Un hecho sin precedentes se presentó el pasado viernes en medio del evento del Ministerio del Interior cuando las víctimas tuvieron la palabra para expresarle al alcalde su descontento por la gestión realizada hasta la fecha. Informe especial.
Junto a una lideresa social que ha venido
acompañando a la población víctima del conflicto armado que reside en el
occidente del cercado fuerte al final de la llanura, dos víctimas le expresaron
al alcalde sus inquietudes e inconformidades, situación ante la que el cirujano Guillermo Aldana Dimas dio respuesta.
LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
La primera en hablar fue Alba Gallego,
ex candidata al Concejo en las pasadas elecciones por el partido Colombia
Humana – Unión Patriótica y la lideresa gracias a la cual los niños
beneficiarios del programa “Goles que transforman” recibieron kits deportivos
el pasado viernes en la vereda Los Manzanos. Les siguieron una mujer y el
coordinador de la Mesa de Víctimas y quien fuera candidato al Concejo en las
pasadas elecciones por el Polo Democrático Alternativo.
La lideresa acompañante
Gallego señaló que La Tribuna, vereda en
la que viven la mayoría de niños beneficiados, es un sector totalmente olvidado
y que desde el 2000 han ido a hacer muchas propuestas pero sin cumplir. Los dos
riesgos más graves, según la lideresa, consisten en la inestabilidad de la
tierra que genera deslizamientos y la presencia de un tubo de Ecopetrol que
atraviesa el sector en una parte donde hay viviendas en pie.
“Todos estos niños y niñas viven en unas
condiciones bastante graves” sentenció la mujer al comentar que ya se han deslizado
dos casas y hay tres a punto de caer por lo que, indagó, “quisiéramos saber el
señor alcalde de Facatativá, y también las personas que están acá para trabajar
por las víctimas, ¿cómo van a intervenir en este sector?”, detallando además
que han pasado derechos de petición y que en respuesta sólo se han tomado
fotos, clavaron bolardos para ver si el terreno era inestable pero se hundieron y nunca más volvieron los funcionarios.
“Entonces es muy importante porque mire
todos estos niños con tanta esperanza, con tantas ganas de salir adelante y qué esperanza
le da municipio y le da el país a estos niños a nivel de salud, educación,
deporte, cultura… Hay una niñas que hacen cosas maravillosas en arte, quieren
estudiar música, quieren estudiar muchas cosas pero allí están olvidados y justo en este tiempo llega mucha gente para llevar mercados y regalos. ¿Qué
ha dicho la comunidad? ‘No queremos mercados y regalos, o que nos los lleven, pero
queremos que se nos solucione porque queremos una vivienda y una casa digna' porque en este momento no los dejan poner un ladrillo porque algunos están en
invasión y otros en zona de riesgo, no le dejan hacer una vuelta. Entonces, ahí se vienen trabajando muchas cosas con los niños, con
la señoras; se está creando la huerta comunitaria orgánica y urbana, se está
creando una empresa de yogurt, se están haciendo muchas cosas pero necesitan que se
les resuelva la problemática que tienen allí de deslizamiento y de legalidad de
los terrenos”, expresó Gallego.
Relato desde el territorio
A su turno, Rosalía*, la primera de las
dos víctimas que habló, fue victimizada en 2003 con repetición en 2015.
Ella pidió más atención para esta población, en especial proyectos productivos y
fijarse en la juventud “si no queremos que ellos pasen por lo mismo que
nosotros pasamos”, afirmó.
Además, la víctima indicó que no tienen
un proyecto productivo “porque no lo hay”, resaltando que si para las personas
vulnerables no los hay para las víctimas tampoco y sus viviendas están en un
completo desastre, tanto que invitó a alguno de los presentes a pasar una noche
en su hogar “para ver si tiene la misma valentía, para ver cómo amanecemos; las
tejas se nos vuelan, el agua se nos entra”, describió aclarando que “lo mío no
es en invasión es comprado pero desgraciadamente no puedo poner un ladrillo
porque no es legal, no puedo hacer una huerta porque no es legal, no tenemos
agua, no tenemos luz, el Sisbén está demasiado elevado; hay un señor que es
cabeza de familia de tres niños y le salió un nivel de 8, no tiene derecho a
familias en acción, no tiene derecho a salud y está pagando $24000 mensuales
por salud”.
