Hospital San Rafael pondría a la venta varios de sus inmuebles

Hasta el próximo martes, febrero 16, tienen plazo 6 comerciantes de Facatativá para hacer entrega real, material y efectiva de los respectivos inmuebles que fueron objeto de arrendamiento con la advertencia de que, si no lo hacen, se iniciarán acciones jurídicas.

Lo anterior le fue notificado a cada uno de los arrendatarios por medio de una misiva fechada el pasado febrero ocho, en donde se les indica que la solicitud de entrega de los inmuebles se fundamenta legalmente y con base en lo pactado en el contrato que se dio por finalizado el pasado 31 de diciembre.

Y lo anterior porque para 2021 los contratos no fueron renovados y, con más tiempo de anticipación del determinado en la ley, por escrito Waldetrudes Aguirre Ramírez, gerente del Hospital -quien tiene embargadas 5 propiedades por la Contraloría de Bogotá por presunta corrupción cuando fue directora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)-, manifestó el año pasado la decisión de dar por finalizada las relaciones contractuales.

En consecuencia los arrendatarios debían hacer la entrega real, material y efectiva de los inmuebles dentro de un plazo que se incumplió por lo que, antes de iniciar acciones policivas y/o judiciales, se le recordó el deber de desalojar y se les solicitó hacerlo de manera inmediata, entregando un plazo de 8 días.

FLUJO DE CAJA CON FINES DESCONOCIDOS

Según la tesis de los arrendatarios construida sobre las informaciones que han podido intercambiar con el Hospital, la caducidad de los contratos se da con el fin de sacar a la venta los inmuebles pues la liquidez de la Empresa Social del Estado (E.S.E) no es la mejor.

Lo anterior resultaría paradójico, pues según la información entregada a finales de 2019 por la Institución Prestadora de Servicios de Salud (I.P.S) al finalizar la gerencia de Luis Alberto García Chaves había futuro para esa E.S.E. luego de que fuera recibida en medio de una preocupante crisis en 2016.

Por su parte, las directivas del Hospital no han emitido respuesta a este medio periodístico sobre la actual situación financiera de la I.P.S., si es cierto que se tiene planeado vender los predios y cuál es la finalidad de la presunta venta.

CRISIS ANTE LAS GESTIONES

Los comerciantes que ocupan esos predios contaron que le pusieron en conocimiento esta situación a la primera autoridad del Departamento, Nicolás García Bustos, y su respuesta fue no saber nada al respecto, pero quedó de conocer la situación de primera mano con la gerente Aguirre.

No obstante esa gestión ante quien es responsable de la Red Pública Hospitalaria del Departamento y es ante quien se posesionan los gerentes de las I.P.S., la gerente Aguirre les comunicó a los arrendatarios que cualquier duda debían solucionarla ante la oficina jurídica del Hospital, mientras que se desconoce la posición del gobernador García.

Para los comerciantes, lo que ocurre es una directa afectación, no sólo a su propia economía, sino a la las decenas de trabajadores que vienen prestando sus servicios a la comunidad a través de los establecimientos comerciales que ellos tienen instalados en los inmuebles del Hospital.

Y la afectación se agrava para ellos porque, según creen, la decisión de la gerente Aguirre se tomó en medio de la pandemia, la cual ha causado estragos en la economía y mientras el sector salud viene recibiendo inversiones, los arriendos son una renta fija del Hospital a largo plazo siendo rendimientos permanentes, mientras que los rendimientos de las ventas son ocasionales y, a juicio de los arrendatarios, nada garantiza que con la venta de estos inmuebles el Hospital se vaya a sostener a futuro, pues ya se han vendido otros predios y la inestabilidad financiera no se subsanó.