursos necesarios para la formalización laboral, tanto en el sector
público como en el privado, así como el marco normativo que lo permita debe ser
esclarecido, de manera que este gran objetivo no se quede en un postulado
imposible de cumplir.
Finalmente, las organizaciones
consideraron que el manejo y gobernanza de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS) debe ser clarificado y en
el caso de prescindir de las EPS, la necesidad de contar con una o varias
entidades que tengan las capacidades para realizar las funciones de administración,
gestión del riesgo financiero, operativo y de salud.
Para tal es determinante definir
claramente la articulación entre las RIISS y entidades territoriales. Funciones de estas en la
coordinación de las RIIS porque no se sabe cómo será el flujo de recursos
financieros en las redes.
Las 14 organizaciones que hacen parte del
grupo “Acuerdos Fundamentales para la implementación de la Ley Estatutaria en
salud” reiteraron a la Ministra la necesidad de conocer el articulado de
proyecto de la reforma a la salud, así como la necesaria creación de una mesa
técnica en la cual están dispuestos a aportar y debatir para lograr una reforma
que garantice el derecho fundamental a la salud.
El gremio que se pronunció está conformado
por Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico
Colombiano, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Federación Colombiana
de Sindicatos Médicos, Asociación Nacional de Profesiones de la Salud,
Federación Odontológica Colombiana, Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá,
Colegio Médico de Bogotá, Colegio Médico de Antioquia, Asmedas Cundinamarca,
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Asociación nacional de
internos y residentes ANIR, Asociación Nacional de estudiantes de medicina
ACOME.
La posición de las EPS
Frente a lo considerado por el gremio y el Ministerio de Salud, las
EPS han defendido su rol, más que aportar a la discusión sobre lo que han expresado
las organizaciones médicas, y han venido desarrollando un rifirrafe con la ministra
Corcho, quien también ha emitido cuestionamientos a las EPS.
En un análisis realizado con corte a
septiembre de 2022 con información de 10 EPS agremiadas a Gestarsalud,
reportadas en el Formato FT004, se encontró que el pasivo asciende a $7,9
billones, de las cuales el 23.7 por ciento equivalente a $1,9 billones
corresponde a deudas de carácter administrativo y otro tipo de acreencias, y el
76.3 por ciento equivalente a $6 billones corresponden a conceptos por
prestación de servicios, insumos y medicamentos.
En cuanto a las deudas por servicios de
salud, el análisis a la información de 10 EPS agremiadas en Gestarsalud
evidencia que, de los $6 billones, el 64.7 por ciento equivalente a $ 3.9
billones corresponden a deudas no vencidas o que están dentro de los 60 días de
plazo normal para las operaciones del sector. En ese tiempo las EPS deben hacer una auditoría integral a las facturas para el
control de los recursos de la salud.
Actualmente, a las EPS agremiadas a
Gestarsalud les adeudan aproximadamente $600.000 millones de pesos por concepto
de recobros, que era la figura usada hasta de febrero de 2020 para pagar los
servicios y tecnologías cubiertos, pero no financiados por la Unidad de Pago
por Capitación (UPC).
Desde marzo de 2020 se estableció el
mecanismo de presupuestos máximos, que busca atender esa misma necesidad
mediante asignación de recursos adicionales. Por ese concepto a las 10 EPS
agremiadas a Gestarsalud les adeudan aproximadamente $ 1 billón de pesos por
mayor valor ejecutado por encima de lo asignado. En otras palabras, estos
servicios y tecnologías no financiados por la UPC y prestados efectivamente por
las EPS a los pacientes fueron 23 por ciento más de lo asignado en el 2020, 42
por ciento más en el 2021 y 32 por ciento más en el 2022.
El Ministerio de Salud ha informado que
esos recursos faltantes, que representan el 20 por ciento de las deudas totales
de las EPS, los va a gestionar mediante una adición presupuestal en el primer
trimestre de 2023, pero no hay claridad de una fecha en concreto.
A pesar de que la Ley 100 de 1993 y la
sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008 ordenaron la igualación de
los planes de beneficio para los afiliados a los regímenes subsidiado y
contributivo y esto se comenzó a aplicar a partir de julio 1 de 2012, hoy
la UPC con la se cubren las necesidades de salud del subsidiado es el 88.91 por
ciento que la del contributivo.
