Entre sus funciones, está concertar la inclusión de las agendas territoriales y nacionales de las juventudes con las respectivas autoridades; ejercer veeduría y control social y actuar como mecanismo de interlocución y concertación ante la administración en los asuntos que les afecten.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recomendó tener en cuenta la institucionalidad juvenil al advertir que de esta manera se reconoce la legitimidad de su representación democrática, se asegura su participación e incidencia y se garantiza un proceso de construcción de política pública que refleje la pluralidad y la capacidad de construcción de consensos.
PRIORIZAR LA INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL
Los jóvenes que fueron elegidos como
consejeros de juventud en la jornada del 5 de diciembre de 2021, y los
integrantes de las plataformas y otros espacios formales de participación que
contempla la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, deben ser considerados por
el Gobierno Nacional como los primeros beneficiarios del recién anunciado
programa Jóvenes en Paz, a juicio de Camargo
“Los jóvenes consejeros y los
integrantes de las plataformas han reafirmado su compromiso con la
institucionalidad, y por eso, para la Defensoría, beneficiarlos con el
mencionado programa es apostarle a sus propuestas y, en consecuencia, será
construir paz desde los territorios”, dijo el Defensor del Pueblo.
El jefe del Ministerio Público agregó
que “estos jóvenes, elegidos con un mandato popular, legal y ciudadano, son los
llamados a representar los liderazgos sociales y comunitarios para fortalecer
los procesos que abanderan desde sus roles y en el marco de sus funciones”.
UN AÑO DE POSESIONADOS
Vale la pena recordar que el 5 de
diciembre del 2021, en el marco de un proceso histórico para el país, jóvenes
entre 14 y 28 años acudieron a las urnas para escoger 12 874 consejeros de
juventud, integrantes de los Consejos Locales y Municipales de Juventud.
“En cumplimiento de nuestro mandato, desde la Defensoría del Pueblo continuaremos facilitando espacios de encuentro y concertación entre los movimientos juveniles y el Gobierno Nacional, a fin de garantizar los derechos de las juventudes y el fortalecimiento de los espacios y mecanismos de participación dispuestos en la Constitución y la ley”, puntualizó Carlos Camargo.
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