9 situaciones en las que se vulneran los derechos humanos y miles de casos documentados reportaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando una “violación sistemática” contra la sociedad civil en el marco del Paro Nacional.
A través de una rueda de prensa
desarrollada este martes, junio 8, Temblores ONG y el Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), presentaron a la CIDH un informe de 65
páginas en el que hacen un balance aproximado de las cifras de diferentes
modalidades debido a las cuales los ciudadanos que han salido a manifestarse en
las calles han terminado siendo víctimas de la omisión del principio de
proporcionalidad, conocido comúnmente como abuso de la fuerza, por parte de la
Policía.
Además, el informe da cuenta de la
presunta participación de civiles que apoyan las tareas de las fuerzas
estatales con armas de fuego de alta y baja letalidad, así como seguimientos,
perfilamientos, desapariciones y otras acciones paralelas contempladas fuera de
la estrategia de respuesta institucional.
Según el documento conocido públicamente
en el día de hoy, “el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente sus
obligaciones de protección de los derechos humanos en el marco del ejercicio
del derecho a la protesta pacífica, así como los estándares de la Corte IDH
sobre regulación, control y seguimiento del uso de la fuerza pública en
contextos de protesta social”.
9 MANERAS DE VIOLENCIA ESTATAL
Las ONG identificaron las principales
prácticas con las que el Estado, a través de su fuerza pública, ha reprimido
las protestas a lo largo y ancho del país y ha puesto en riesgo la vida y la
integridad de toda la ciudadanía.
Las 9 prácticas relacionadas van desde
el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las
personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas, pasando por el
lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras al interior de viviendas
en barrios residenciales, detenciones arbitrarias que incluyen torturas,
llegando hasta el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas.
El uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública
En el informe se señala esta práctica pone
en riesgo la integridad física de las personas manifestantes ante una posible
vulneración del derecho a la vida y también se está vulnerando el principio de
la proporcionalidad de la fuerza.
En este sentido, en el marco del Paro
Nacional las ONG registraron desde abril 28 hasta mayo 31 al menos 184
situaciones en las que la Policía ha accionado armas de fuego en contextos de
las protestas. De estos, 70 personas han recibido un impacto de arma de fuego y
han quedado heridas, indicando que por lo menos el 37.7% de los disparos
activados han sido direccionados directamente a los cuerpos de las personas
manifestantes. Además, se documentaron 16 casos de disparo de arma de fuego en
medio de zonas residenciales que pusieron en grave peligro a niños, adultos
mayores y familias en general. Entre tanto, en el mismo periodo se ha
registrado que al menos 20 personas han muerto por impactos de armas de fuego
activadas presuntamente por la Policía Nacional en el contexto del Paro
Nacional.
El uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas
De abril 28 a mayo 31 se han registrado
193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de las personas
manifestantes. En estos hechos, 167 personas han resultado heridas, esto quiere
decir que en un 86% de los casos ha habido una afectación directa. Entre los
casos de disparo directo registrados 62 personas han sufrido heridas oculares y
61 personas han sufrido heridas en otras partes de su rostro, lo cual
corresponde respectivamente al 37,5% y 36,9% de las personas heridas. Así mismo
se han registrado 3 homicidios producto de esta práctica.
En base a las evidencias recogidas, las
ONG señalaron que la Fuerza Pública viola sistemáticamente los protocolos
establecidos para el uso de los armamentos denominados de letalidad reducida -cuyos
disparos deben realizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el
cuerpo de las personas manifestantes-, y que además el uso de estas armas
aumentan las posibilidades de causar heridas permanentes y de causar heridas
letales.
“Esta práctica no ha ocurrido sólo
durante el Paro Nacional del 2021”, y poniendo como ejemplo el caso de Dylan
Cruz en 2019, el informe subraya que los uniformados apuntan y disparan a los
cuerpos no sólo de las personas manifestantes sino de personas que transitan
por el lugar y que no hacen parte de la protesta que se encuentran desarmadas y
con los brazos en alto, pidiendo que no haya agresión, en algunas ocasiones
desde distancias que no superan los 5 metros, generando heridas en partes del
cuerpo como cabeza, nariz, boca, ojo, pecho, pierna y espalda y, en algunos
casos, se han presentado desfiguraciones.
Disparos horizontales con arma “venom” de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes
8 casos de disparos con arma Venom en
zonas residenciales se registran -3 por determinarse si el arma agresora fue
ésta- y, en las denuncias realizadas que en su mayoría han correspondido a
hechos acontecidos en horas de la noche, se registra el horror por el que han
atravesado las personas que habitan en las zonas en donde se ha activado los proyectiles
que explotan en repetidas ocasiones muy cerca a sus ventanas y a sus techos, no
sólo exponiendo a los miembros de las familias a ser víctimas de lesiones
físicas, sino también generando graves afectaciones psicológicas debido a los
estruendos y a la cercanía de los proyectiles disparados.
Esta arma empezó a ser utilizada por el
ESMAD este año, relatan las ONG, expresando que antes de esta coyuntura no se
había visto en acción este dispositivo que consiste en un lanzador múltiple de
proyectiles con capacidad para 30 cartuchos que se ubican en la parte superior
de las tanquetas y pueden lanzar gran cantidad de proyectiles con mayor
rapidez. El informe destacó el alto impacto de la utilización de esta arma de
la cual se afirmó tener un subregistro en el conteo de su utilización.
