Por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde John Jairo Pulido Pulgarín.
Con dicho contrato se pretendían
adquirir insumos para atender a personas afectadas por el Covid-19 en la región,
y el cual se hizo con una empresa dedicada a la reparación de vehículos.
LOS MOTIVOS
Entre las posibles faltas que cuestionó
el ente de control se destaca el hecho de que el contrato de $65.163.372 era
para la compra de alimentos, implementos de aseo y desinfección;
adicionalmente, y ese valor del bilateral estimado en el análisis del sector no
se ajustaba a los precios reales del mercado.
La Procuraduría Delegada para la
Vigilancia Administrativa y Judicial señaló que, con su actuación, Pulido
Pulgarín habría desprotegido los derechos de la entidad territorial.
De igual manera, expresó “que aceptó y
dio por ciertos los precios de los productos que fueron estipulados por la
referida empresa en la cotización que presentó, hecho que comporta un
deficiente estudio del mercado y, de contera, un desconocimiento del sector
objeto del proceso de contratación desde la perspectiva financiera”.
Para el órgano de control, la
celebración del contrato habría comprometido recursos públicos por encima de lo
necesitado (…) y “el investigado suscribió el negocio jurídico, no obstante que
el estudio de mercado era deficiente”.
La falta fue calificada provisionalmente
como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de los
deberes.
LA DECISIÓN
La Procuraduría compulsará copias de la
actuación de Edward Andrés Hernández Hernández, secretario de Planeación
municipal de La Palma, quien suscribió el documento denominado “análisis del
sector”, al tratarse de uno que impactó las condiciones del contrato objeto del
reproche.
Terminada la etapa de instrucción, el
expediente se remitirá a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento
Disciplinario (reparto), ante la cual el sujeto procesal podrá presentar
descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo
estiman pertinente.
Contra la
presente decisión no procede recurso alguno.
LOS ANTECEDENTES
En julio de 2020
el alcalde, elegido por el Partido Cambio Radical, fue cobijado con medida de
aseguramiento en su domicilio mientras se le investigaba por presuntos manejos
irregulares en otro contrato relacionado con recursos de la emergencia.
El mandatario
local y un contratista fueron imputados por llevar celebración de contratos sin
el cumplimiento de los requisitos legales, y por peculado en la forma de
tentativa y falsedad ideológica en documento público, al no documentar el
proceso, y la entrega real de mercados, así como kits de aseo y de seguridad
personal que debieron llegar a familias que los necesitaban en el municipio.
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