El Consejo de Estado, con decisión del 2 de junio de 2022, admitió la demanda en contra de la elección del hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante paramilitar del autodenominado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, estudia la demanda que presentó el colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” junto con víctimas del paramilitarismo de crímenes de Estado y periodistas de La Nueva Prensa, pero previamente el Consejo de Estado había admitido dos demandas en contra de la misma persona por parte de la Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna (Dilo Colombia) y Blanca Elva Puentes García, negó la suspensión del demandado.
UNA ELECCIÓN CUESTIONADA
En las recientes elecciones legislativas
Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del ex comandante paramilitar, resultó elegido
como Representante a la Cámara por las Circunscripciones Especiales
Transitorias de Paz –Citrep-, o Curules de Paz, luego de haber inscrito su
candidatura en noviembre de 2021, junto con la señora Nairobis Beatriz Jiménez
Martínez, para aspirar a la Citrep 12 ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
El acto de inscripción fue reprochado
por varias víctimas de grupos paramilitares en la región que conforma la
mencionada circunscripción, que denunciaron amenazas en su contra durante el
desarrollo de este procedimiento administrativo.
Ante dichas quejas, el Consejo Nacional
Electoral (CNE) solicitó de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
las Víctimas (Uariv) la acreditación de víctima del candidato, ante lo cual
esta entidad aportó una certificación que acredita a Tovar Vélez sin aportar
pruebas que dieran cuenta de los hechos victimizantes por los cuales se le
reconoce, alegando reserva legal de la información personal del candidato. En
esa oportunidad, esta autoridad electoral avaló esta candidatura reiterando que
Tovar Vélez cumplía con todos los requisitos de inscripción.
En los comicios del 13 de marzo, los
resultados de la jornada electoral dieron como ganadora a la lista de la
Asociación Paz es Vida PAVIDA, que obtuvo un total de 17 687 votos, por lo que
reconoce al candidato Jorge Rodrigo Tovar Vélez con la mayor votación con la
cual fue elegido Representante por la Citrep No. 12 correspondiente a zonas
rurales de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena.
LA NUEVA DEMANDA
Esta elección fue objeto de la demanda
que se basa en el incumplimiento de los requisitos relativos a la vinculación
con el territorio de la circunscripción, ya sea por nacimiento o habitación
permanente.
Por el contrario,, señala el colectivo,
el candidato Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien declara haber sido víctima de
desplazamiento forzado en dos ocasiones, tiene todo su arraigo social y
cultural en el centro urbano de Valledupar, donde su familia ha construido su
capital económico y social por décadas.
Los demandantes recordaron que el Acto
Legislativo 02 que dio vida a las Curules de Paz, excluyó de forma expresa las
cabeceras municipales de cada uno de los municipios que hacen parte de dichas
circunscripciones.
Por otra parte, se denunció que la
candidatura del señor Tovar Vélez, incurrió en doble militancia, causal de
nulidad de su elección, según la ley 1437 de 2011, en su artículo 275.8, ya que
el señor Tovar apoyó la candidatura de Juan Manuel Daza Iguarán, del Partido
Centro Democrático, realizando actos públicos que fueron registrados y
aportados como prueba a la demanda de nulidad, lo que era incompatible con su
aspiración por las Citrep, ya que las agrupaciones de víctimas que se
postularon para ocupar estas Curules transitorias, actuaron como conglomerados
políticos y les estaba claramente prohibido cualquier tipo de alianza o acuerdo
con partidos o movimientos políticos con personería jurídica o representación
en el Congreso.
Los accionantes esperan que el Consejo
de Estado se pronuncie anulando esta elección que incumple con los requisitos
del Acto Legislativo 02 de 2021, así como que haga valer el objetivo de dar voz
y participación política a las víctimas del conflicto armado, y no a quienes
han desarrollado su trayectoria pública del lado de los victimarios.
“Las curules de paz son una garantía de no repetición y no deben ser usurpadas a las poblaciones y territorios especialmente afectados por el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el abandono institucional, que deben estar allí representados”, concluye un comunicado de colectivo.
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