Desde marzo de 2020, el ente de control ha aperturado más de 140 procesos sancionatorios contra responsables fiscales por aspectos que van desde la no rendición de la cuenta, la presentación de información con inconsistencias y el no acatamiento a los requerimientos del ente de control.
81 de estos procesos, que se desarrollan
bajo los parámetros del artículo 101 de la ley 42 de 1993, podrían representar
multas por una cuantía total superior a 130 millones de pesos, mientras que hay
apertura a otros 60 procesos sancionatorios, a la luz del Decreto-Ley 403 de
2020, debido a que se investigan situaciones posteriores a la promulgación de
esta norma.
Entre las entidades a las que se les
inició proceso sancionatorio se encuentran las Alcaldías de: Junín, El Rosal,
San Juan de Rioseco, Zipacón, Girardot y Topaipí; los Concejos Municipales de
Fusagasugá y Madrid; la Personerías de Cáqueza y Ubalá, y el Instituto
Municipal del Deporte y Recreación de Facatativá.
De ser hallados responsables, una vez
agotado el debido proceso y en firme la decisión, los representantes legales de
las entidades sancionadas enfrentarán imposición de multas hasta por sumas
equivalentes a cinco salarios mensuales devengados en el momento de ocurrencia
de los hechos investigados.
Frente a esta situación, el facatativeño Edgard Sierra Cardozo, contralor de Cundinamarca, conminó a los gestores fiscales a acatar los requerimientos y los términos legales estipulados dentro de los procesos que tiene a su cargo la Contraloría de Cundinamarca en su función fiscalizadora, ya que la reiteración de los mismos puede acarrear hasta la solicitud de suspensión a sus cargos. “No permitiremos que los funcionarios por negligencia (omisión) o por mala intención (dolo o culpa grave) no cumplan con su responsabilidad ante el ente de control”, expresó Sierra Cardozo; y les recordó que para un control fiscal efectivo y una gestión transparente de cara a la ciudadanía es fundamental contar con información fidedigna y oportuna.
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