En el año 2012, cuando se igualaron los
planes de beneficio, la UPC del régimen subsidiado equivalía al 65,77 por
ciento de la UPC del régimen contributivo. Del 2013 al 2018 se ajustó al 91.45
por ciento y del 2019 al 2021 se equiparó al 95 por ciento. Sin embargo, en el
2022 y en el 2023 el porcentaje disminuyó nuevamente al 88.91 por ciento lo
cual, dicen las EPS, las ha afectado financieramente.
Pero la ministra, por medio de su cuenta
de Twitter, escribió este febrero 4 que “¡Las
EPS no curan! ¡Las EPS facturan!”, lo cual fue merecedor de respuesta por parte
de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien le
respondió que las EPS “con recursos limitados, hacen uso eficiente de estos
para que todos los colombianos estén cubiertos en salud, independientemente del
tratamiento que se necesite. Además gestionan el riego, por eso son
aseguradoras”.
Además, la Asociación indicó que las EPS “estudian
qué riesgos en salud hay y contratan los servicios apropiados para el
tratamiento. Eso supone coordinar a profesionales, instituciones médicas,
clínicas, laboratorios y farmacias, pagar cuentas, organizar atenciones,
remisiones, salas de cirugía y controlar el gasto”.
Por otra parte, el gremio señaló que “como
no existe un hospital que tenga todos los servicios, las EPS coordinan la red
para que haya disponibilidad y puedan trasladar y/o atender a cada colombiano.
Por supuesto que hay demoras, pero los índices de acceso respecto de otros
países son muy aceptables”.
Otra de las bondades de las EPS, dijo
Acemi, es que “se aseguran de que el prestador de salud, es decir, la IPS, esté
brindando la atención y el tratamiento que el paciente necesita para su
condición de salud y no otro. Las EPS defienden y representan al paciente”.
Finalmente, las EPS recordaron que “vigilan
y auditan que los hospitales y clínicas atiendan con los estándares de calidad
que exigen las guías de manejo definidas por el Ministerio de Salud”, por lo que
Acemi le dijo a la ministra que “lo que hacen las EPS por los colombianos es
mucho” y la instó de nuevo “al diálogo constructivo. La salud de los
colombianos depende de eso”.
La posición de los pacientes
Por su parte, los pacientes indicaron a El
Observador Siglo XXI que han venido haciendo parte de la construcción siendo "copartícipes
de la formulación de la propuesta", según indicó Francisco Castellanos, de la Organización
para la Defensa Del Paciente (ODP).
Esta formulación, según Castellanos, se ha
realizado junto con otras organizaciones del sector salud, entre ellos gremios
médicos, de enfermería, trabajadores del sector, asociaciones de usuarios,
veedurías ciudadanas y organizaciones de pacientes.
El director de la ODP relató que la
iniciativa de la reforma nació dentro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia
T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, en donde se empezó a construir una
propuesta de reforma al sistema de salud y las organizaciones sociales están
adheridas a la cumbre por la reforma.
Los pilares fundamentales son cuatro,
siendo el primero la eliminación de la intermediación financiera que hoy hacen las
EPS de los recursos, la segunda el fortalecimiento de la autonomía médica, el
tercero el mejoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario eliminando
la tercerización laboral y finalmente la creación de un sistema único nacional
de información a través del cual el Ministerio de Salud pueda hacer un seguimiento
y control de la ejecución de los recursos del sistema.
Según esta propuesta, lo que deberán hacer
las EPS será cambiar el modelo de negocio que tienen y “seguramente van a estar
dentro del sistema de salud con la prestación de servicios a través de las
clínicas, IPS que tienen y que han construido, y que hacen parte de la
infraestructura con las que hoy se prestan servicios de salud directo a los
usuarios y a los pacientes”, denotó Castellanos, quien estima que la reforma se
presente la segunda semana de febrero.
“La sociedad civil podrá participar de ese tránsito legislativo haciendo sus aportes al proyecto, sus observaciones u oposiciones, y será dentro del tránsito del legislativo, en ese ejercicio democrático donde se tendrá participación amplia y abierta para que tenga en cuenta la visión y la posición de cada uno de los actores del sistema”, puntualizó el director de la ODP.
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