¿Ley para algunos en la zona de rumba de Facatativá?

A las 2:30 de la mañana de pasado sábado, junio 24, en la denominada Corporación Social y Deportiva Club Plan B, se presentó una riña en medio de un evento en el cual se anunció la presentación de un cantante de música urbana, para el cual no pidieron permisos.

Para el pasado viernes en la noche se desarrollaba la jornada de entretenimiento en la cual el cantante Manuel Turizo se presentaría en dicho el “Club”, el cual queda ubicado en la zona de rumba de Facatativá. Al parecer, esta “Corporación” no sacó permisos, como lo establece el Código de Policía en su artículo 63 por ser un evento de aglomeración de público.

Ya casi para terminar con la rumba, dos personas, una de ellas familiar del dueño del lugar, se involucraron en una fuerte riña, por lo que la Policía tuvo que intervenir, y dado que no había sacado permisos y se presentó el caso de comportamiento contrario a la convivencia, las autoridades decidieron hacer sellamiento, como lo establecen los artículos 92 y 93 del nuevo código de policía.

Sin embargo y extrañamente, no fue sellado en el acto, ni mucho menos para la jornada siguiente que comenzó a las 8 p.m. de ese mismo sábado. Se estableció que este Club sería sellado desde el día de ayer y hasta el próximo viernes, según narraron fuentes de la zona a este medio de comunicación. Es así como el sábado se prestó el servicio de diversión y esparcimiento normalmente.

El viernes 23 a eso de las 9 de la noche, llegó a la zona un CAI móvil, el cual se estacionó diagonal a la puerta de salida de Plan B, y no duró allí más de media hora. A llegar el CAI, salió el señor Samuel Escobar, quien buscó a los señores de la Zona T, se reunió con ellos y otros comerciantes inmediatamente vecinos, charló con ellos y luego se reunió con los uniformados que se encontraban en el CAI. Luego el CAI salió de la zona con rumbo desconocido. Horas después se presentó la riña. El sello fue puesto por la Policía, pero extrañamente fue quitado.

Frente al sellamiento de Plan B, ni el Intendente Jefe Peña, comandante(e) de la estación de Policía, ni el Coronel Juan Carlos Torres, comandante del Distrito de Policía, han entregado declaraciones a este medio de comunicación, dado que ha sido imposible hablar con ellos.

OTRO CIERRE A "CLUB" TEMPORAL SÍ FUE INMEDIATO

Sin embargo, un mes antes, la Policía de Infancia y Adolescencia llegó al “Club Social Smegasi”, o mejor conocido como “Amaretto”, sobre la calle 12 con carrera 3, a verificar la edad de las personas que se encontraban en el lugar, en donde encontraron un menor de edad.

El menor resultó siendo el hermano menor del dueño del sitio, de 17 años y 11 meses de edad, quien había llegado con su padre para entregar en el “Club” varios paquetes de maní y de hielo. Según pudo conocer este medio de comunicación, cuando el joven entró la Policía ya se encontraba adentro de lugar -al que entró con mala actitud-, el muchacho llegó hasta la barra, dejó el mandado y se dispuso a salir y a pesar de que llevaba una camiseta que lo identificaba como integrante del “Club” le solicitaron la cédula, a lo que el muchacho respondió que no tenía, pero dio un número sin mencionar que era el de su representante legal, es decir su padre.

Naturalmente, la Policía al escuchar que el número empezaba por 11 millones, no le creyó y procedió a hacer el cierre inmediato del lugar, evacuando a las cerca de 80 personas que ya se encontraban allí y se le impuso cierre por 10 días. Las autoridades se apoyaron para entrar, en un artículo del Código de Infancia y Adolescencia, que le permite ingresar a verificar que no se encontraran menores, pero le sellaron en nombre del artículo 38 del nuevo Código de Policía, pues como se establece en el numeral 1, literal e, está prohibido que los menores ingresen a estos lugares.

A pesar de que fuera familiar del dueño y que no estuviera disfrutando de las actividades de diversión y consumo de licor que se desarrollan allí, la policía decidió aplicar lo establecido en el artículo 196, que establece que según la gravedad del caso se sellará de 3 a 10 días.

Para la Policía, que el hermano menor del dueño de Amaretto fuera, identificado como integrante del club con una camiseta alusiva a un licor -la cual regala el distribuidor oficial de la Empresa de Licores de Cundinamarca y que se usa en otros establecimientos- y estuviera adentro así fuera por minutos, fue tan grave, que le sellaron por diez días, lo que indica que el menor supuestamente estaba en alto riesgo. Sin embargo el joven se quedó con su padre y su hermano y la Policía no realizó nada de lo establecido en los parágrafos del artículo 38.

