Mediante acto legislativo en julio de este año se creó la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca -en adelante RM-, acto legislativo que se aprobó y se debe decir, de manera exprés y sin participación ciudadana.
La RM es una herramienta de integración que se buscaba desde los años 90`sin
que a la fecha tuviera éxito. Actualmente se está construyendo la Ley Orgánica
que definirá su funcionamiento, y en 2021 los municipios de Cundinamarca deben
decidir si hacen o no parte de la Región.
A lo largo del Departamento incluyendo a Bogotá, se vienen realizando Audiencias
Públicas con la invitación a construir la RM, una falta a la verdad, pues la
Región ya fue creada a través del acto legislativo, por eso la pregunta que debemos plantearnos
no es el cómo, sino el para qué de la herramienta de integración Región.
La herramienta tiene una trascendencia en lo administrativo, pues no
existía en Colombia, pero su incidencia también es en lo social y económico, y
a pesar de que hoy el tema se ve tan lejano en las conversaciones ciudadanas y
en las calles de nuestro Departamento es, sin exagerar, una de las apuestas más
grandes como región y también como país, pues la región centro produce más del
35 por ciento del PIB nacional y la RM puede optimizar o desmejorar los índices
de desarrollo.
El desafío hoy es la concertación de la Ley Orgánica, una norma que debe
garantizar la participación de las entidades territoriales que la conformen y
la sociedad civil; y evitar replicar el modelo fallido de las Corporaciones
Autónomas Regionales, las cuales se convirtieron en un detrimento contra el
patrimonio natural y ambiental. También se erigen varios ejemplos exitosos como
el de Guadalajara, en México, São Paulo, en Brasil o Barcelona, en España, pero se requiere un trabajo riguroso, serio y
juicioso.
La invitación que hoy se realiza no es para construir la RM, es para
adherirse, por esa razón los municipios tienen el reto de atender su vocación
productiva y empezar a constituir internamente el papel que jugaran en la RM, las
Alcaldías, Concejos Municipales, Cámara de Comercio, y/o la Universidad de
Cundinamarca deberían estar promoviendo ejercicios para la identificación de
las dinámicas territoriales, ambientales, sociales y económicas que compartimos
con Bogotá y la relación con municipios aledaños, esto con el fin de establecer
objetivos de planeación y de política pública conjuntos.
Pero hasta el momento no se están realizando, hay un silencio cómplice que
desconoce la magnitud de las consecuencias favorables o desfavorables de la decisión. No se puede seguir hablando de
sostenibilidad ambiental, movilidad, agua o seguridad alimentaria en términos
absolutos, cada municipio tiene sus particularidades, y si no se realizan estos
ejercicios, la Ley Orgánica que se construya estará a merced de los intereses
políticos, económicos e inmobiliarios que han afectado a muchos de los
municipios de Sabana como por ejemplo a Facatativá; sin la construcción clara
del tipo de gobernanza que se implemente para la toma de decisiones, la herramienta
de la RM solo será una frustración más de integración regional.
Son varias las dudas que surgen hoy, pues el Acto Legislativo indica que
las decisiones de la RM tienen superioridad jerárquica sobre los municipios, y
a pesar de que el órgano de decisión es el Consejo Regional, el nombramiento
del Director y las decisiones sobre gastos e inversión deben ser aceptados por
la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. ¿Cuál es el papel
de los municipios?
Por eso, se debe exigir que la participación ciudadana no se reduzca a audiencias
que son utilizadas para legitimar decisiones ya tomadas o por toma. La participación
debe ser directa, vinculante, y efectiva a la hora de la redacción de la Ley
Orgánica, y para ello se deben implementar instrumentos de política pública que
permitan procesar la información y los argumentos expuestos por la ciudadanía,
con el fin de que sean el insumo principal a la hora de tomar decisiones.
La RM tiene que ser una
herramienta de integración y desarrollo, no la herramienta de legalización del
volteo de tierras y un modelo de clientelismo y politiquería.
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