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Aunque hubo descenso de casos respecto a 2021, el año pasado fue de los de mayor número de desplazamientos

Las comunidades de los departamentos de Chocó, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca son los más afectados por este tipo de vulneraciones a los derechos humanos.

Tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento de comunidades se consolidaron en 2022 como dos de los fenómenos que mayores vulneraciones a los derechos generaron para las comunidades de las zonas del país con mayor presencia de grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial para el desarrollo de sus actividades ilegales.

CIFRAS QUE PREOCUPAN

El balance de 2022 resulta muy negativo para la Defensoría del Pueblo al contabilizar un total de 20 316 familias que fueron víctimas de 140 desplazamientos masivos en todo el territorio nacional, mientras que otras 15 761 personas resultaron afectadas por 132 situaciones de confinamiento.

Los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre del 2022, fueron Nariño con 45 desplazamientos masivos, Chocó con 28, Cauca con 15, Arauca y Norte de Santander cada uno con 8 casos, Valle del Cauca con 7 y Putumayo, Bolívar y Córdoba con cinco casos cada uno.

Aunque el número de casos de desplazamiento durante 2022 fue inferior a los 163 registrados durante 2021, el año pasado fue uno de los años con más hechos de desplazamiento forzado en los últimos seis años. En 2017 ocurrieron 51, en 2018 fueron 99, para el 2019 alcanzaron los 79 y para el 2020 llegó hasta los 92 casos.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo encontró que en 2022 un total de 15 761 familias, de 303 comunidades, tuvieron que confinarse en sus territorios debido al accionar de los grupos armados ilegales, quienes también instalan artefactos explosivos en sus territorios y profieren amenazas, lo cual genera la imposibilidad de desarrollar sus actividades de siembra, caza, pesca, entre otras, poniendo en riesgo su supervivencia.

Los eventos de confinamiento presentaron un importante aumento, en relación con los 40 casos del año 2020 y de los 109 en el 2021. Chocó es el departamento que más ha sufrido este tipo de vulneración a sus comunidades, con 65 eventos de confinamiento. Luego están Arauca con 39, Valle del Cauca con 10, Cauca con 9, Nariño con 4 hechos, Antioquia con 2 y Bolívar, Córdoba y Risaralda con 1 caso cada uno.

En el último año, la Defensoría del Pueblo ha identificado 154 escenarios de riesgo de desplazamiento masivo y/o confinamientos en 19 departamentos. Las zonas más críticas son Antioquia con 20 escenarios de riesgo, Nariño con 19, Cauca y Putumayo con 16 en cada uno, Chocó con 15, Bolívar con 14 y Cesar y Valle del Cauca con 11 cada uno.

UNA DEUDA ESTATAL

A pesar de la presencia y acompañamiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo a las comunidades afectadas, el Estado sigue en deuda con las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en el país, y con la protección real de sus derechos, según lo establecido en la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional”, recalcó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El funcionario consideró que “además de la protección y seguridad que deben prestar las autoridades militares y de policía a las 36 077 familias víctimas de desplazamiento forzado y de confinamientos en el 2022, es urgente que las autoridades atiendan las recomendaciones de las diferentes alertas tempranas donde la Defensoría del Pueblo advierte el riesgo de desplazamientos y confinamientos”.

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