Por lo anterior, calificó de “irrisoria”
la situación que están viviendo y subrayó que no quieren nada regalado sino que
necesitan que les solucionen el problema, más cuando hay personas en situación
de discapacidad como ella que tiene un dictamen siquiátrico.
El representante en el municipio
La segunda víctima en hablar fue Edgar
Ortega Torres, coordinador de la Mesa de Víctimas en el Municipio, quien
agradeció al Ministerio por hacer estos encuentros “para que nuestra juventud
no tenga o tenga otra opción diferente a la guerra; creo que eso es una de las
alternativas que nos quedan a nosotros como padres: educar a nuestros hijos
para que no repitan nuestra historia”, expresó.
Al alcalde, Ortega le dijo que hay
muchos temas de víctimas que se transversalizaron y que desde su punto de vista
afectó la condición de víctimas porque en las estadísticas de planeación, del enlace
y de todas las secretarías que manejan el tema de víctimas, o tienen que ver en
alguna parte, cumplen, “pero yo los invito a que vayamos al terreno a donde
están las víctimas, que visitemos a las personas y pues tristemente tengo que
decir que nada de lo que dicen es verdad”.
Por lo anterior, para el coordinador
sería muy importante volver a revisar todas esas transversalizaciones “porque
como víctimas, y creo que la mayoría de los que están aquí, nos sentimos revictimizados
porque uno va a cualquier espacio donde tengan que pedir algo para las víctimas,
un favor, y resulta uno es como regañado”, destacó Ortega, confesando por demás se considera el enemigo de toda Administración “porque es que así siento
que me ven porque reclamo los derechos de las víctimas… Entonces es jarto en
ocasiones asistir a reuniones, en estos momentos la Mesa está en un cese
actividades que lo seguiremos hasta que nos llamen a ‘venga hablemos a ver qué
es lo que quieren’ porque definitivamente sentimos que la política pública de
víctimas en Facatativá es nula, lo siento yo, lo sienten mis compañeros que están
aquí presentes y pues creo que la mayoría de compañeros que están aquí se han
dado cuenta que nosotros hemos dado la pelea pero con la tranversalización lo
que dicen ofrecer para las víctimas no se ve”, puntualizó.
A las víctimas asistentes, Ortega les
comunicó que se sigue dando la pelea y que el cese de actividades, recalcó, es
porque sienten que lo que hacen es nulo, no se ve. Además, se defendió de los
comentarios de victimas que dicen que los de la Mesa solo sacan beneficio para
ellos, frente a lo que invitó a que le demostraran cuándo ha sacado beneficio
propio y subrayó que la labor la realiza es de corazón porque tiene la
convicción de que en este país lo que se necesita es trabajar en armonía con
todas las comunidades para que haya paz y que el gobierno sea efectivo
cumpliendo con las políticas que le corresponde. “De resto en este país nunca
va haber paz. Creo que con este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, lo
vamos a lograr” finalizó el coordinador.
MÁS COMPROMISO A PESAR DE LAS METAS CUMPLIDAS
Por su parte, la Administración de la
Facatativá Correcta respondió tanto a través de Nancy García Daza, enlace de
Víctimas de la Secretaría de Gobierno y quien coordina a los enlaces de las
demás Secretarías, así como por parte del burgomaestre facatativeño.
El enlace con cifras perfectas
García informó que con relación a la Política
Pública de Víctimas existe un Comité Municipal de Justicia Transicional donde tiene
asiento y lo lidera el alcalde y está conformado por 22 personas, incluyendo
al Ministerio Público. Este año se han realizado 5 sesiones ordinarias y 3
extraordinarias, y son esos los espacios donde invitan a los integrantes de la Mesa para hacerles seguimiento, dejar las constancias respectivas sobre cada
una de las metas y proyectos de los planes.