Días después, la inspectora Martha Zambrano, quien conoció el caso y actuó como segunda instancia, se ratificó en la suspensión, pero no porque ella quisiera, pues para hablar sobre el caso con El Observador Siglo XXI, informó que iba a pedirle permiso a su jefe inmediato, el secretario de Gobierno Diego Zuleta García, el cual no tiene competencia para hablar ni pronunciarse frente a eso, según él mismo ha manifestado. Finalmente, a razón de una tutela interpuesta por “Amaretto”, la inspectora terminó de dilatar la entrevista.

Sin embargo, en dos de las charlas off the record que sostuvo con este medio, la inspectora no supo que responder cuando se le presentaron casos de gravedad distinta, de los que reconoció que, el de Amaretto, no era tan grave, pero se sostuvo en que antes no se le había aplicado el Código de Infancia y Adolescencia y los tres artículos del Código del Menor que no fueron derogados, en la Ley 1098.

Frente este sellamiento en charla con El Observador Siglo XXI, el mayor José Quijano, dijo en su momento que revisaría el asunto y hablaría con la inspectora, dado que una de las unidades de Policía -la suboficial Algarra- que firmó el acta de cierre temporal, le dijo a los dueños que “le tenía ganas a Amaretto”. La inspectora dijo que el mayor no la llamó en ningún momento para eso.

Así como a Amaretto -de ipso facto-, han sido sellados otros establecimientos en el municipio.

ASPEREZAS LIMADAS CON UNA VIEJA COMPETENCIA

Uno de los grandes damnificados con la utilización de la figura de los Clubes Sociales en el municipio hace varios años, fue el establecimiento Luna Morena, ubicado sobre la carrera primera el cual es de propiedad del actual presidente del Concejo Diego Cabrera Monroy, uno de los grandes lobistas del orden en la rumba en Facatativá, desde hace años.

El concejal, se reunió con los señores de los clubes y establecimientos que se ubican sobre la carrera 2 costado sur, que se asociaron bajo el nombre de “Zona B&T Territorio de Paz”, presentando un plan de acción para mejorar la situación de la zona, y reconocieron que el orden público lo están afectado. Por fuera de esta asociación quedaron comerciantes que se encuentra con su uso de suelos.

Luego del fallido lobby con el alcalde, los asociados “Zona B&T Territorio de Paz” se reunieron con Cabrera Monroy, quien asoció a su establecimiento, poniendo como representante legal al señor Jhon Wilmer Farias Quevedo, su mano derecha y que tiene actualmente calidad de contratista del Concejo.

Resulta que, según informó la Secretaría de Gobierno, se realizaron varias reuniones entre la dependencia y los asociados, en la cual estuvo presente el señor Farias Quevedo, como evidencia la planilla de asistencia, lo raro del caso es que en comparación con la planilla en la que se inscribieron como asociados los diferentes establecimientos y clubes a través de sus representantes, la planilla de asistencia y el contrato del Concejo, la letra y la firma de Farías Quevedo, no coinciden; en los tres documentos la letra y las firmas son distintas, pero en una de las planillas la letra se parece a la del presidente del Concejo.

¿LEY PARA POCOS?

Además del lobby con el Secretario de Gobierno, quien les consiguió una cita con el alcalde Pablo Malo García para el pasado viernes mayo 12, los señores Samuel Escobar -principal lobista- y Armando Pachón, le hablaron en varias ocasiones al mayor Quijano, comandante de Policía de Facatativá, de un par de ellas fue testigo de lejos este medio de comunicación.

En mayo 12, los señores de “Zona B&T Territorio de Paz” lograron la ampliación del horario hasta las 2 de la mañana, asumiendo varios compromisos que no fueron informados por el secretario Zuleta García, quien personalmente respondió un derecho de petición radicado por El Observador Siglo XXI ante su despacho.

Lo que si dijo el jefe de la cartera de gobierno, fue que “en uso de las facultades que la Ley le otorga a los Alcaldes, se concedieron extensiones de horario hasta las 3 a.m. para algunos establecimientos que así lo solicitaron para los días 12, 13, 20 y 21 de mayo con ocasión del día de la madre”. Los únicos establecimientos que hicieron evento del día de la Madre fueron Luna Morena, Plan B y Milagros, uno de los bares de la Zona T.

