En las últimas horas las autoridades dieron captura a presuntos matarifes ilegales y realizaron operativos a curtiembres cuyos desechos estaban llegando a cuerpos de agua.
La organización delictiva Los Pelones
que al parecer se dedicaba al hurto, sacrificio y comercialización de ganado en
los municipios de Une, Cáqueza y Chipaque al oriente del departamento, fue
desarticulada por la Fiscalía, mientras que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) realizó un operativo para hacer seguimiento y control
empresas a curtidoras de Chocontá y Villapinzón que generan vertimientos y
descargas directas e indirectas sin tratamiento al río Bogotá.
LOS PELONES
Cinco fueron los presuntos delincuentes
capturados por la policía judicial Sijín, por hechos ocurridos en estos
municipios desde mediados del 2020 al 27 de octubre de 2021 Estas personas
fueron reconocidas por testigos mediante la práctica entrevistas juramentadas y
reconocimientos de álbumes fotográficos y fueron identificados como Daniel
Felipe Romero alias Piporro, Alejandro Garibello Chaves alias Alejo, Jaime
Oswaldo Garibello Chaves alias Oswaldo, Francisco Javier Mendoza Gutiérrez
alias Pacho y Edward Barbosa Barbosa
alias Pita.
Durante las diligencias de allanamiento
y registro fueron incautados un camión con fines de comiso, 20 reses
sacrificadas avaluadas en 30 millones de pesos y maquinaria para el sacrificio
de los semovientes por valor superior a los 10 millones de pesos.
A los hoy procesados, se les acusa del
hurto de los animales mediante la modalidad de arreo y carneo en horas de la
madrugada sin las adecuadas medidas de salubridad, para luego ser
comercializado en establecimientos comerciales de Kennedy y Usme en Bogotá y
les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y abigeato
agravado.
CONTAMINANDO EL RÍO
En el operativo de la CAR la entidad
impuso medida preventiva de suspensión de actividades a una empresa que estaba
desarrollando acciones de curtido y vertimientos en flagrancia, producto del subproceso
de lavado de pieles cuyo propietario, según detalló Clara Álvarez, coordinadora
de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, ya tiene
un proceso sancionatorio por esta misma actividad y “es reincidente en el
incumplimiento de la normativa ambiental y ya ha sido condenado penalmente por
delitos contra el medio ambiente desde el año 2018”.
Frente a las demás curtiembres
inspeccionadas, Álvarez señaló que se determinará el trámite sancionatorio
pertinente, tras el respectivo filtro de las que fueron encontradas inactivas o
en proceso de desmonte, por lo que la funcionaria invitó a las empresas
curtidoras que operan en estas poblaciones y que aún no cuentan con los
respectivos instrumentos ambientales para que se legalicen y trabajen
conjuntamente con la CAR en los programas que realiza la entidad para que el
desarrollo de esta actividad se efectúe de forma amigable con el ambiente.
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