Frente al plan de desarrollo, indicó que
es transversal porque desde el gobierno nacional y departamental las metas son
transversales y están a cargo de 10 Secretarías que tienen proyectos
misionales. El enlace explicó que se presenta el informe y quien hace
seguimiento a nivel nacional es el Ministerio del Interior por medio de unas
plataformas donde, por un lado, semestralmente se suben las metas proyecto de más
de 600 preguntas que se contestan, y por otro, 62 metas a las que se les generan
evidencias de manera trimestral.
En ayudas humanitarias inmediatas para
las personas que han llegado este año, la funcionaria expuso que han entregado
más de 80 millones de pesos en mercados, dos de $500 mil que se les entregan y
un auxilio para el arriendo de vivienda por $600 mil mensuales, y dependiendo
de las circunstancias, las necesidades y la vulnerabilidad de las familias, se
pueden entregar hasta dos meses.
García aclaró que cada una de las Secretarías con temas de víctimas tiene metas y recursos, y siempre cada secretario hace la
convocatoria de cada uno de los proyectos por todas las redes sociales del
municipio, así como por medio de las invitaciones directas, también para los
proyectos productivos. “Ahí es donde les pedimos a ustedes señores líderes de
la Mesa de su poder de convocatoria para que las personas hagan parte de estos
programas; muchas veces se hacen las convocatorias, se hacen los eventos, pero
las víctimas no acuden” sostuvo la funcionaria agregando que “igual estamos
para mejorar”.
Según García, para el próximo año y por
solicitud del alcalde, se reunirán los secretarios con sus enlaces y la Mesa de Víctimas para explicarles los programas y articular con todos los secretarios e
incluirlos para que también comuniquen a su comunidad y hagan parte de
sus planes y programas.
Por otra parte, se explicó por parte de la Administración que trimestralmente la contadora del municipio informa la ejecución presupuestal por lo que también el Ministerio de Hacienda hace seguimiento no solamente a los planes y programas, sino que esa ejecución corresponda con cada uno.
“Es el tercer municipio que nos dice la Unidad
-de victimas- que le hemos dado cumplimiento a nuestro Plan de Desarrollo, que
hemos beneficiado a mucha población porque es nombre, cédula, identificar uno a
uno -de los beneficiarios- y cuánto presupuesto se ha invertido; entonces
Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y la Unidad para las Víctimas
nos hacen el seguimiento y hemos cumplido como municipio”, finalizó García.
“Me comprometo a retomar”: Aldana
El primer mandatario de los
facatativeños, dentro del tema de las víctimas, expuso que se reúnen
regularmente con la Mesa de participación de las víctimas -lo cual fue negado
por el coordinador- que están los enlaces, la oficina y el tema de los proyectos
productivos. Aldana contó que “un día estábamos una reunión con Edgar y él quiso fomentar
un proyecto productivo pero no se presentaron”. El alcalde mencionó algunos de sus
proyectos ejecutados y señaló que son para la ciudadanía, y las víctimas hacen
parte de esa transversalidad de casi todas las 387 metas del Plan de Desarrollo.
Frente a los predios en riesgo de algunas
comunidades, algunos de los cuales han sido ocupados, el tema de la
legalidad es un tema muy importante para el Estado y para las Administraciones.
“Pues sí Alba, y lo decía también la otra señora: no podemos invertir recursos y
en los predios que no son de la Nación y creo que ustedes lo tienen claro”
declaró Aldana, argumentado que se configuraría un peculado que sería un problema
para Administración Municipal, por lo que reiteró su invitación a las víctimas a
acceder a los programas.
El burgomaestre le contó a los
asistentes algo que calificó de “ejemplo exitoso” refiriéndose a la reubicación
de quienes poblaban el sector de Corito, a la vera de la vía férrea, al suroriente del municipio, que era
parecido a uno que aún existe en La Tribuna. El alcalde contó que después de
más de 40 años, más de 39 familias entre colombianos y extranjeros que vivían
allí en invasión fueron reubicados en razón a que el gobierno nacional
desarrollo el proyecto de las “vías verdes”. Sin embargo, el alcalde no tuvo en
cuenta que El Observador Siglo XXI transmitió el descontento de varias familias
víctimas que no fueron tratadas con el enfoque diferencial derivado de los
Acuerdos de La Habana, pero si destacó que fue la Administración Municipal la
que hizo la caracterización.
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