El informe refiere que la Policía
Nacional indicó que el uso del arma Venom está reglamentado en el marco legal
internacional establecido por las Naciones Unidas y que su peligro es reducido
debido a la altura desde donde se dispara. Sin embargo, se documentaron al
menos 5 casos en los que el arma Venom ha sido activada desde el suelo y
directamente en contra del cuerpo de las personas manifestantes, acaecidos en inmediaciones
del Portal Américas (Bogotá) y en el Centro histórico de Popayán.
Lanzamiento de lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales
Desde abril 28 hasta mayo 31 de 2021, se
han registrado dos homicidios relacionados con esta práctica, los cuales
corresponden a adultos mayores que se encontraban resguardados en sus viviendas
y, tras la intervención de la Fuerza Pública en sectores residenciales,
murieron por afecciones relacionadas con la inhalación de gases lacrimógenos.
El informe detalla que por lo general
los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos
y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en
entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no
se disipe del ambiente y entre a los espacios, teniendo “efectos nefastos y han
afectado diferencialmente a grupos etarios vulnerables, como las personas de la
tercera edad y menores de edad… vulnerando derechos fundamentales como el de la
salud y la integridad personal” afirman las ONG.
Vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales
Un total de 119 de casos en los que se
vulneró de alguna manera el principio de publicidad de los procedimientos
policiales han sido registrados entre abril 28 y mayo 31. Entre tanto, en el
mismo periodo de tiempo se han registrado 50 casos de hostigamiento, agresión y
retención a miembros de la prensa, 29 casos de hostigamiento a civiles por
grabar y 40 casos en los que hay al menos un policía sin identificación.
A pesar de lo contemplado en el artículo
29 del Código de Policía modificado recientemente, el informe señala que “el
principio de publicidad en los procesos policiales se incumple de manera
sistemática” mediante el ocultamiento o borramiento de placas de identificación
de policías que hace ilegibles a los agentes del Estado para la ciudadanía,
hostigamientos a personas por grabar procedimientos policiales y actos de
violencia policial, y agresiones, hostigamientos y retenciones a periodistas
que están cumpliendo con su labor de cubrimiento de prensa en terreno.
Lo anterior genera como consecuencia que
se contribuya a que los casos de violencia policial no puedan documentarse
correctamente y, por consiguiente, queden impunes. “Así, se niega el acceso de
las víctimas al reconocimiento, la justicia y a la reparación”, sostienen las
organizaciones.
Imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad
La CIDH fue informada de, al menos, 1649
retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional en contextos de
movilización social, a personas que se encuentran ya sea protestando o transitando
cerca de una marcha. Esto se ha vuelto una constante y se ha utilizado la
figura de “Traslado por protección” del artículo 155 del Código de Policía, “de
manera arbitraria e indiscriminada para justificar legal y administrativamente
varias retenciones arbitrarias que violan los derechos de las personas
manifestantes”, expresaron los defensores de Derechos Humanos.
Por otro lado, se ha registrado que, en
medio de estos procedimientos de retención se han aplicado una serie de medidas
paralegales como golpizas y torturas, algunas de las cuales han causado la
muerte de manifestantes. Finalmente, expresa el informe, “es preocupante la
utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como
coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener
allí masivamente a personas que estaban protestando”.
Violencia sexual y basada en género hacia manifestantes
En el marco del Paro Nacional, Temblores
ONG ha registrado 25 hechos de violencia sexual y 6 de violencia de género en
contra de manifestantes por parte de la Fuerza Pública. Estas no serían
prácticas nuevas ni aisladas; por el contrario, la organización registró que
entre el entre el año 2017 y el 2021 se perpetraron al menos 132 hechos de
violencia sexual por parte de agentes de la Policía, adquiriendo un “carácter
sistemático que permite afirmar que la transgresión sobre los cuerpos femeninos
y feminizados se ha consolidado como una práctica estructural de represión y
corrección estatal”.
Patrones observados por los
investigadores que dan cuenta de la sistematicidad de las prácticas:
- Los hechos han ocurrido en lugares cerrados que son propiedad de la Fuerza Pública como los CAI, las URI, las estaciones y los vehículos de la Policía.
- Las víctimas son separadas del grupo en el que se encuentran y llevadas a estos espacios en donde se ejerce violencia sobre ellas.
- Las violencias son perpetradas por parte de varios miembros de la Fuerza Pública simultáneamente, es decir, son violencias que se ejercen en grupo.
- Los hechos se han registrado en conjunto con otros tipos de violencia policial como retenciones, agresiones físicas, hostigamientos y violencia verbal.
- Más de la mitad de las víctimas son mujeres y personas feminizadas.
- El rango de edad de las víctimas está entre los 17 y los 30 años.
- La mayoría de los hechos han ocurrido entre las 4:00 p.m. y las 10:00 p.m.
Generación de traumas oculares en contra de manifestantes
La plataforma GRITA, de Temblores ONG,
pudo verificar que, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2021,
ocurrieron, al menos, 65 casos de lesiones oculares en contra de las personas
manifestantes, aunque este tipo de lesiones habían ocurrido en contextos similares
anteriormente el informe en esta ocasión señala que serían actos deliberados y refirió
que entre octubre y diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) de Chile registro 352 víctimas de traumas oculares.
“El uso excesivo de la fuerza dirigido a
producir lesiones en la cara de las personas que se manifiestan en ejercicio
del derecho legítimo de la protesta y, más aún, de sus ojos, tiene una
connotación que va más allá del discurso tradicional de los derechos humanos”,
propone el informe, exponiendo que “ese tipo de brutalidad produce, de un lado,
la violación al derecho de toda persona a su integridad personal reconocido en
todos los tratados de derechos humanos y la Constitución y normas colombianas, pero,
además, trae como resultado la producción de una discapacidad en la persona
víctima de esa agresión”.
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