Indignación en redes sociales causó el video en el que un policía esposa a una mujer, con uno de sus hijos en brazos, cuando reclamaba el pago de su salario en un almacén de Cartagena.
Por medio de Twitter se dio a conocer el video en el que una mujer es abordada por dos uniformados, un hombre y una mujer, mientras solicitaba el pago de dos millones de pesos que el negocio de ropa, según afirmó, le adeuda hace dos años. “Llamaron a la policía y se niegan a contestar”, señaló la mujer.
UNA ACTUACIÓN QUE CAUSÓ INDIGNACIÓN
La mujer en el video, identificada como Wendy
Norelys Álvarez Sarmiento de nacionalidad venezolana, fue grabada por otro de
sus hijos mientras realizaba el reclamo en Jon Sonen, un establecimiento
dedicado a la venta de prendas de vestir para hombre que, en la ciudad
amurallada, cuenta con cuatro tiendas.
Álvarez fue esposada dentro del punto de venta, ubicado en el segundo piso del interior de un centro comercial, y fue conducida a la calle en donde, después de reiterar en voz alta su queja, rompió en llanto en medio de los transeúntes mientras seguía con su hija en brazos pero con las esposas puestas.
Sacan esposada con policía a esta una mujer con su bebé por reclamar su liquidación, al empresa @JONSONEN de Baranquilla lleva dos años sin palagarle. pic.twitter.com/4GfaFagxU0
— Prensa Libre🌐 (@prensa_librecol) November 29, 2022
El hecho generó la indignación incluso del presidente Gustavo Petro, quien
por medio de su cuenta de Twitter señaló que “El respeto a las reglas
laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a
una mujer trabajadora que es portadora de derechos.”. Sin embargo, el primer
mandatario no se refirió al actuar de los uniformados.
En una entrevista para W Radio, Álvarez comentó que lleva tres meses sin
empleo y que a pesar de que ha presentado tutelas, existen demandas y
órdenes de desacato, la empresa se ha rehusado a pagarle por los días
laborados y tampoco la han contactado para llegar a algún acuerdo.
ACCIONES INTERINSTITUCIONALES
Ante estos hechos, el Ministerio del Trabajo ordenó investigación y el
cierre preventivo de la tienda de ropa, en donde la mujer hizo el reclamo,
por, presuntamente, incumplir con el pago de seguridad social de sus
empelados, mientras que el Ministerio Público anunció medidas desde sus
instancias respectivas.
La Defensoría del Pueblo mantiene una asesoría legal en el proceso de Wendy
Norelys Álvarez Sarmiento, y desde febrero de este año se han realizado
acciones en pro de que se le cumpla con sus derechos, pero a pesar de un
fallo de una acción de tutela a favor de la mujer, del 14 de mayo de este
año, y de un trámite de incidente de desacato, la empresa no cumple con sus
obligaciones.
En un documento interno de la Defensoría se informa que “a pesar de existir
un fallo de tutela y un requerimiento por desacato, nunca se obtuvo una
respuesta de parte de su ex empleador, por lo que se procedió desde la
Regional Cartagena a interponer Demanda Ordinaria Laboral, en la cual se
busca, entre otras pretensiones, el pago de las acreencias laborales e
indemnizaciones de ley, la cual correspondió al juzgado 8 laboral del
circuito de Cartagena”.
Además se indica que “la demandada Sonen Internacional SAS, tenía hasta el
15 de noviembre de 2022 para presentar contestación de demanda, pero al
observar el link del expediente digitalizado del juzgado se evidencia que no
presentó contestación. En tal sentido, se le solicitó al juzgado fecha para
llevar a cabo AOC y Trámite y Juzgamiento, fecha que está a la espera de ser
fijada por el juzgado, ya que depende de los turnos que tengan en el
mismo”.
A propósito, la Regional Cartagena envió este miércoles, noviembre 30, un
requerimiento a la Policía Metropolitana de ese departamento en el que se
hace un llamado a la manera como se trató a la mujer y a sus dos hijos
menores de edad, se “solicita se investiguen los hechos denunciados y se
tomen las acciones que considere pertinentes para evitar procedimientos que
pongan en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres y de los
niños”.
Se indica también de parte de la Defensoría del Pueblo que “todo
procedimiento debe garantizar un trato digno, humanizado y diferenciado, con
enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, toda vez que estamos
ante una mujer en condiciones de vulnerabilidad que en un acto desesperación
solo buscaba respuestas efectivas a una situación que afecta sus derechos
laborales, y con ello su calidad de vida y la de su familia”.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación
preliminar "contra agentes por establecer de la Policía Metropolitana de
Cartagena, por un presunto abuso de autoridad durante un procedimiento en un
establecimiento de comercio ubicado en el Centro Histórico de la ciudad".
Con la apertura de la indagación preliminar, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, identificar a los agentes comprometidos en la aparente situación irregular y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.
0 Comentarios
El Observador Siglo XXI no se hace responsable por el contenido de los comentarios. Este es un espacio de libre opinión, amablemente solicitamos por favor compartirla con respeto.