Extrañamente, luego de las charlas con el secretario de gobierno, el comandante de Policía y hasta el alcalde, en las que lograron su ampliación de horario hasta las 2 a.m., se empezaron a pintar los CAI del municipio, pero en el sitio de los contratos de la Nación, no aparece la compra de elementos para realizar mantenimiento e intervención a los CAI’s, pero el mayor Quijano, mostró esta acción como un gran resultado en la sesión ordinaria de control político que se adelantó en el Concejo en mayo 15, tres días después de iniciar la extensión del horario. Esta situación está por aclararla el secretario de Gobierno en la respuesta a un nuevo derecho de petición presentado por El Observador Siglo XXI.

Pero la extensión sólo se la dieron a los integrantes de “Zona B&T Territorio de Paz”, quienes en el plan de acción reconocieron que existía informalidad y que se sentían afectados en sus finanzas y pidieron compresión, pero la alcaldía no tuvo en cuenta que ellos no son los únicos que le dan de comer a sus familias ejerciendo la venta de licor en ese sector y en Facatativá, y tampoco que en sectores como Cartagenita, en donde la Policía reconoce que ha existido mejoría en la seguridad en las noches de fin de semana.

Pero los comerciantes asociados han corrido con mala suerte, pues desde la ampliación del horario, se volvieron a incrementar las riñas, tanto que tan sólo el fin de semana que terminó, la policía paró por lo menos 5 riñas, sin contar la que terminó con la muerte de dos jóvenes; 8 días la intolerancia de varios jóvenes inició dentro de la Zona T y se materializó en una fuerte riña afuera, por lo que a los jóvenes no los dejaron entrar el pasado fin de semana.

Además, el pasado domingo a la madrugada, hasta un taxi resultó con un vidrio roto cuando pasaba por la carrera 2 antes de llegar a la calle 12. El consumo de bazuco se trasladó a la calle 11 con carrera 3 -y continúa en la puerta del Centro de Salud de Los Molinos cuando no está la Policía-, pero el expendio sería por la carrera 2, donde los habitantes de calle son parte del paisaje y piden “la liga”.

Mientras tanto, a los comerciantes de a la zona de rumba que no están asociados al “Zona B&T Territorio de Paz”, los han hecho cerrar a la una de la mañana, sin tener en cuenta que tienen el mismo uso de suelos que los asociados, primero, y segundo que algotros cuentan con derechos adquiridos debido al artículo 84 del nuevo Código de Policía, que establece que “alrededor de hospitales, hospicios, hoteles, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo o centros religiosos” no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas, entre otras, con la rumba, pero en el parágrafo establece los derechos adquiridos para quienes se encontraban cerca de los lugares mencionados en el artículo antes de la expedición del nuevo Código.

Al respecto, en uno de los operativos de cierre a la 1 a.m. de estos establecimientos, día en el cual El Observador Siglo XXI estuvo de incógnito en uno de esos bares haciéndose pasar por cliente desde 45 minutos antes de la puntual llegada de los uniformados, el Intendente Jefe Peña no quiso responder a la pregunta hecha por este medio, de quién había autorizado que unos trabajaran hasta las 2 y 3 y otros hasta la 1, estando en el mismo sector y, evadiendo la situación, cuestionó al periodista por oler a cerveza, lo que era natural por hacerse pasar por cliente, tanto que éste le mostró la botella de la cerveza que había ingerido.

Pero se molestó cuando El Observador Siglo XXI a las 3:20 a.m le informó que existía un establecimiento clandestino en la calle 15, el cual no revisó, como sí el cierre de Luna Morena, donde existían dos unidades fuera del lugar y donde el mismo Diego Cabrera Monroy estaba desalojando a la gente y organizando el cierre; allí el periodista fue saludad por Farías.

Otro de los uniformados que estaba la CUD -lugar en el que estuvo el Intendente Jefe Peña toda la noche-, aceptó que la Policía no es médico para determinar el estado de embriaguez de las personas sin un alcoholímetro y sostuvo una pequeña charla sobre temas de control de turismo en el municipio por parte de la Policía.

La pregunta evadida por el Intendente Jefe Peña sería respondida por el alcalde Malo García en los próximos días.

SALVEDADES

Es de anotar que la Constitución Política de 1991 establece, por un lado, en su artículo 1, que la República de Colombia es “democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”; y por otro lado establece el artículo 2 que las Autoridades deben “promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” y por sobre todo que La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Esto hace parte de los principios generales.

También cabe resaltar que en cuanto a los derechos fundamentales, el artículo 13 dice que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, mientras que el 25 sostiene que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Ya en los derechos sociales, económicos y culturales se encuentra en el 58 que los “derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores

EN LA PRÓXIMA ENTREGA

En los próximos días, las respuestas pendientes de la Alcaldía Municipal y el lobby escrito representado en cerca de 5 derechos de petición entre febrero y mayo de este año por parte de “Zona B&T Territorio de Paz” y otros detalles.